Poder Judicial alerta sobre ley que modifica la extinción de dominio: "Se incumplen compromisos internacionales"
A través de un comunicado, cuestionó la Ley 32326, promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, y advirtió sobre sus implicancias en la lucha contra el crimen organizado.
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El Poder Judicial expresó su preocupación por la reciente promulgación de la Ley 32326 por parte del Gobierno de Dina Boluarte, norma que modifica diversos artículos de la Ley de Extinción de Dominio. Según la publicación, la entidad considera que la norma representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otros delitos complejos en el país. Además, señalaron que la reforma legislativa debilita severamente el subsistema nacional que, desde hace varios años, ha permitido la recuperación de bienes ilícitos, muchos de ellos no alcanzables por la vía penal.
En un extenso comunicado, la presidencia del Poder Judicial enfatizó que la figura de la extinción de dominio es una herramienta jurídica reconocida y promovida a nivel internacional. Se trata de un mecanismo que permite retirar del comercio los activos obtenidos de manera ilegal, incluso cuando no es posible procesar penalmente a los responsables, debido a estrategias como el uso de testaferros, suplantaciones de identidad o transacciones en mercados paralelos.
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El comunicado también advierte que la Ley 32326 vulnera directamente el artículo 53 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), además de desacatar recomendaciones clave del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). "Con esta modificatoria se incumplen compromisos internacionales y, en consecuencia, nuestro país corre el riesgo de ser incluido en listas de alto riesgo económico, como la denominada 'gris oscura' o incluso la 'lista negra'", se lee en el comunicado
“La especialidad de decomiso sin condena es un esfuerzo internacional para retirar del comercio ilícito los activos utilizados u obtenidos fuera de la ley”, señala el pronunciamiento. En esa línea, recordó que entre 2019 y el primer trimestre del 2025, el sistema judicial peruano logró recuperar más de 172 millones de dólares en activos ilegales mediante esta vía.
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“Con esta reforma, los activos ilícitos seguirán circulando libremente en el mercado, mientras que la criminalidad organizada, minería ilegal, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico de recursos naturales, así como la trata de personas, continuarán causando muerte, dolor y zozobra en todo el país”, alertó el Poder Judicial.
Además, subrayaron que el 82.2% de los casos resueltos por los jueces del subsistema de extinción de dominio no han sido impugnados ni cuestionados por los involucrados, lo que evidenciaba la solidez de este mecanismo. Por ello, lamentaron que las observaciones jurídicas formuladas previamente por el Poder Judicial no hayan sido tomadas en cuenta durante el debate legislativo.
Finalmente, la institución reafirmó su compromiso con la defensa del sistema judicial y exhortó a las autoridades a reconsiderar la reforma. “Esta norma lesiona gravemente una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Es una reforma regresiva que pone en riesgo la seguridad jurídica y la imagen del país ante la comunidad internacional”, concluye el documento.
