Ley de extinción de dominio: Ministerio Público pide a Dina Boluarte observar norma aprobada por el Congreso
El Ministerio Público solicitó a la mandataria observar la ley que beneficia a implicados de delitos de corrupción, lavado de activos, entre otros. El Poder Judicial también había pedido al Congreso observar leyes que benefician a la criminalidad.
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Alzaron su voz de protesta. El Ministerio Público pidió a la presidenta de la República, Dina Boluarte, observar la reciente ley de extinción de dominio público aprobada en segunda votación en el Pleno del Congreso el último jueves 10 de abril.
La nueva modificación de la norma establece que la extinción de dominio solo podrá proceder si existe una sentencia penal firme y elimina que el investigado este obligado de demostrar la legalidad de sus bienes al inicio de una investigación fiscal. Además, excluye los delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado del ámbito de aplicación de esta.
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"Hacemos un llamado a la presidenta de la República para que, en consonancia con el comunicado emitido el día de hoy por el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, observe la autógrafa que le será remitida (…) a fin de que se mantenga la norma vigente, la cual en los últimos años ha permitido obtener resultados positivos en la lucha contra los delitos contra el medio ambiente, el lavado de activos y corrupción de funcionarios", dice la publicación.
La Fiscalía también hizo mención que, en la actualidad, la ley cumple con el acuerdo firmado por el Perú en las Convenciones de Palermo y Mérida y sigue los estándares establecidos por las Naciones Unidas. Se recalcó que esta herramienta es indispensable y eficaz en la lucha contra la criminalidad.
"Constituye una herramienta legal eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada, que actualmente aqueja a nuestra sociedad, la cual viene siendo víctima de delitos de alta peligrosidad como la extorsión, el sicariato y el secuestro, cuyas ganancias ilícitamente obtenidas no deben ser aprovechadas por los autores o participes de dichos delitos", se indica.
Para finalizar su pronunciamiento, la entidad reiteró su compromiso en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. "Esta tarea debe contar con herramientas legales efectivas, como la vigente Ley de Extinción de Dominio, cuya mejora puede evaluarse, pero sin comprometer la esencia que la convierte en una pieza clave en la defensa de la legalidad y la justicia", enfatizó.
Poder Judicial solicitó al Congreso reconsiderar leyes aprobadas
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, envió un mensaje al Congreso solicitando reconsiderar las leyes aprobadas en los últimos meses que favorecen al crimen organizado en medio de la inseguridad ciudadana y criminalidad que azota al país.
"Saludo que el Congreso desarrolle un Pleno especializado en temas de seguridad ciudadana; sin embargo, no puedo dejar de reiterar que existen normas aprobadas en los últimos meses que merecen una urgente revisión, tal como señala la Corte Suprema en un informe que le hemos remitido", dijo.
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En diciembre de 2024, el Legislativo eliminó la ley de detención preliminar en casos de no flagrancia, herramienta fundamental de la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia. Entre las leyes que Tello ha solicitado observar están las 31990, 32108, 32107, 32182.
La ley 31990, reduce el plazo de colaboración eficaz a 8 meses, afectando a los procesos de investigación. Por su parte, la ley 32108, excluye a los delitos con penas menores de 6 años ser considerados como parte de organización criminal, además que establece la presencial del abogado de un investigado para realizar allanamientos.
En cuanto a la ley 32107, llamó la atención de Tello al suscribir todos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, garantizando impunidad para militares investigados por los delitos que se habrían cometido durante la época del terrorismo. En la misma línea, la ley 32182, modifica lo establecido en la Carrera Fiscal y Judicial, sancionando a jueces y fiscales, buscando intimidar al sistema judicial con castigos por tomar decisiones basadas en ciertos criterios jurídicos.
