Ley de extinción de dominio daría impunidad a los corruptos: estos son los otros cambios que trae la norma

Los votos de 42 parlamentarios lograron que se aprobara la modificación a la ley de extinción de dominio. La decisión se dio en segunda votación este 10 de abril, pese a que la Fiscalía de la Nación advirtió varias veces que la norma les obligaría a archivar casos emblemáticos en los que se encuentran involucrados políticos investigados por corrupción como Vladimir Cerrón, Martín Vizcarra y PPK.

De la misma forma, el Poder Judicial se opuso a la modificación de la norma sustentando que debilita el proceso de extinción de dominio y obstaculiza la aplicación de la ley.

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Investigados ya no deberán probar la legalidad de sus bienes

Esto porque la reforma aprobada en segunda votación propone modificar el Decreto Legislativo 1373 para exigir una sentencia penal firme como requisito para la incautación de bienes y eliminar la obligación del investigado de demostrar la legalidad de sus bienes al iniciarse una investigación fiscal. Esto, según la Fiscalía, facilitaría que los criminales puedan usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes obtenidos en forma ilícita.

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Actualmente, en los procesos de extinción de dominio, el poseedor debe probar la legalidad del bien, pero con esta reforma esa exigencia desaparecería.

De esta forma, según alertaron las instituciones del sistema de justicia, personas involucradas en actos de corrupción conserven bienes obtenidos de manera ilegal, así como una menor capacidad del Estado para recuperar estos activos. Esto, a su vez, impactaría negativamente en la economía nacional y desalentarían las inversiones en el país, contribuyendo a un clima de impunidad frente a delitos graves.

El Poder Judicial, por ejemplo, emitió un comunicado en el que explica que las modificaciones carecen de rigor técnico y podrían debilitar una herramienta clave contra actividades delictivas como la corrupción, el lavado de dinero y el narcotráfico.

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Se excluirán algunos delitos

Asimismo, la iniciativa plantea excluir delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado del ámbito de aplicación de la norma, lo que podría beneficiar a políticos investigados como Vladimir Cerrón, Fredy Hinojosa, entre otros.

También, se establecería un periodo de prescripción de apenas cinco años, lo que podría favorecer a quienes buscan ocultar bienes ilegales por medio del paso del tiempo.

Además, se ordena que el requerido sea notificado una vez iniciada la indagación patrimonial, ello con el fin de que "participe conforme a sus funciones y atribuciones para el ejercicio de su derecho a la defensa". Para esto, se añade que "la etapa de indagación patrimonial tiene carácter reservado, salvo para las partes procesales".