Política

"Dina Boluarte es la culpable": expertos coinciden que presidenta es la responsable del incremento de la criminalidad

La presidenta Dina Boluarte evitó hacer una autocrítica de su gestión y culpó a otros gobiernos del crimen en el país en un reciente mansaje a la Nación. 

Dina Boluarte intentó responsabilizar a otros Gobiernos de la inseguridad ciudadana.
Dina Boluarte intentó responsabilizar a otros Gobiernos de la inseguridad ciudadana.

En un reciente mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, emitido desde Palacio de gobierno, se refirió al paro de transportistas y protestas que se han realizado para exigir mejores medidas contra la inseguridad ciudadana en el país. Boluarte lejos de hacer una autocrítica de su gestión, intentó responsabilizar a gobiernos anteriores del alto nivel de criminalidad que se vive hoy en día, creyendo que así podría maquillar un poco su mala popularidad.

"Este Gobierno está enfrentando organizaciones criminales que se han fortalecido desde hace décadas. Esto no existe de ayer para hoy. Mafias que se han nutrido del abandono y la diferencia de gobiernos anteriores", señaló.

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Para analizar el trasfondo de ese discurso, La República conversó con 5 expertos en el tema, quienes coincidieron en que la única culpable del alto índice de delincuencia es la presidenta Dina Boluarte.

Alejandro Mejía, profesor de Ciencia Política en la UNMSM

La presidenta Dina Boluarte Zegarra repite una actitud recurrente: señalar a culpables de cada problema que se ha generado a causa de su incapacidad para liderar, así como su falta de transparencia y desconexión con los problemas que aquejan al ciudadano. En ningún momento ha hecho un “mea culpa” respecto a qué gobierno está a la deriva en lo que concierne a enfrentar el avance de la criminalidad y la inseguridad ciudadana en el país.

Señalar a anteriores gobiernos y su responsabilidad de no haber enfrentado dicho problema, es solo un intento desesperado de tratar de desviar la atención de acusaciones y denuncias en su contra, así como del fracaso rotundo de los Estados de Emergencia y los “Cuartos de Guerra” que el ciudadano de a pie no percibe como medidas efectivas.

Boluarte ha preferido congraciarse con las Bancadas a cambio de blindarla, en vez de poner de generar contrapesos para poder proponer al Pleno las reformas necesarias para enfrentar este flagelo. Al contrario, lo que ha adoptado es una actitud recurrente es generar tensiones entre los actores del sistema de justicia, que perjudica el encontrar soluciones en conjunto en espacios olvidados como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior

Después de más de dos años de la gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, no es nada serio que se excuse acusando a los gobiernos que la precedieron por el agravamiento de la inseguridad ciudadana que se vive en el país.
Lo mejor sería que muestre acciones y esfuerzos reales para enfrentar el problema de la falta se seguridad y a la criminalidad organizada. La demanda de la comunidad es real y tiene fundamentos.

Es fundamental el diseño de una estrategia basada en acciones de inteligencia para que haya resultados concretos e importantes en el combate de la delincuencia. Cada mes del estado de emergencia le cuesta al Estado entre 20 y 30 millones de soles por los sobrecostos de combustible y las remuneraciones a los policías que brindan servicio.

En todo caso, que la presidenta generalice la situación, muestra una gran desinformación de su parte sobre lo realizado en el período del expresidente Ollanta Humala Tasso (2011-2016): 4,200 patrulleros; 5,500 motocicletas; nueva central 105; plataforma de comunicación tetra con 7,000 radios; 5 helicópteros franceses; 30,000 pistolas, 40,000 nuevos policías y aumento de remuneración, entre otras acciones.

Rubén Vargas Céspedes, exministro del Interior

Dina Boluarte es la culpable. Más de dos años en el poder y la presidenta sigue sin entender la naturaleza y magnitud del desborde criminal. Es más, se muestra inimputable al decirnos que no es su responsabilidad proveernos seguridad. Quebró la premisa básica del contrato social. Si ella, que representa al Estado, se va a lavar las manos ¿a quién debemos pagar para que nos provean seguridad, al Tren de Aragua, a Los Pulpos?

Esto es mucho más grave. El congreso renunció también a su responsabilidad del control político y está aprobando leyes (la lista es larga) que favorecen a las organizaciones criminales. La reciente modificación a la pérdida de dominio es, en los hechos, una forma velada de permitir a las organizaciones criminales y a los corruptos en el poder seguir usufructuando los bienes adquiridos con dinero sucio. Al parecer olvidaron que las economías ilegales mueven en el país más de 15 mil millones de dólares al año.

Este gobierno nos dijo que tenía el «Plan Boluarte» y mintió. También dijeron, en marzo del 2023, que someterían a una reforma profunda al Sector Interior y volvieron a mentir. La presidenta convirtió a su ministro del interior en un operador político con el encargo de atacar sistemáticamente al Ministerio Público, cuando lo que correspondía era trabajar articuladamente. Los extorsionadores, sicarios, corruptos, narcotraficantes y mineros ilegales nunca han tenido terreno más fértil y autoridad más displicente. Usted y las bancadas del congreso con quienes cogobierna son los responsables de este desmadre.

José Alejandro Godoy, politólogo

El gobierno de Dina Boluarte busca culpar a otras administraciones porque no tiene un plan para enfrentar la inseguridad ciudadana. No deja de ser cierto que la situación de la seguridad en las principales ciudades del país se ha venido deteriorando desde hace tiempo y que la inestabilidad fuerte en el Ministerio del Interior durante las últimas dos décadas ha complotado para la mejora de las condiciones en esta materia.

Pero lo cierto es que las declaraciones presidenciales denotan tres graves problemas. El primero, es que el actual gobierno no comprende que buena parte de la responsabilidad del agravamiento de esta situación es suya, sea por el nombramiento de ministros ineficientes o con problemas serios de conflictos de interés – o personajes que reúnen ambas características, como Juan José Santivañez -, sea por no observar las normas que, desde el Congreso de la República, han afectado la lucha contra la delincuencia.

En este último caso, resulta obvio que el gobierno también ha buscado protegerse a sí mismo. El segundo, es que la mandataria no comprende que su tarea es gobernar y mejorar lo hecho por gobiernos anteriores. Nadie le pide que nos convirtamos en Suiza de la noche a la mañana, pero sí que pueda comenzar a mejorar la situación del problema que más le preocupa a los peruanos. El tercero, es que parece que el gobierno ha tirado la toalla y nos ha dejado a nuestra suerte, sin que podamos defendernos en el año que le queda a la actual administración”.

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