Fujimorismo consuma blindaje a Dina Boluarte: SAC archiva denuncia en su contra por caso Rolex

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó con 10 votos a favor el informe final en el que se propone no continuar con la denuncia constitucional presentada por el ex fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el 27 de mayo del 2024 contra la presidenta Dina Boluarte por el caso 'Rolex' y proceder con su archivo.

La autora del informe final de esta denuncia constitucional es la congresista de Fuerza Popular (FP), Nilza Chacón. La fujimorista se basó en la ley 117 de la Constitución Política .Según lo señalado por la parlamentaria, los hechos atribuidos a la presidenta —relacionados con el presunto delito de cohecho pasivo impropio— no se encuentran contemplados en el artículo 117 de la Constitución. Además, indicó que la denuncia fue presentada mientras la mandataria aún se encuentra en funciones.

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Este artículo constitucional establece que el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato por traición a la patria, por obstaculizar la realización de elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, o por disolver ilegalmente el Congreso.

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APP, Fuerza Popular y aliados votaron a favor de aprobar el informe

La propuesta fue respaldada por Jorge Montoya (Honor y Democracia), Nilza Chacón (Fuerza Popular), Víctor Flores (Fuerza Popular), Luis Aragón (Acción Popular), Héctor Ventura (Fuerza Popular), Nelcy Heidinguer (Alianza para el Progreso), Elvis Vergara (Acción Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Segundo Quiroz (Bloque Magisterial) y Jorge Coayla (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo).

Los parlamentarios que se opusieron a la aprobación del informe fueron Patricia Chirinos (Renovación Popular), María Jáuregui (Renovación Popular), Flavio Cruz (Perú Libre), Esdras Medina (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista) y Edgar Raymundo (Bloque Democrático Popular). Y votaron en abstención José Jerí (Somos Perú) y María Acuña (Alianza para el Progreso).

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No es la primera vez que la SAC blinda a la presidenta Dina Boluarte

El pasado 18 de julio de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), en ese entonces presidida por Lady Camones (Alianza para el Progreso), decidió no dar curso a la denuncia constitucional relacionada con las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. En esa ocasión, 14 parlamentarios votaron en contra de admitir la denuncia, mientras que solo cuatro se mostraron a favor de su tramitación.

Menos de un año después, una nueva denuncia fue archivada. El 3 de abril de 2025, la SAC desestimó una acusación por presunto abuso de poder con 14 votos a favor del archivo, ninguna oposición y dos abstenciones. Esta denuncia había sido presentada por el abogado Reducindo Vega, quien acusó a la presidenta Dina Boluarte y a la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, de haber ejercido presiones para destituirlo de su cargo como gerente del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conaforiver).

¿Cuáles fueron los hechos centrales de la denuncia?

El fiscal Villena acusó a Dina Boluarte de la comisión del delito de cohecho pasivo impropio, argumentando que durante su mandato como presidenta de la República habría recibido indebidamente bienes de alto valor, como relojes Rolex y joyas, por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Estos objetos, según su propia declaración, fueron entregados en calidad de “préstamo” bajo la justificación de que, por ser presidenta y mujer, debía proyectar una imagen acorde al cargo que ostenta. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que esta versión encubre la recepción de dádivas no declaradas oficialmente, lo cual se configura como un acto de corrupción en el marco de sus funciones públicas.

Uno de los elementos más comprometedores señalados por Villena es que la entrega de al menos uno de los relojes Rolex se habría producido dentro del despacho presidencial, un espacio reservado para actividades oficiales. Esta entrega informal, sin registro oficial y sin justificación administrativa, fue confirmada parcialmente por una exfuncionaria del Despacho Presidencial, quien presenció el momento en el que Oscorima se quitaba el reloj para dárselo a la mandataria. Este tipo de interacción directa y privada entre una autoridad regional y la presidenta, fuera de los canales institucionales regulares, refuerza la hipótesis fiscal de un trato preferencial indebido.

Además, la relación personal entre Boluarte y Oscorima es descrita por la presidenta como una “amistad sincera de hermanos”, lo cual, según la Fiscalía, no excluye ni justifica la posible configuración de un delito. Por el contrario, la utilización de vínculos personales para la entrega de objetos suntuarios puede constituir una forma de corrupción encubierta, sobre todo si se considera que los bienes no fueron registrados en las declaraciones juradas de la presidenta. La omisión en declarar estos objetos valiosos representa un posible intento de ocultamiento patrimonial y, por tanto, un indicio de irregularidad administrativa y penal.

Finalmente, la Fiscalía considera que hay suficientes indicios de contraprestación política o beneficio indebido, ya que el gobernador Oscorima, quien adquirió los relojes y joyas en tiendas de lujo, tanto en Perú como en el extranjero, no solo fue recibido personalmente en el despacho presidencial, sino que pudo influir en la gestión del Ejecutivo al margen de los procedimientos institucionales formales.

Informe final incluye denuncia contra ex fiscal Juan Carlos Villena

Asimismo, el informe de Chacón también recomiendo que el Congreso evalúe si Juan Carlos Villena, ex fiscal que presentó la denuncia contra Dina Boluarte, infringió la Constitución debido a que argumenta que no cumple con el artículo 117 por "fines políticos".

“El Congreso de la República podría evaluar si la Fiscalía de la Nación incurrió en infracción constitucional, por haber utilizado indebidamente su función para promover el procedimiento de una acusación constitucional expresamente prohibida, con eventuales fines políticos”, se lee en el documento.