Betssy Chávez: Poder Judicial rechaza pedido para trasladarla al penal Barbadillo a puertas del inicio de su juicio oral
La defensa de Betssy Chávez presentará un nuevo recurso de reposición para que la sala penal reevalúe su solicitud de traslado al penal de Barbadillo. Argumentó que las restricciones horarias y la falta de privacidad en su actual penal afectan su derecho a una defensa adecuada.
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El Poder Judicial rechazó el pedido de Betssy Chávez, exjefa del Gabinete Ministerial, para ser trasladada de manera permanente al penal de Barbadillo, en Ate, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. La solicitud, presentada con miras al próximo inicio del juicio oral en su contra que inicia el próximo 4 de marzo, argumentaba restricciones en el horario de visitas de abogados, dificultades logísticas y problemas de conectividad en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva.
No obstante, según el documento judicial al que accedió La República, el Poder Judicial determinó que el cambio no era viable, ya que Barbadillo es un penal exclusivo para varones. "Desestimar la solicitud de la defensa técnica de la acusada Betssy Betzabet Chávez Chino para su traslado permanente al establecimiento penitenciario de Barbadillo, correspondiendo al Instituto Nacional Penitenciario la evaluación de los internamientos de los procesados", se lee en la resolución. Este proceso, que también involucra a los exministros Willy Huerta, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, se desarrollará tres veces por semana (martes, jueves y viernes) de manera presencial en el penal de Barbadillo.
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Poder Judicial rechaza pedido de Betssy Chávez para trasladarla al penal Barbadillo. | Foto: La República.
Abogado de Betssy Chávez: "No hay forma de ejercer la defensa que amerita un juicio como el que estamos afrontando"
El abogado Betssy Chávez, Raúl Noblecilla Olaechea, -en declaraciones para La República- denunció las restricciones que enfrenta su patrocinada en el penal donde se encuentra recluida. Según explicó, las limitaciones horarias y las condiciones del recinto impiden un adecuado ejercicio de la defensa, por lo que han solicitado su traslado al penal de Barbadillo.
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"Está repartido de nueve a doce y luego de dos a cuatro. Vale decir que solamente tenemos cinco horas, cuatro veces a la semana para nosotros poder conferenciar con nuestra patrocinada", señaló la defensa. Además, comparó su situación con la de otros procesados que "tienen las 24 horas del día y todas las facilidades para poder ejercer su defensa", como el caso del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra en un penal con ambientes privados.
Ante la respuesta del Poder Judicial, el abogado informó que ha presentado un recurso de reposición ante la Sala para que se reevalúe su pedido de traslado. Noblecilla recalcó que las restricciones en el penal afectan el derecho a la defensa. "Estamos condicionados a horarios cerrados, de lunes a jueves, nos revisan documentos y nos hacen demorar, nos tenemos que repartir en un patio apiñado de otros abogados y de otras reclusas", afirmó. Finalmente, advirtió que esta situación vulnera el principio de igualdad de armas dentro del proceso judicial.
El 4 de marzo inicia el juicio oral contra Pedro Castillo por golpe de Estado
De los ocho acusados por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, solo Pedro Castillo y Betssy Chávez cumplen prisión preventiva. La Fiscalía ha solicitado para Chávez Chino una condena de 25 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, acusándola de ser coautora del delito de rebelión en agravio del Estado. En el caso de Castillo Terrones, el Ministerio Público ha pedido una pena de 34 años de cárcel, además de una reparación civil de S/65 419.038,53 a favor del Estado, a pagarse de forma solidaria, y su inhabilitación para la función pública por tres años y seis meses.
De acuerdo con la resolución judicial, el juicio oral también involucra a los exministros Willy Huerta, Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón, para quienes la Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión, inhabilitación para ocupar cargos públicos por dos años y seis meses, y el pago de una reparación civil de S/64 419.038,53. En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres, el Ministerio Público ha requerido una pena de 15 años de prisión.
