Harold Forsyth: "Dina Boluarte jamás ha hablado de las muertes en las protestas, como si nunca hubieran existido"
En entrevista para La República, Harold Forsyth (exrepresentante del Perú ante la OEA) se pronunció sobre la inacción del Gobierno y la ampliación de la denuncia contra Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las muertes en protestas.
- César Vásquez: comienza la recolección de firmas en el Congreso para censurar al ministro de Salud
- Rafael López Aliaga pagará más de US$13 millones para traer vagones y locomotoras de Estados Unidos
¿Cuáles son los elementos nuevos que han motivado la ampliación de la denuncia contra Dina Boluarte?
Básicamente, el hecho de que, después de más de seis meses, un plazo bastante significativo, no haya habido ningún tipo de acción por parte del Estado peruano. No ha pasado absolutamente nada. La señora Boluarte jamás ha hablado del asunto, ni un solo día, como si no hubiera existido. Tampoco ninguna otra autoridad del Gobierno.
Es cierto que algunos fiscales han hecho esfuerzos por avanzar en la investigación, pero estos quedan truncos por la evidente falta de colaboración del Estado. Al mismo tiempo, tras todo este tiempo, no hay ni un solo ciudadano enjuiciado en el Poder Judicial. No existe ninguna acusación formal ni, mucho menos, alguien purgando condena por estos ilícitos penales abominables, que implican la muerte de 49 compatriotas y al menos 344 heridos.
PUEDES VER: Dina Boluarte: amplían denuncia contra presidenta ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas
¿En qué consistiría la Comisión de la Verdad que ustedes proponen?
No sería una Comisión de la Verdad como la que se creó en el año 2000, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ni como las que se han implementado en otros países, como Chile. En aquellos casos, estas comisiones contaron con el patrocinio del Estado.
Es difícil avanzar en una Comisión de la Verdad sin el interés del Gobierno. Probablemente, en el futuro, cuando tengamos un gobierno plenamente democrático, se pueda formar una comisión con participación estatal. Mientras tanto, hemos estado trabajando en la idea de una Comisión de la Verdad ciudadana, que adquiera credibilidad con el asesoramiento de organizaciones internacionales. Es una propuesta aún en fase inicial, pero es posible que logremos avanzar en ella.
¿Cuál es el escenario más probable en este caso? ¿Confían en que la Corte Penal Internacional tome acciones concretas?
Creemos que sí. El Perú es miembro de la Corte Penal Internacional desde su fundación en 2001, cuando suscribimos el Estatuto de Roma. Seguimos con mucho interés el trabajo de esta corte, que tiene su sede en La Haya, Holanda, y ha ganado prestigio en el mundo por su seriedad.
Cuando hay 49 personas muertas, más de 340 heridos y un Gobierno que ignora por completo la gravedad del asunto, es evidente que la Corte debe actuar. Por supuesto, como en toda instancia judicial, estos procesos toman tiempo y se manejan con cautela. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, más allá de la carga procesal que enfrenta, ya ha empezado a evaluar la situación del Perú, aunque lo haga con discreción.
¿Qué mensaje le daría a quienes creen que esta denuncia tiene un trasfondo político y no estrictamente judicial?
Aquí lo único que tiene un tinte político es ocultar la verdad. Eso sí es una maniobra política: ignorar completamente lo sucedido.
Un ministro de Gobierno ha llegado a decir que los derechos humanos "no son para las ratas". O recordemos el episodio en el que una ciudadana llamó "corrupta" a la presidenta Boluarte en una protesta, una expresión política legítima dentro del derecho ciudadano siempre que no haya violencia. Sin embargo, la señora Boluarte respondió con un insulto: “Tu mamá”. Desde el poder, no se puede responder de esa manera a la ciudadanía.
La verdadera manipulación política es burlarse de las víctimas, como lo hizo el señor Adrianzén en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, echándoles la culpa de lo sucedido. Esa es la verdadera instrumentalización política: ignorar la magnitud de los hechos.
¿Cómo interpreta el silencio de la presidenta y del Gobierno respecto a este caso?
Evidentemente, la estrategia de la señora Boluarte es echar tierra debajo de la alfombra y ocultar la magnitud del hecho. Para el Gobierno, este es un tema tabú; simplemente no lo tocan.
La estrategia es clara: dejar que el tiempo pase y que la noticia se entierre por sí sola. No importan las viudas, no importan los niños que perdieron a sus padres y quedaron huérfanos. No importan los padres que perdieron a sus hijos. No importan las víctimas. Lo único que importa es que el tema no se discuta.
Mientras tanto, vemos que en la Fiscalía se abordan otros casos, como el del Cofre o los Waykis, que sin duda son relevantes y deben investigarse, pero nada se compara con la pérdida de vidas humanas.
¿Cree que las próximas elecciones pueden ser una oportunidad para garantizar el respeto a los derechos humanos y exigir justicia por las víctimas de la represión?
Los procesos electorales bien llevados también forman parte de los derechos humanos de primera generación. Ahora que nos acercamos a un tiempo electoral, esto debería servir para unir a los peruanos, no para dividirnos más.
Yo he sido congresista, he sido embajador muchos años, y todos los que en el pasado han ocupado cargos como ministros o congresistas tenemos, de alguna forma, una corresponsabilidad en lo que está ocurriendo ahora.
Personalmente, siento que tengo una deuda y, por ello, no postularía a nada. No aspiro a ningún cargo porque creo que ha llegado el momento de renovar la piel. El proceso electoral no puede ser simplemente el resurgimiento de las mismas caras de siempre.
Lo único que debe definir el rumbo del Perú son los intereses del pueblo. Pero hay que darle la posibilidad de escoger entre personas que representen el futuro, no el pasado. Esperemos que surjan profesionales nuevos y competentes en todo el país.
