Eduardo Salhuana se une al bloque de congresistas que desafían y promueven denuncia constitucional contra fiscal de la Nación
El presidente de la Mesa Directiva considera que la denuncia de la fiscal de la Nación vulnera la Constitución, pese a que congresistas se habrían aprovechado de su poder para cobrar doble remuneración.
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El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se alineó con un grupo de congresistas que cuestionan y buscan presentar una denuncia contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, luego de que se formulara una acusación contra 11 parlamentarios que permitieron que sus compañeros recibieran doble salario. El miembro de Alianza Para el Progreso acusó a la fiscal suprema de haber incurrido en una violación constitucional.
"La Fiscalía ha denunciado a congresistas por aprobar el dictamen relacionado con el proyecto de ley 319/2021, desconociendo el art. 93 de la Constitución. Esto podría configurar una infracción constitucional, aplicable bajo el art. 99 de la Carta Magna. Es fundamental que el Ministerio Público actúe con respeto al orden constitucional y el Estado de derecho", publicó a través de las redes sociales.
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A estas declaraciones también se le suman la de Patricia Juárez, primera vicepresidenta de la Mesa Directiva de Salhuana y quien también fuera denunciada, la fujimorista indicó que esta denuncia vulneraría la Constitución y el derecho al voto parlamentario. "Creemos que, como mínimo, debería haber revisado el artículo 93 de la Constitución, que establece la inviolabilidad de nuestro voto y las prerrogativas que tenemos para ejercerlo de manera adecuada y correspondiente", argumentó.
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Rosa María Palacios califica esta situación como problemática, ya que, según la ley, nadie puede recibir dos remuneraciones del Estado, salvo excepciones muy específicas. Además, Palacios señala que los congresistas involucrados, como Jorge Montoya y José Williams, se han beneficiado de una ley que les permite recibir su sueldo como congresistas junto con sus pensiones, lo cual contraviene la normativa vigente.
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También, señala que la acusación de 'negociación incompatible' es un delito con una pena baja y anticipa que el Congreso probablemente archivará la denuncia sin tomar medidas. A pesar de la gravedad, considera que no habrá consecuencias significativas para los congresistas denunciados, ya que el tiempo y la dinámica política dificultarán el avance del caso.
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra once congresistas por doble remuneración en Perú
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional el pasado miércoles 22 de enero contra un grupo de congresistas, incluidos José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Lizarzaburu, Pedro Martínez y Lucinda Vásquez.
La acusación los señala como presuntos responsables del delito de negociación incompatible, un acto considerado lesivo para los intereses del Estado. Esta medida fue canalizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales de la institución. Esto ocurre después de que los congresistas formaran parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas en el periodo 2021-2022.
Fiscal suprema Delia Espinoza sumó 2 congresistas más a la lista por delitos de corrupción
Más tarde, la fiscal Delia Espinoza sumó 2 congresistas más a esta lista. Los parlamentarios Guido Bellido, ex primer ministro y actual representante de Podemos Perú, y Roberto Sánchez, miembro de la bancada de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y exministro de Comercio Exterior y Turismo fueron denunciados por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravados y negociación incompatible, respectivamente.
La fiscal suprema indica que los delitos supuestamente se cometieron mientras Bellido ejercía como presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo con la investigación, Bellido habría aprovechado su posición para influir en la contratación de Daniel Abarca en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que en ese momento estaba bajo la dirección de Roberto Sánchez. Este último habría tenido un interés especial en la contratación de Abarca, supuestamente con el fin de obtener un beneficio personal.
