Comisión de Constitución del Congreso aprueba el financiamiento privado para partidos políticos
El dictamen aprobado busca modificar la Ley de Organizaciones Políticas. Especialista consideró que medida podría permitir la "captura del poder" por parte de "grupos de interés".
La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó, con 21 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el dictamen que oficializa el regreso del financiamiento privado para las organizaciones políticas en el país. Esta propuesta plantea modificar directamente la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Ahora, será el Pleno del Congreso quien decida si se aprueba o no esta medida.
El dictamen aprobado no solo restablece el financiamiento privado a las organizaciones políticas, sino que también eleva el tope máximo que puede aportar cada donante a 200 UIT (equivalente a S/. 1.3 millones).
De ser ratificado por el Pleno, el financiamiento privado volvería a formar parte de la normativa vigente, luego de haber sido eliminado en 2018 tras los escándalos de corrupción vinculados al caso Lava Jato. En aquella ocasión, se estableció mediante ley que solo serían permitidos los aportes provenientes de personas naturales.
PUEDES VER: Rosa María Palacios denuncia a Willax TV, SUNAT, Augusto Thorndike y Erasmo Wong por violación de intimidad
Congresista Ruth Luque en contra del dictamen aprobado
La congresista Ruth Luque, integrante de la Comisión de Constitución, expresó a La República su rechazo al dictamen aprobado. Para la parlamentaria y militante de Nuevo Perú, la propuesta representa una alteración de los principios que motivaron la reforma inicial del financiamiento a los partidos políticos.
"La propuesta aprobada recientemente por la Comisión de Constitución constituye una distorsión absoluta de las razones que dieron origen al financiamiento público. Por un lado, 'legaliza' los aportes de empresas; por otro, permite que los recursos del financiamiento público sean utilizados para cubrir los gastos legales de representantes, voceros o directivos de partidos investigados. Esto significa que el dinero de los peruanos podría destinarse a defender a personas acusadas de delitos", señaló.
PUEDES VER: Agustín Lozano da sus primeras declaraciones tras salir en libertad: "Voy a estar con mi familia"
Asimismo, advirtió que esta reforma podría facilitar el ingreso de economías ilegales al financiamiento de campañas políticas: "Desde mi perspectiva, estas modificaciones desvirtúan completamente la finalidad del financiamiento público. En lugar de fortalecer la institucionalidad, esta reforma parece abrir las puertas al ingreso de economías ilegales que, probablemente, recibirán protección dentro del sistema", concluyó.
Especialista cuestiona dictamen aprobado por Comisión de Constitución
En diálogo con La República, el politólogo Martín Ueda, académico de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y director de la asociación de Ciencias Sociales 'Leviatán', compartió su análisis del dictamen. El especialista señaló que este posible cambio a la normativa se asemeja a modelos extranjeros donde el lobby está institucionalizado.
"Esta medida tiene mucha similitud con el modelo estadounidense de lobby o financiamiento de partidos. Esto puede tener aspectos positivos o negativos, según cómo se analice: por un lado, busca fomentar la transparencia pública; pero, por otro, constituye una forma más legal e institucionalizada de permitir la captura del poder por parte de grupos de interés muy fuertes", explicó.
Para Ueda, el dictamen aprobado no garantiza que los financiamientos sean lícitos, y advirtió que podría agravar el problema: "No considero que este sea necesariamente un mecanismo sólido para fortalecer la institucionalidad. Muchos políticos financiados por economías ilegales seguirán siendo apoyados mediante formas ilícitas, incluso a través del lavado de dinero", aseguró.
El politólogo enfatizó que los problemas relacionados con el financiamiento de los partidos políticos son de carácter estructural: "El financiamiento ilícito responde a problemas ligados a la informalidad y a cuestiones estructurales en el funcionamiento y supervisión de agentes y operadores. No considero que esta ley represente un cambio sustancial en términos de prevención; más bien, es una forma 'elegante' de permitir la captura del poder por ciertos grupos de interés, quienes ahora podrán hacerlo de manera más 'transparente'", concluyó.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Martes 19 de Noviembre del 2024