Eliana Revollar: “La presidenta Dina Boluarte sabía lo que había ocurrido en las protestas”
La exdefensora del pueblo en funciones analiza el desempeño de Josué Gutiérrez al frente de la institución. Además, recuerda cómo vivió las manifestaciones de 2022-2023 contra Dina Boluarte.
Por el 28 aniversario de la Defensoría del Pueblo se difundió un pronunciamiento muy crítico sobre el desempeño de Josué Gutiérrez. La exdefensora en funciones, Eliana Revollar, analiza la situación de la institución que debería preocuparse por los derechos de los más humildes. También ofrece un testimonio de primera mano de lo que ocurrió en los días que se perpetraron los asesinatos en las marchas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
Por el 28 aniversario de la Defensoría del Pueblo se publicó un pronunciamiento en el que aparece su firma junto a otros exdefensores y exfuncionarios de la institución, bastante crítico sobre la labor de Josué Gutiérrez. ¿A qué se debe?
Tuvimos una reunión por temas profesionales con el doctor Walter Albán y Eduardo Vega y recordamos el aniversario de la Defensoría y a su primer defensor, Jorge Santistevan de Noriega…
Imagino que con cierta nostalgia.
Con muchísima nostalgia y nos planteamos la pregunta de qué hubiera hecho hoy Jorge Santistevan frente a esta Defensoría del Pueblo. Los tres dijimos que no podemos seguir en silencio mientras vemos cómo la institución se está desmoronando en su credibilidad. Por eso invitamos a nuestros colegas fundadores de la Defensoría.
Señalan que Gutiérrez aprovecha el cargo para alinearse con objetivos que se apartan de la defensa de la democracia y los derechos humanos. ¿De qué manera hace esto?
A diferencia de lo que había pasado en todo el récord histórico de la Defensoría del Pueblo, había mucha efervescencia de políticos o personajes ligados a la política que venían a la Defensoría. Por ejemplo, el último día de mi gestión recibí llamadas -al igual que muchos funcionarios- pidiendo el cuadro de asignación de personal, quién gana cuánto en tal oficina. Era una forma muy brusca y grosera de decirte “ya tenemos que tomar esto”, fueron una veintena de llamadas en general.
¿Ya con Gutiérrez electo por el Congreso?
Ya elegido, porque en la Defensoría del Pueblo se produce la elección y automáticamente quien esté en el encargo de la función baja a ser el primer adjunto. Esa era mi condición. Entonces yo lo llamé a las 10 de la mañana, saludé su elección, le dije que lo estaba esperando y le pedí que me diga cuál es su comisión de transferencia porque habíamos recibido una veintena de llamadas y no sabía si eran personas que llamaban por encargo suyo o tenían algún interés que él ni siquiera conocía. Me agradeció. Luego supe que hubo -y debe estar registrado en los registros oficiales- visitas de políticos, congresistas. Esa fue la primera…
¿Alerta?
Alerta. En los días posteriores se concretó. Yo lo convoqué a la Defensoría a que venga para definir los términos de la entrega del cargo y él me citó en el Congreso. Le dije que prefería que él venga a la Defensoría porque ya era defensor y su frase fue “yo me siento muy cómodo en el Congreso de la República”. Fui con el secretario general ese viernes.
Un poco raro hacer una reunión de coordinación de transferencia de la Defensoría en el Congreso. Sintomático.
Exactamente, decirme “acá me siento bien, ven acá” y no ir a donde, por cinco años, iba a ocupar el cargo. El lunes siguiente ya fui a la Defensoría, le expliqué la naturaleza de la institución e incluso me atreví a decirle “oiga, si sigue con este equipo profesional de adjuntos, de jefes de oficina, puede tener una buena gestión porque tienen compromiso, éticamente son de lo mejor”. Todo el personal bajó, lo recibieron, pero ya se veía mucho movimiento. Hoy en día ya no hay ningún adjunto (de la gestión anterior), varios jefes de oficina han sido retirados y la Ley Orgánica ha sido modificada. Se reconoce el manejo de la conflictividad social como una línea de la Defensoría y lo del gobierno digital, lo que cualquiera hubiera suscrito. Pero también se hizo una modificación en el sentido de que el defensor sigue en funciones hasta que se elija a su sucesor. Con eso puede estar cinco, diez o veinte años mientras el Congreso no tenga la necesidad de hacer el relevo. Y otro cambio significativo es que todas las adjuntías, programas, todos son cargos de confianza, por lo que las designaciones son a discreción del defensor.
En el comunicado añaden que Gutiérrez guarda silencio ante hechos graves. ¿Cuáles son?
La Defensoría tenía una línea de opinión en proyectos de ley en todos los temas de su competencia: seguridad ciudadana, minería ilegal, derechos de las mujeres y niños, es decir derechos fundamentales y políticas públicas. Pero en esta gestión ya no se emiten esas opiniones. Más bien, ha habido intervenciones oficiosas de la Defensoría del Pueblo para favorecer algunos intereses.
¿Entre ellos?
Hubo una diligencia de la señora Nadine Heredia, que fue amiga…
Gutiérrez llegó al Congreso con el Partido Nacionalista.
Exactamente, fue parte del partido, pero también patrocinaba sus intereses judicialmente y salió una comunicación por ella. La pregunta es, ¿Nadine Heredia está en indefensión para que la Defensoría del Pueblo se preocupe? No.
La Defensoría debería preocuparse de gente que no tiene cómo defenderse. Heredia tiene abogados.
Exactamente. Hay un tema clave que es el interés general, la vulneración de derechos y la población que no tiene cómo defenderse contra el poder. Otro ejemplo es lo que ha pasado con la Ley de Extinción de Dominio. El defensor ha planteado la inconstitucionalidad de algunos artículos. La ley permite que se extinga el dominio de propiedades de personas vinculadas a temas de corrupción y que no pueden probar cómo las adquirieron. ¿En esa línea quiénes están? Muchos políticos, es el caso del señor Vladimir Cerrón. Cuando tú vas a hacer algo en la Defensoría del Pueblo el primer ejercicio de análisis es si esto favorece o beneficia a alguien ligado a mí, porque eso es conflicto de intereses. Y hay temas, en cambio, en los que se ha abandonado la lucha, como la ley de imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad. Eso por definición le corresponde verlo a la Defensoría. Es la vida, son derechos humanos.
Y el silencio ahí es estridente.
Eso es lo que nos preocupa. Me podrán decir que el señor viaja, que se levanta a las seis de la mañana. Bueno, todos lo hemos hecho. Hay un silencio evidente que tiene que ver con las labores esenciales. Desde su nacimiento la Defensoría defendió el sistema democrático y los derechos humanos. ¿Cómo se concibe su autonomía si el defensor se dice delegado del Congreso? Hay una elección congresal pero una vez electo el defensor navega con tres banderas: autonomía, independencia y neutralidad. Se separa del poder para ejercer su rol y tener legitimidad.
¿Y usted dice que no se ha separado?
¿Hay algún pronunciamiento sobre los actos de corrupción en el Congreso? No. ¿Algún pronunciamiento sobre los actos de corrupción que alcanzan a la mandataria? No. Tú puedes decir que hay un sistema penal que se encarga, pero en el tema de corrupción hay una línea de trabajo que alcanza aspectos éticos. La Defensoría del Pueblo se puede plantar y decir “alto, tú no puedes hacer eso”. Entonces, sí, en los grandes temas hay un quiebre.
En el comunicado se refieren a las víctimas de las protestas de 2022-2023 y cómo la Defensoría, con Gutiérrez, se ha puesto de perfil. Usted estuvo en Palacio, en el Acuerdo Nacional, el día de las muertes en Juliaca.
Sí.
¿Cómo recuerda esos momentos?
Fuimos convocados a las tres de la tarde de ese 9 de enero a Palacio de Gobierno. Ya estaba de Premier el señor Otárola. Hubo una parte pública con todos los medios de comunicación.
Luego se pasó a una sesión privada.
Correcto. A mano alzada pedíamos el uso de la palabra. Recuerdo que tenía la ubicación 16 para poder intervenir, pero empezaron dos o tres intervenciones y luego se conectó virtualmente el gobernador de Puno. En algún momento de su alocución la presidenta ya había señalado que ella no entendía por qué ocurría todo eso en Puno porque había dado una gran explicación de cómo se dio el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y el gobernador le dice que ya hay dos fallecidos y le pide su renuncia. El ministro de Defensa salía, entraba, tenía sus anotaciones. En un momento, el ministro de Justicia, (José) Tello me dice que el adjunto de la Defensoría, Percy Castillo, se quiere comunicar conmigo. Le respondí, por favor, que le diga (a Castillo) que me llame a su teléfono porque yo estaba sin comunicación. Castillo vuelve a llamar al número (de Tello), me levanto y voy a la parte posterior del comedor del Palacio, hablo con él y me informa que ya son ocho muertos. Perfilamos en ese momento un pronunciamiento. Tello estaba muy preocupado y justo le entra una llamada de la presidenta. Él le cuenta que estaba conmigo, que la situación era muy complicada y que la Defensoría ya tenía autorizado un comunicado. Ella pidió que vayamos a verla.
¿Boluarte?
Sí. Por la parte la parte posterior, él (Tello) me hace entrar con su tarjeta hasta la antesala del despacho. Ahí estaba el ministro de Defensa (Jorge Chávez Cresta), el ministro del Interior (Víctor Rojas), el señor Raúl Molina que era asesor y la señora de prensa, Sato. Tello le explica (a Sato) que la presidenta pidió que viniéramos. Ella responde “un momentito, un momentito”. Entonces veo al ministro de Defensa que antes me había abordado y me había dicho “mire conmigo no va a pasar lo que pasó, línea nueva, usted me avisa, vamos, hacemos esto, va a ser distinto”. Yo, indignada, le pregunto qué es lo que ha pasado, que la reunión se tiene que suspender, que tiene que haber una salida a esto, que no podemos seguir acá, que se tendría que convocar a un Consejo de Estado, adelantarse elecciones. Minutos van y vienen, sabíamos que ella (Boluarte) estaba encerrada en su oficina, nos dijeron que estaba llorando y yo advertí que si no me iba a recibir me iría a mi oficina. Cuando me retiro ya se había levantado la sesión. Recuerdo que hablé con la doctora Tumialán (de la Junta Nacional de Justicia), con el excontralor (Nelson Shack) y les dije que quizás habría un Consejo de Estado, que la situación es grave y que mejor era esperar. El presidente del Tribunal Constitucional (Francisco Morales) dijo “no, no, no, yo me voy”, tenía que hacer cosas. Y la reunión terminó sin firma de acta ni nada.
¿Nunca pudo hablar con Boluarte?
Ella guardó silencio por dos o tres días y apareció con lo de los “ponchos rojos”, que entre los manifestantes se habían matado. Esa noche (del 9 de enero) en una conferencia salió Otárola, con mucha energía. Me llamaron para decirme que al día siguiente salía un avión para iniciar el diálogo en Juliaca y que podía ir yo o mis representantes. Obviamente para mí eso no solamente era de mal gusto sino una provocación. Nuestra gente estuvo toda esa noche viendo la situación de los cadáveres. Hubo mucho reconocimiento de la población al rol de la Defensoría, ahora lo puedo decir. Ha sido muy duro para ellos. También conversé con muchos heridos. Es un tema que debe investigarse a fondo.
Usted también tuvo una comunicación con el exjefe del Comando Conjunto, Manuel Gómez de la Torre. Esto fue en diciembre, ¿correcto? Por los sucesos de Ayacucho, previos a los Juliaca, precisamente.
Sí. Recuerdo que era el 15 de diciembre. Yo seguía las manifestaciones con todo el equipo de conflictividad y derechos humanos y en Ayacucho había una movilización grande, con globos, muy pacífica, pero de ahí hubo un grupo que se fue el aeropuerto. Estaba en una reunión cuando el jefe de la Defensoría (en Ayacucho), David Pacheco, pidió hablar urgentemente conmigo y me dijo que me comunique con el premier o con alguien porque ya había dos fallecidos y muchos heridos. Me mandó videos…
Que reprodujeron los medios.
Y que están en las investigaciones. Entonces pedí hablar con el comandante general y con el ministro de Defensa que entonces era Otárola. Me dijeron que estaban en reuniones. Yo seguía en las coordinaciones, pero la situación no paraba. Decidimos sacar un tuit en el que se pedía que se retiren los helicópteros y que se replieguen las tropas. Luego de eso recibí la llamada de retorno del señor Otárola y, en buena cuenta, ambos me dijeron que eran tropas que salieron desprolijas, que no tuvieron todo el cuidado que se debía, que fueron avasalladas por grandes turbas y que tuvieron que responder de la manera en que respondieron, pero que ya se habían retirado y se habían replegado los helicópteros. La primera conversación fue antes de las 5 de la tarde, la segunda a las 6:20. Sacamos un comunicado al día siguiente anunciando que se haría la denuncia penal. Otárola pidió una reunión conmigo, me visitó a las cuatro de la tarde para contarme un poco el contexto, cómo se habían dado las cosas. Yo hablé con ellos el día anterior por dos fallecidos.
Al final fueron mucho más.
Al día siguiente ya eran ocho y había dos graves.
¿Qué le dijo Otárola?
Lo mismo, que se habían visto rebasados por la situación y que procedieron en esa forma. Pero también su pregunta era que por qué los denuncié a él y a la presidenta por lesa humanidad. Le dije que nosotros no habíamos hecho esa denuncia. Sí sabíamos que un abogado había denunciado lesa humanidad en Ayacucho. Luego, en un momento la secretaria entró y me informó que me habían convocado a un Consejo de Estado. Terminamos la reunión. Fui a Palacio (al Consejo de Estado) y el tema era la defensa de la democracia, cómo las fuerzas del orden habían hecho su trabajo. La postura que tenía yo era de absoluta disidencia. Todos saludaron y felicitaron, pero yo sabía cómo se habían dado las cosas y además había hablado con ellos dos (Gómez de la Torre y Otárola). La presidenta Boluarte sabía lo que había ocurrido. Yo insistí en que se investigue todo en el fuero común porque eran temas que tenían vinculación con los derechos humanos.
Su versión es muy importante porque demuestra que en el Gobierno sabían lo que ocurría, estaban al tanto.
Acá hay un tema. Si ya sabían lo que pasó en Apurímac, lo que pasó en Ayacucho, cuando las ocurrencias se daban en Juliaca tenían la posibilidad de evitar que continúen.
Podrían haber ordenado expresamente...
Un cese.
Un retiro.
Exactamente.
Pero persistieron en la estrategia represiva.
Exactamente, y esa estrategia ha sido acompañada de una persecución en mi contra para descalificar la función de la Defensoría del Pueblo, diciendo que éramos rojos, que yo era terrorista. ¿Por qué? Porque sabía mucho.
La Resistencia la ha difamado. Entiendo que estos testimonios que ha compartido son parte de un proceso contra ellos. ¿Cierto?
Sí. Yo tenía vinculación con el Sistema de Naciones Unidas porque los informes de la Defensoría del Pueblo de aquel entonces han servido de base para que organismos internacionales, agencias y otros países puedan tener un conocimiento de la dimensión de lo que había ocurrido. 49 personas fallecieron prácticamente ejecutadas porque en un enfrentamiento hay bajas de ambas partes, acá no. Y el otro detalle importante es que 48 fallecieron fuera de Lima. Entonces la respuesta fue diferente a la que se vio en la capital. Yo pude presentar un informe en Ginebra. Luego volví y se dio la elección (del nuevo Defensor). Yo sabía que era cuestión de ver qué día eso se ejecutaba, porque si yo hubiera sido una persona que acompañaba, que justificaba…
¿Si hubiera justificado la versión del Gobierno la hubieran mantenido en el cargo?
Exactamente, pero esa no era la situación. Los relatores le pidieron al Estado peruano que informen sobre las medidas que se había tomado respecto de mi situación, lo que activó una respuesta del Ministerio de Justicia que, en su momento, me ofreció protección. Luego el Ministerio Público abrió una investigación por acoso y hostigamiento que, en primera instancia, desestimaron. Está en apelación. Es en el marco de esta investigación que yo voy dando detalles de lo que ha sido mi desempeño en la función pública y cómo es que después de los hechos de Ayacucho, en la semana de Navidad, empezaron estos ataques vinculándome con Sendero Luminoso.
¿Es verdad que el Ministerio Público pidió los videos a la Defensoría para acreditar los ataques contra usted?
Sí, una de las diligencias que ha practicado el Ministerio Público es precisamente esa. Tengo entendido que una instancia administrativa ha respondido que, pasados los seis meses, ya no tienen los registros.
Curioso, ¿no?
Sí.
La estoy entrevistando un día después del fallecimiento de Alberto Fujimori. La Defensoría publicó primero un mensaje en el que lamentaba el deceso del “presidente constitucional”. Ante las críticas lo borró y colocó otro en donde se le trata de “expresidente”. ¿Qué piensa de estos comunicados?
Esos comunicados solamente muestran lo que nosotros hemos señalado en el pronunciamiento. Este defensor no entiende cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo. Es un momento de pesar para la familia de los Fujimori, de dolor para sus correligionarios, eso está fuera de discusión. La Defensoría del Pueblo nace con la constitución del 93, pero con Jorge Santistevan se erige como una institución que sabe decir “no” y defender los derechos humanos y el sistema democrático.
La Defensoría con Santistevan fue crítica del Gobierno de Fujimori.
Así, es. Entonces yo creo que esto pinta en dónde está ubicado el actual defensor, porque si tú vas a dar las exequias, ¿por quienes tendrías que hacerlo? Es una pregunta. ¿Alguna vez te has condolido, ya en el ejercicio del cargo, por otras víctimas de los excesos del poder? ¿Dónde está ese defensor? Y por eso deben venir las críticas a su reacción. Lo que nosotros señalamos en el pronunciamiento es que la institución tenía una credibilidad, estaba ahí trabajando con rigor, con compromiso, con principios que eran sus baluartes y los defendía. No importaba quién esté de qué lado. Pero con este señor pasa lo contrario y por eso viene la ilegitimidad. Sus pronunciamientos tienen barbaridad y media en comentarios que a la propia gente que se ha quedado en la institución les duele. Por eso terminamos diciendo en el pronunciamiento que habrá que recuperar a la Defensoría.
¿Reconstruirla?
Totalmente.
En realidad, hay que reconstruir a toda la institucionalidad.
Exactamente, es toda la institucionalidad. Nosotros estamos viendo ya un régimen autoritario, un cogobierno Congreso–Ejecutivo. Lo que decía la constitución del 93 ya se desdice completamente. Es un régimen parlamentarista con un sometimiento del régimen presidencial. Es en un momento muy difícil en el país.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Jueves 21 de Noviembre del 2024