Congreso: conformarán comité consultivo tras ponerse en riesgo monumento histórico en gestión de Alejandro Soto
Eduardo Salhuana anunció una investigación sobre el acuerdo de Mesa Directiva de su predecesor en el cargo. Ahora, titular de la Comisión de Cultura anuncia que también solicitará información.
![Edgard Reymundo dijo que comité consultivo aportará con “conocimiento más exacto y técnico” al grupo parlamentario para que no vuelvan a producirse daños a monumentos históricos. Foto: composición Jazmín Ceras/LR Edgard Reymundo dijo que comité consultivo aportará con “conocimiento más exacto y técnico” al grupo parlamentario para que no vuelvan a producirse daños a monumentos históricos. Foto: composición Jazmín Ceras/LR](https://imgmedia.larepublica.pe/640x371/larepublica/original/2024/08/20/66a8289c113ac715ed0e7d86.webp)
El nuevo presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para el Periodo Anual de Sesiones 2024-2025 del Congreso de la República, Edgard Reymundo, indicó que se conformará un comité consultivo en respuesta a la polémica por el acuerdo de Mesa Directiva —adoptado durante la gestión de Alejandro Soto Reyes en el cargo— que permitió una construcción sobre uno de sus edificios considerados monumento histórico, poniendo en riesgo el valor del Hospicio Ruíz Dávila.
“Por primera vez vamos a conformar un comité consultivo especialistas en cultura y en patrimonio cultural para tener conocimiento más exacto y técnico”, indicó el también el congresista del Bloque Democrático Popular.
En este sentido, Edgard Reymundo indicó que uno de los primeros pasos será requerir información sobre dicho acuerdo: “Yo voy a plantear que se haga un pedido de información a la Mesa Directiva del Congreso para que nos explique las razones y la realidad de lo sucedido porque no puede que la casona del Hospicio Ruíz Dávila, sin contar con la autorización de los entes especialistas, hayan realizado algunas modificaciones alterando la esencia misma. Eso está dentro de lo que vamos a ejercer como control político”.
Por su parte, tras asumir el cargo y ser consultado por la prensa, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, anunció la apertura de una investigación sobre el tema. Adelantó que, solicitó todos los documentos relevantes sobre este acuerdo adoptado por la Mesa Directiva durante la gestión de Alejandro Soto. Indicó que, se están llevando a cabo las indagaciones correspondientes para informar a la opinión pública.
En tanto, se solicitó la colaboración del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima para evaluar la situación, especialmente debido a que el área podría tener valor histórico. Además, de comprobarse que la construcción es ilegal, se tomarán las medidas necesarias para desmantelar la obra.
La denuncia sobre el daño al Hospicio Ruíz Dávila
Se trata del hospicio Ruíz Dávila, declarado patrimonio cultural de la Nación y que es una de las sedes de Palacio Legislativo. Hoy se encuentra en riesgo de deteriorarse severamente tras la ejecución de un contrato firmado por los mismos parlamentarios.
A finales del año pasado, la Mesa Directiva de Alejandro Soto autorizó la contratación del “servicio de impermeabilización de techo Hospicio Ruíz Dávila”. Supuestamente, el fin era protegerlo de las lluvias y filtraciones. En abril de este año comenzaron los trabajos, que todo apunta, ponen en riesgo este monumento del país. El Congreso dice que el material metálico fue de aluminio. Los Términos de Referencia indican acero galvanizado.
Recordemos que, el Hospicio Ruiz Dávila lleva el galardón de monumento histórico de la Nación desde 1972. Está protegido por la ley. Nadie puede poner un solo clavo en su infraestructura, sin la autorización del Ministerio de Cultura y sin los procedimientos técnicos adecuados.
Por la fuerza del tiempo, después de casi dos siglos, el monumento, que yacía en las ruinas, fue restaurado entre el 2010 y 2012 por el Congreso de la República de entonces. Ganó premios por su belleza e historia, los mismos que el actual Parlamento afecta con esta estructura en casi todo el monumento de 2700 metros cuadrados.
Durante los trabajos, tras una inspección a este monumento protegido por la ley, La Municipalidad de Lima, a través de PROLIMA, le pidió al Congreso que desistiera del proyecto, invocando las normas ediles que debían cumplirse.
“Dicha instalación de perfiles y cobertura no está permitida, ni es adecuada ya que altera el paisaje urbano arquitectónico de la zona y genera un sobrepeso innecesario en la edificación y no cuenta con autorización municipal”, se lee en el documento emitido por la institución.
La respuesta del Congreso fue no paralizar la construcción. El ganador de este cuestionado servicio fue el Consorcio Santos, integrado por la empresa Terrazas y Bungalows y Emma González Huamán. El dominical verificó su domicilio legal y podo constatar que es un edificio en Villa El Salvador sin distintivo empresarial.