Abogado de Nicanor Boluarte confiado en que se rechazará los 36 meses de prisión preventiva: “No hay elementos”
Poder Judicial evaluará este miércoles 21 el pedido del Ministerio Público para imponerle 36 meses de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte.
- Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos
- Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso
Este miércoles 21 de agosto, el juez Richard Concepción Carhuancho revisará el pedido de 36 meses de prisión preventiva —planteado por el Ministerio Público— contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por el caso 'Los Waykis’. Al respecto, su abogado Luis Vivanco indicó que no existen nuevos elementos que puedan alterar la postura inicial del Poder Judicial sobre que su defendido sea investigado en libertad, ni siquiera las últimas declaraciones de un colaborador eficaz, quien dijo que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) era usado como una agencia de empleos por su cliente a favor del entorno de la jefa de Estado.
“Yo parto de la base de que estamos frente a dichos o indicios que no han sido corroborados. En la medida en que no hay corroboración, no puede ser usado como un insumo para privar de su libertad a una persona”, declaró a RPP.
TE RECOMENDAMOS
TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Recordemos que, A mediados de mayo de este año, el Poder Judicial revocó la detención preliminar y ordenó la libertad de Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros tres investigados. En aquella ocasión los jueces de la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada consideraron que la resolución de primera instancia no había justificado bien el riesgo de fuga o de obstaculización de parte de los investigados.
PUEDES VER:Revelan que personaje vinculado al caso 'Waykis en la sombra' continúa laborando en el Mininter
Un dato a tomar en cuenta para esta audiencia es que, el jueves 8 de agosto, se conoció que Víctor Torres Merino, amigo y hombre de confianza de Dina Boluarte, se acogió a la colaboración eficaz. De acuerdo al documento de requerimiento de prisión preventiva, Torres Merino confirmó el rol que cumplía Nicanor Boluarte en la designación de prefectos y subprefectos regionales como pieza clave de su engranaje de corrupción.
Al respecto, Luis Vivanco indicó que fuera de las declaraciones no corroboradas de un colaborador eficaz, no se cumplen los requisitos para que Nicanor Boluarte sea recluido en un penal por orden de un juez: “Estamos frente a una persona que tiene casa, tiene familia, tiene trabajo, arraigo económico y no ha llevado a cabo ninguna conducta que nos haga pensar que se va a escapar o que va a entorpecer”.
La audiencia se realizará el miércoles 21 de agosto a las 11.00 a.m., donde se revisará el pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros implicados por el caso 'Los Waykis’. La Fiscalía solicitó 36 meses, el plazo máximo contemplado en la legislación peruana.
Eficcop pide 36 meses de prisión preventiva para Nicanor Boluarte
El pedido del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) involucra a Nicanor Boluarte y a otros cinco implicados: Jorge Luis Ortiz, Zenovia Herrera, Noriel Chingay, Jorge Chingay y Mateo Castañeda.
Según a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte habría liderado una presunta organización criminal que habría captado personas alineadas a sus intereses para colocarlas en puestos clave de entidades del Estado como Prefecturas y Subprefecturas a nivel nacional, así como el Instituto Peruano de Deporte (IPD) y Provias Descentralizado.
De acuerdo al Artículo 268 del Código Procesal Penal, un juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva contra un investigado si cumple con los siguientes requisitos: que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo; y que la sanción a imponerse sea superior a cinco años de pena privativa de libertad.
En este sentido, también se deberá cumplir que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permitan evidenciar que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).
