Congreso condena la represión en Venezuela, pero no la que hubo en Perú
El fujimorismo y sus aliados aprobaron dos mociones contra la represión de la dictadura de Nicolás Maduro. Se trata de las mismas bancadas que protegieron a Dina Boluarte de la denuncia por las muertes en las protestas.
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La coalición autoritaria que domina este Congreso aprobó ayer dos mociones para condenar las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición en Venezuela.
La primera moción fue impulsada por Fuerza Popular y la segunda por Avanza País, para solidarizarse con los venezolanos que protestan contra Maduro y han sido víctimas de represión. Ambas propuestas fueron acumuladas para tener un texto sustitutorio que recibió 63 votos a favor, 25 en contra y 13 abstenciones.
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Los congresistas que respaldaron esa moción son de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Renovación Popular, Honor y Democracia, Podemos Perú, Somos Perú y Acción Popular en su mayoría. Mientras que en la izquierda algunos legisladores votaron en contra y otros en abstención.
Fujimorismo con doble rasero
En el debate, el primero en tomar la palabra fue el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los autores de la ley de impunidad para delitos de lesa humanidad. Condenó la represión en Venezuela y aplaudió la posición del canciller Javier González-Olaechea contra la dictadura de Maduro.
“Este Congreso debe dar un voto de aplauso por haberse enfrentado a la dictadura y reconocer que el Gobierno tiene una posición adecuada frente a la dictadura comunista-chavista”, expresó.
El legislador fujimorista intentó equiparar el fraude electoral de Venezuela con los resultados de los comicios del 2021 en nuestro país, cuando su lideresa Keiko Fujimori fue derrotada por Pedro Castillo y denunció la alteración de los resultados.
“El sistema electoral fue manipulado el 2021 y podría ser manipulado en 2026. Necesitamos poner los candados necesarios para que eso no ocurra”, demandó Rospigliosi, nuevo presidente de la Comisión de Constitución.
Se sumó la fujimorista Patricia Juárez para sostener que “es inadmisible que cualquier gobierno utilice la fuerza para silenciar la voz de la oposición”.
En el rol de oradores también participó el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero. “Esto ya no es una cuestión de izquierda y de derecha, es una cuestión de demócratas y no demócratas”, manifestó.
Les mostraron su incoherencia
Un sector de la izquierda en el Congreso protestó con una defensa injustificada del régimen de Maduro, pero también le recordó al fujimorismo y sus aliados el silencio y su defensa al Gobierno de Boluarte, quien es investigada por la muerte de 44 personas durante las protestas del 2022 y 2023.
La congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque recordó que las bancadas de la coalición legislativa –FP, APP y sus aliados– aprobaron una ley de impunidad para delitos de lesa humanidad. Sin embargo, por el caso Venezuela este bloque exige respeto a los derechos humanos.
“En Venezuela hay un grave deterioro institucional, pero de ninguna manera voy a votar por una moción de quienes además lideran todo lo contrario y quieren dar un mensaje de derechos humanos, pero lideran leyes de impunidad”.
Blindaron a Boluarte
Además, el legislador del Bloque Magisterial Germán Tacuri rememoró que este Congreso no ha tenido la misma indignación para condenar la represión del Gobierno de Boluarte en las protestas de regiones. Prueba de eso, puntualizó, es que fue rechazada una moción para crear una comisión que investigue las muertes en esas movilizaciones.
Y cabe recordar también que el 18 de julio, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, las mismas bancadas que ahora se indignan por las violaciones de derechos humanos en la dictadura de Maduro declararon improcedente una denuncia constitucional que había presentado la Fiscalía de la Nación contra Boluarte por homicidio y lesiones graves en las protestas del 2022 y 2023.
Definieron integrantes de comisiones
El primer tema que abordó el Pleno fue la aprobación de la composición de las 24 comisiones ordinarias del Congreso.
Por otro lado, se confirmó que la congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña será la nueva presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
APP ha pedido que la congresista no agrupada María del Carmen Alva sea accesitaria en la Comisión de Constitución en representación de este grupo parlamentario. Falta definir quién será el presidente de la Comisión de Ética.
