Dina Boluarte ya no será investigada por el delito de genocidio: Fiscalía dispone archivo por las muertes en protestas
El primer ministro Gustavo Adrianzén dio a conocer esta decisión fiscal. Sin embargo, las investigaciones por el delito de homicidio calificado y lesiones graves continúan en curso.
La Fiscalía de la Nación decidió no continuar con las investigaciones contra Dina Boluarte por el presunto delito de genocidio. El Ministerio Público archivó definitivamente el caso e indicó que no hay mérito para formular una denuncia constitucional al respecto.
"De conformidad con lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas... se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Dina Boluarte... archivar definitivamente los antecedentes... en la modalidad de genocidio", se observa en el documento de la Fiscalía.
Esta decisión también recae sobre Pedro Angulo; extitular de la PCM, Alberto Otárola y Jorge Chávez Cresta, en condición de exministros de Defensa, César Cervantes y Víctor Rojas, como exministros del Interior.
Cabe precisar que si bien esta denuncia se ha paralizado, todavía siguen en pie las investigaciones contra los mismos imputados por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Los familiares de los fallecidos durante las protestas salieron a protestar durante Fiestas Patrias. Foto: La República
Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud
En horas de la tarde, luego de que se dispusiera el archivo definitivo por el delito de genocidio contra Dina Boluarte, el Ministerio Público presentó otra denuncia constitucional contra la presidenta y los mismos imputados, pero esta vez por los presuntos delitos contra la vida y la salud en la modalidad de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.
"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", se lee.
Dina Boluarte: Congreso rechaza tramitar denuncia en su contra por muertes en las protestas
Por su parte, el Congreso, a mediados de julio, decidió rechazar el trámite de la denuncia constitucional 425 en contra Dina Boluarte y los otros investigados por los presuntos delitos de homicidio y lesiones graves. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió declararla improcedente; no obstante, la Comisión Permanente aún debe ratificarla en las próximas semanas.
Con 14 votos a favor de las bancadas de Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso (APP), Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia y Renovación Popular, se dio el primer paso para protegerla de ser investigada por violaciones de derechos humanos.
Esta denuncia constitucional había sido formulada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Dina Boluarte. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones, había presentado un informe de calificación que declaraba su procedencia.
Fiscalía inició investigación contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por genocidio y homicidio en enero de 2023
En enero de 2023, la Fiscalía anunció esta investigación preliminar contra estas autoridades tras la masacre ocurrida en diciembre de 2022 tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
En aquella ocasión, el despacho fiscal de Patricia Benavides inició estas diligencia preliminares luego de las 17 muertes producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Juliaca, Puno.
“La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones de los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”, precisó el Ministerio Público en aquella oportunidad.
APRODEH sobre DC contra Dina Boluarte por muertes en protestas: "La verdad y la justicia prevalecerán"
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) no fue ajena a la discusión y se pronunció luego de que el Ministerio Público presentara una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y exministros de Estado por los presuntos delitos contra la vida y la salud en el contexto de violaciones de derechos humanos registradas en las protestas sociales antigubernamentales a finales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.
Acusación también alcanza a los exministros Otárola, Jorge Chávez, entre otros. Foto: Asociación Pro Derechos Humanos- X.
"La Fiscalía presentó una denuncia contra Dina Boluarte por delitos contra la vida y la salud en el contexto de violaciones a los derechos humanos. En APRODEH, seguimos firmes en apoyar a las víctimas y buscar justicia. ¡La verdad y la justicia prevalecerán!", indicaron en una publicación.
Dina Boluarte recibiría como mínimo 15 años de prisión por muertes en protestas, según delitos incluidos en denuncia de Fiscalía
Joseph Campos, abogado de la mandataria Dina Boluarte, anunció el archivamiento de la investigación por genocidio contra la presidenta. Sin embargo, pocas horas después, el Ministerio Público presentó una nueva denuncia constitucional contra Boluarte por la muerte de 44 peruanos durante la represión policial en las protestas contra su gobierno, ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Dina Boluarte llegó a la presidencia en diciembre de 2022. Foto: Andina
El abogado penalista Andy Carrión señaló a La República que, según el artículo 108 del Código Penal Peruano, la pena contemplada para este delito es "como mínimo 15 años de prisión", en referencia a las implicancias del delito por homicidio calificado.
“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: por ferocidad, codicia, lucro o por placer; para facilitar u ocultar otro delito; con gran crueldad o alevosía; y por fuego, explosión o cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas”, se lee en el artículo 108.
