Política

Congresista Ruth Luque sobre el Congreso y el Gobierno de Boluarte: "Estamos ante una coalición mafiosa"

La parlamentaria criticó duramente las recientes acciones del Congreso y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que "vivimos en una dictadura".

En medio de las movilizaciones convocadas por gremios de la CGTP, la congresista criticó la respuesta represiva del Gobierno en protestas anteriores. | Composición LR/Andina
En medio de las movilizaciones convocadas por gremios de la CGTP, la congresista criticó la respuesta represiva del Gobierno en protestas anteriores. | Composición LR/Andina

La congresista Ruth Luque fue entrevistada por 'Epicentro TV' durante el desarrollo de las movilizaciones convocadas por los gremios de la CGTP el día de ayer, 19 de julio, contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quienes exigen el aumento del sueldo mínimo. El medio periodístico le consultó a la parlamentaria respecto a las marchas que también se han convocado para los próximos días en contra de la jefa de Estado y los proyectos de ley aprobados recientemente por el Congreso de la República.

"¿Estamos ante una coalición mafiosa y autoritaria? Sí. ¿Vivimos una dictadura? Sí, y una dictadura no va a caer rápido. Desde mi punto de vista, lo que necesitamos hacer es fortalecer la movilización social, garantizar y recuperar el tema de la protesta", expresó la parlamentaria de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú.

Luque agregó también que las protestas han venido siendo criminalizadas por parte del Gobierno y que, en su actuar como congresista, le es imprescindible defenderla. Este tema se da luego que recientemente el informe de Amnistía Internacional señalara como posible 'autora inmediata' a la presidenta Dina Boluarte por las muertes en las protestas de 2022 y 2023

Finalmente, con relación a las próximas movilizaciones convocadas contra el Legislativo y el Gobierno, desde 'Epicentro TV' le consultaron a Ruth Luque si estas no serían una 'disgregación' por parte de la sociedad civil organizada. "Yo creo que son distintas marchas, pero movilizadas por lo mismo, que es la defensa de la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Esta es una movilización nacional que hace mucho tiempo los sindicatos y la CGTP han convocado, planteando distintos temas como el hambre y la defensa del agua potable, entre otros", acotó la congresista.

Gobierno minimiza informe de Amnistía Internacional

Tras la publicación de Amnistía Internacional titulado "Perú: ¿Quién disparó la orden?", el 18 de julio, Gustavo Adrianzén, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), rechazó el informe en nombre del gobierno de Dina Boluarte. Enfatizó además que "el Estado no responde a las ONG" y que sus relaciones son exclusivamente con organismos internacionales reconocidos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.

"No hace más que ratificar que hay sesgo político, con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde se habló de racismo letal en uno de los apartados. (…) Nosotros no aceptamos que se siga instrumentalizando estos hechos con fines políticos", expresó Adrianzén.

Congreso rechazó tramitar denuncia por muertes en protestas

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) decidió no admitir la denuncia constitucional 425 contra Dina Boluarte, que la acusaba de homicidio calificado y lesiones graves por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno entre 2022 y 2023. La resolución fue respaldada por 14 votos de varias bancadas, incluyendo Fuerza Popular, Bloque Magisterial, Alianza Para el Progreso, Perú Bicentenario, Podemos Perú, Honor y Democracia, y Renovación Popular.

La denuncia, presentada en noviembre del año pasado por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, había sido previamente calificada por un informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales bajo la presidencia de la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Lady Camones. La decisión final de la subcomisión este último 18 de julio evita que Boluarte sea investigada por posibles violaciones de derechos humanos en relación con las protestas.