Vladimir Cerrón: Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva en su contra por caso Antalsis
El prófugo líder de Perú Libre es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y otros, en perjuicio del Estado.
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El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, en el marco del proceso penal relacionado con el caso Antalsis.
La Fiscalía Penal encargada del caso ha solicitado que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones impuesto a Vladimir Cerrón Rojas y que se le dicte prisión preventiva por 18 meses. Esto se enmarca en el proceso penal que se le sigue por presuntos delitos de colusión agravada y otros, en perjuicio del Estado.
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La Fiscalía presentó esta solicitud debido a que Vladimir Cerrón, también ex presidente regional de Junín, no ha cumplido con las reglas de conducta establecidas en el mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso en este caso.
En este contexto, la Fiscalía expresó su oposición y solicitó que se declare infundado el pedido de Vladimir Cerrón, realizado a través de su defensa legal, para cambiar el mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso en este caso.
El juez Leodan Cristóbal Ayala ha programado una audiencia de carácter presencial para el martes 18 de junio, con el fin de evaluar las solicitudes del Ministerio Público y de Vladimir Cerrón. La audiencia se llevará a cabo a partir de las 3 de la tarde en la sede de la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima.
Se amplían investigaciones contra Vladimir Cerrón
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha iniciado una investigación preparatoria contra el prófugo Vladimir Cerrón Rojas, exgobernador regional de Junín, y contra ocho exfuncionarios, por su implicación en irregularidades durante la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Manuel Higa Arakaki” en Satipo.
Este proceso investigativo, liderado por el fiscal Víctor Aliaga Muñoz, pone en evidencia una serie de acciones que podrían configurar delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
El proyecto, marcado por decisiones cuestionables, incluye la asignación de la obra a un sitio que carecía de disponibilidad física, una circunstancia que, de acuerdo con las normas vigentes, debería haber derivado en la nulidad del proceso y la elaboración de un nuevo expediente técnico. Sin embargo, el contrato fue adjudicado al consorcio Arakaki a pesar de que este no presentó el desglose de partidas para el plan de contingencia, como se exigía en las bases de licitación.
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