Política

PJ autoriza levantar el secreto de las comunicaciones de Magaly Ruiz por recorte de sueldos

La Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la parlamentaria de APP por ser la presunta autora del delito de concusión.

Magaly Ruiz habría amenazado a sus trabajadores para que no declaren a la Fiscalía, según testigos. Foto: Congreso
Magaly Ruiz habría amenazado a sus trabajadores para que no declaren a la Fiscalía, según testigos. Foto: Congreso

El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la congresista Magaly Ruiz, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), en el marco de la investigación que se le sigue por presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho congresal. El Ministerio Público le ha atribuido el presunto delito de concusión.

En tanto, la resolución de juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso “declarar fundado el Requerimiento de Levantamiento del Secreto de las Comunicaciones formulado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación contra los investigados Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, Jaime Edward Sánchez Parra y Camila Melissa Mantilla Heredia”.

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Foto: resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley

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En razón de ello, se dispuso el levantar el secreto de las comunicaciones en su forma de intervención de las comunicaciones históricas a fin de que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones America Movil del Perú S.A.C (Claro), Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar), Viettel Perú S.A. (Bitel) y Entel S.A. (Entel), remitan al Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación, información respecto a los números telefónicos celulares registrados a nombre de  la parlamentaria.

Estas empresas de telecomunicaciones deberán remitir la información correspondiente al reporte de llamadas entrantes, salientes y perdidas, reporte de mensajes de texto y de voz entrantes y salientes, a fecha, hora, tiempo de duración de las llamadas entre otros detalles que ayudarán a aclarar cómo se gestionaron las presiones hacia los trabajadores del despacho de Magaly Ruiz para concretar el recorte de sus remuneraciones.

Fiscalía presentó denuncia constitucional

En tanto, la Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó —el miércoles 24 de mayo— una denuncia constitucional contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), por ser la presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en perjuicio del Estado, por el caso de recorte de sueldos a trabajadores del Parlamento.

“En cuanto al delito de concusión, lo hechos están referidos a la contratación —como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la Emergencia Sanitaria del Congreso de la República— de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano; delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada, vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia en el despacho congresal”, se lee el comunicado.

En tanto, el Ministerio Público informó que el último 11 de abril se iniciaron diligencias preliminares contra la parlamentaria Magaly Ruiz, Richard Rojas Gómez y Alex Rojas Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible. A Richard Rojas Gómez también se le imputa por patrocinio ilegal.

Magaly Ruiz habría amenazado a trabajadores para que no declaren

En enero del 2024, dos extrabajadores del despacho de Magaly Ruiz contaron ante Fiscalía que se les recortó parte de algunos bonos y que, además, cada mes debían alimentar una suerte de caja chica para gastos de la congresista. Uno de estos extrabajadores incluso refirió que recibió amenazas para no decir la verdad en sus primeras declaraciones ante el ministerio Público.

“Estuve condicionado por la congresista a no declarar la verdad. Pues, caso contrario, perdería mi trabajo y se me cerrarían puertas laborales en el Congreso. Me dijeron que ya sabía que tenía que hacer y que estaba bajo constante evaluación”, relató el testigo protegido.

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