Diviac detuvo a 7 personas de la red de fiscal Patricia Benavides
Valkiria XI. A los exasesores de la suspendida fiscal, Miguel Girao y Abel Hurtado, por canjear votos para la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos y beneficiar a un contratista del Ministerio Público. También al abogado José Castillo, la empresaria Mirtha Gonzales y el capitán Jorge Rodríguez por negociar con Benavides favores para miembros de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Mientras tanto, en horas de la noche, la Fiscalía a cargo pidió ante el juez el impedimento de salida del país de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y lo informó mediante un comunicado oficial.
Siete personas acusadas de pertenecer a la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, fueron detenidas en la mañana del martes como parte de la denominada operación Valkiria XI, que ejecutaron por mandato judicial agentes de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
La operación se registró pocos días después de que Patricia Benavides se defendiera ante la acusación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de haber favorecido a su hermana, la jueza Enma Benavides, al destituir a la fiscal Bersabeth Revilla que la estaba investigando por corrupción. Benavides aseguró sin mostrar pruebas que supuestamente la quieren destituir “porque nunca iba a permitir que la Fiscalía sea la chacra del poder político o mediático”.
La acción policial se cumplió en coordinación con el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), que encabeza la fiscal superior Marita Barreto, quien cuenta con un grupo de apoyo compuesto por agentes de la Diviac.
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Los primeros detenidos durante la operación Valkiria XI fueron los exasesores de Patricia Benavides, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado Espinoza. Después de que el 26 de noviembre de 2023 fuera arrestado el exasesor principal de Benavides, Jaime Villanueva Barreto, este se acogió a la colaboración eficaz e implicó en actividades ilícitas a sus excolegas Girao y Hurtado.
Por ejemplo, negociar con congresistas de diferentes bancadas con investigaciones fiscales en curso para que voten a favor de la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos a cambio del archivo de sus expedientes. O la destitución de fiscales incómodos para Patricia Benavides, como las fiscales Bersabeth Revilla y Magaly Quiroz, y el reemplazo de estas por otros fiscales dispuestos a cumplir las órdenes de la suspendida fiscal de la Nación.
Pero en esta ocasión el Eficcop les imputa haber negociado la orientación de contratos del Ministerio Público a favor de una empresa cuyo representante pagó sobornos a los implicados, incluyendo a Patricia Benavides.
Cómplices. Mirtha Gonzáles Yep y José Castillo Alva negociaban con Patricia Benavides favores para miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Foto: difusión
Un caso específico es la compra de 729 computadores por S/3 millones a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú, de Giancarlo Valer Enciso. De acuerdo con el colaborador eficaz Jaime Villanueva, el exasesor Miguel Girao organizó el fraude con la aprobación de Benavides, quien recibió en compensación S/30.000. Por este hecho, el empresario Giancarlo Valer fue detenido en la mañana del martes.
Como parte del esquema de corrupción de este caso, que consistía en la manipulación de las contrataciones y adjudicaciones, el 17 de mayo de 2023 la suspendida fiscal Patricia Benavides designó en el cargo de confianza de gerente central de la Oficina General de Logística a Jorge Palomino Quesada. Conforme a las declaraciones de Jaime Villanueva, Palomino torció la contratación de los computadores a la empresa de Giancarlo Valer. Por esta razón, la Diviac también arrestó a Jorge Palomino.
Respecto al exasesor Abel Hurtado, el Eficcop le atribuye el delito de cohecho pasivo específico por haber participado junto con Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao en la reunión con el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para confabular sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Benavides archivaría los casos de los congresistas investigados, incluido el mismo Soto, por el caso Fábrica de Trolls, si el Congreso desaforaba a la JNJ, que la estaba indagando con fines de destitución.
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La lista de siete detenidos en la mañana del martes la completan el abogado acusado de integrar Los Cuellos Blancos del Puerto, José Castillo Alva; la empresaria y pareja Mirtha Gonzáles Yep; y el capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, adscrito a la Diviac.
La imputación del Eficcop contra Castillo y Gonzáles indica que estos captaron a cambio de dinero al capitán Jorge Rodríguez para favorecer con sus informes a Patricia Benavides. Durante la investigación que la JNJ le abrió a la suspendida fiscal de la Nación, su abogado Jefferson Moreno Nieves contactó con el capitán Rodríguez, que estaba a órdenes de Castillo y Gonzáles. Cuando la JNJ pidió un reporte al capitán Rodríguez sobre siete comunicaciones entre Benavides y el empresario e integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto Antonio Camayo Valverde, el oficial de la Diviac respondió falsamente que no hubo contacto entre ambos.
El abogado José Castillo Alva ofreció los servicios del capitán Jorge Rodríguez a Patricia Benavides a cambio de la destitución de la coordinadora del equipo especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Magaly Quiroz Caballero, y la designación de fiscales en el mismo equipo para que le informaran de todas las actuaciones contra la organización criminal. El Eficcop confirmó estos hechos ilícitos. La suspendida fiscal de la Nación destituyó a Magaly Quiroz y designó a otros fiscales que servirían como ‘topos’ de José Castillo Alva.
Arrestados. Izquierda, funcionario del MP Jorge Palomino Quezada; derecha, capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, de la Diviac. Foto: difusión
En la misma jornada del martes fueron allanadas con propósito de registro e incautación las viviendas de otras 10 personas:
— Johan Chauca Iparraguirre, gerente del proveedor Inversiones Tecnológicas del Perú, que pagó una coima a funcionarios del Ministerio Público y presuntamente a Patricia Benavides.
— Jenny Ochante Cahuana, especialista en adquisiciones del Ministerio Público, que facilitó la compra de computadoras a la empresa que abonó los sobornos.
— Franccesco Franco Flores, asistente administrativo de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, que sería parte del esquema de corrupción.
— Gustavo Bullón Ausejo, director de Ventas de Inversiones Tecnológicas del Perú, la empresa señalada como favorecida por Benavides.
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— Manuel Altamirano Ramírez, operador en contrataciones del Estado, implicado en la orientación de las adjudicaciones.
— Blanca Arce Barboza, directora del Programa Nacional de Saneamiento Rural, que presuntamente contrató con Inversiones Tecnológicas del Perú.
— Freddy Zavala Celi, jefe de la Oficina General de Administración de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
— Camilo Peirano Blondet, empresario que fue investigado por lavado de activos.
— Óscar Nieves Vela, abogado.
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El Eficcop señala que el abogado Nieves presuntamente entregó dinero al fiscal Marco Huamán Muñoz y a los exasesores de Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao, para archivar el caso de lavado contra Camilo Peirano.
La residencia del director del portal de noticias Sudaca, Juan Carlos Tafur Rivera, también fue objeto de allanamiento e incautación durante la operación Valkiria XI.
Según el expediente del caso, Tafur supuestamente, en coordinación con personas relacionadas con Patricia Benavides, acordó publicar el artículo titulado ‘Fiscales del caso Cuellos Blancos se convierten en defensores de Walter Ríos’. El Eficcop indica que se presume que Tafur conversó sobre la publicación de la nota con el abogado José Castillo, detenido ayer martes, señalado como integrante de Los Cuellos Blancos del Puerto.
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Juan Carlos Tafur negó la acusación y sostiene que se trata de una represalia de la coordinadora del Eficcop, la fiscal superior Marita Barreto. Tafur indicó que lo que disgustó a Barreto fue que Sudaca revelara el viaje secreto que hizo la fiscal al extranjero para reunirse con la empresaria Sada Goray Chong. Y reconoció: “Yo apoyé a la fiscal Benavides porque consideraba que su participación fue determinante para lograr la caída de Pedro Castillo”. Los periodistas no deben ser investigados por sus opiniones.
Cuidado con la libertad de expresión
Análisis. César Romero Calle, editor Judicial
Creo que es necesario luchar contra la corrupción y que los fiscales merecen todo el respaldo y apoyo. Por eso mismo, considero que ellos deben ofrecer la máxima transparencia en sus decisiones y estar abiertos a todo tipo de críticas y expresiones negativas.
Esto no se ve en los Equipos Especiales Cuellos Blancos y Contra la Corrupción en el Poder. Aplauden y promueven las notas favorables, pero desatan una cacería contra los que los critican.
En abril del 2023, el fiscal Andy Junior, del equipo de Magaly Quiroz, decidió iniciar una investigación secreta a Juan Carlos Tafur y a mí por un par de artículos críticos a su labor. Él decidió que éramos un instrumento del delito y optó por utilizar el poder estatal para investigar a los periodistas: se autoproclamó víctima, juez y verdugo.
Un año después, no encontraron nada. Hoy, el fiscal Freddy Niño Torres cree que su jefa, la fiscal Marita Barreto, es víctima de la prensa. Entonces, él decide salvarla, recoge los documentos de Andy y allana la casa del director de Sudaca, Juan Carlos Tafur.
En su resolución también me incluye. Soy un arma del crimen, dice, pero no me toca. Esa incertidumbre me genera varias dudas.
¿Quién pidió el allanamiento? Creo que lo hizo Barreto y el niño solo firmó. ¿Quién realizará la investigación? Creo que Marita, Magaly Quiroz y Niño Torres lo jugarán a los dados. ¿Puede haber dos investigaciones del mismo hecho?
