Socia política de Oscorima ganó millonario contrato por sorteo simulado
El Proyecto Especial Legado adjudicó una obra de S/24,9 millones a Esperanza Rojas, dueña del partido de Wilfredo Oscorima. El OSCE anuló el proceso por irregularidades, pero segunda vez Legado hizo un “sorteo” y volvió a ganar Rojas. OSCE responsabiliza a Legado. Legado responde que fue OSCE. El contrato debería ser anulado.
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Es como ganar la lotería dos veces seguidas.
El 29 de diciembre del 2023, antes del estallido del escándalo de los relojes Rolex de la jefa de Estado, un Comité de Selección del Programa Especial Legado, la entidad estatal encargada de la realización de los Juegos Bolivarianos 2024, adjudicó el proyecto de construcción de un comedor para los deportistas, a un grupo de empresas que se autodenominó Consorcio Bicentenario I. La representante del consorcio ganador fue Esperanza Rojas Gutiérrez. En ese momento nadie reparó en que Rojas era socia política y amiga íntima del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez. Ahora se sabe que no es un dato menor.
Sin embargo, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), al revisar los actuados por el Comité de Selección del Proyecto Especial Legado, observó la adjudicación al Consorcio Bicentenario I de Esperanza Rojas, la allegada a Wilfredo Oscorima, muy interesado en la habilitación del comedor en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. El OSCE detectó que Legado entregó la obra de S/24,9 millones al consorcio ayacuchano, mediante un proceso deficiente, por lo que dispuso que lo hiciera de nuevo. Un proceso deficiente que favorecía a la socia política de Oscorima, el “wayki” (hermano) de la presidenta Dina Boluarte, como ella lo ha identificado. Como en esa fecha no se sabía nada de los Rolex ni de las joyas de Oscorima, a nadie le importó lo sucedido.
El OSCE declaró nulo el proceso y ordenó al Proyecto Especial Legado que lo hiciera todo de nuevo. De acuerdo con fuentes de OSCE consultadas por La República, tres fueron las “deficiencias” detectadas en la adjudicación en beneficio del consorcio de Esperanza Rojas, socia política y amiga íntima de Oscorima. Entre ellas, los adelantos previstos para el consorcio superan el 10% del total de la obra, y los profesionales presentados para ejecutar la construcción, estaban sin colegiatura ni habilitación acreditadas.
El viernes último una investigación de La República evidenció que durante la gestión de su amigo y socio político Wilfredo Oscorima, Esperanza Rojas ganó 5 contratos por S/51,6 millones, entre 2013 y 2015. ¡La empresa Rojas no iba a dejar escapar un nuevo contrato millonario! ¿No sabían Legado y OSCE quién era Esperanza Rojas Gutiérrez?
Y así lo hizo el Comité de Selección del Proyecto Especial Legado, conformado por Rurick Olano Altamirano, Pelayo Benavente Ramírez y Miguel Tacure Muñoz. El 29 de enero de este año –con anterioridad al destape de los Rolex y las joyas de Boluarte–, el comité hizo la nueva convocatoria para la construcción del comedor destinado a los atletas de los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024, en la sede de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
Las cartas marcadas
Para el 8 de febrero, 11 postores acreditaron sus propuestas, y luego de una evaluación, el comité escogió a 5 que ofertaron el mismo monto, en el siguiente orden, de acuerdo con fuentes del Proyecto Especial Legado a las que consultó La República. Los 5 presentaron el mismo monto, hasta el último céntimo: S/22.447.577,34, y en el siguiente orden:
1. Consorcio Bicentenario I
2. Consorcio Comedor Legado
3. Consorcio Yaracuy
4. Consorcio Vista Llena
5. Consorcio Huamanga Legado
Esto es llamativo.
Segunda vez que el Consorcio Bicentenario I de Esperanza Rojas gana la obra millonaria.
¿Cómo es que el Consorcio Bicentenario I volvió a obtener el puesto número uno, como en el primer proceso que fuera anulado por OSCE?
La República hizo la pregunta al Proyecto Especial Legado. Respondió que el Comité de Selección no hizo la lista de lista de los 5 finalistas sino el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), que lo maneja el OSCE. “Tal como lo determina el reglamento de la Ley 30225, las propuestas finalistas que empataron en puntaje, ingresaron al SEACE para que defina el orden de prelación y final adjudicación de la buena pro de esta obra, mediante un sorteo electrónico, sobre el cual (el Proyecto Especial) Legado no tiene control ni injerencia alguna”, indicaron las fuentes de la entidad.
En esta línea, las fuentes de Legado indicaron que fue el SEACE, y no el organismo, el que ubicó en el puesto número uno al Consorcio Bicentenario I, representada por Esperanza Rojas, amiga y socia política de Wilfredo Oscorima, a su vez amigo, “wayki”, de la mandataria Dina Boluarte.
Así lo comunicó Legado a La República: “El 23 de febrero del 2024, SEACE determinó que el primer lugar de prelación lo ocuparía el postor Consorcio Bicentenario I”.
El 19 de marzo, con la presunta bendición del OSCE, el Proyecto Especial Legado firmó el contrato. Por el Consorcio Bicentenario I, estampó su rúbrica Esperanza Rojas Gutiérrez, la reina de las contrataciones del Gobierno Regional de Ayacucho durante el mandato de Wilfredo Oscorima. Nadie dijo una palabra porque en esa fecha todavía no se hacía público el caso de los Rolex y las joyas de la jefa de Estado.
Solo para recordar, el Proyecto Especial Legado es un organismo directamente dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros. Alberto Otárola Peñaranda había renunciado por otro escándalo el 5 de marzo. El contrato se suscribió durante la actual gestión de Gustavo Adrianzén.
Un contrato a la medida
Lo sorprendente es que cuando La República informó al OSCE que el Proyecto Especial Legado le atribuía haber adjudicado el proyecto al Consorcio Bicentenario I, el organismo lo negó todo. No era cierto. ¡Fue Legado! El organismo que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El OSCE señaló que es cierto que el SEACE hizo el sorteo de las empresas cuyas ofertas quedaron empatadas. Pero OSCE precisó que Legado estaba en la obligación de que los 5 finalistas fueran sometidos a un proceso de evaluación.
“Obtenidos los resultados del sorteo, Legado calificó a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación definido por el SEACE, debiendo verificar que cumpliesen con los requisitos de calificación correspondientes a la experiencia del postor previstos en las bases de la contratación”, explicó la entidad.
Esto es, el sorteo del SEACE solo definió el orden de prelación de los postores, ubicando al Consorcio Bicentenario I en primera posición, lo que significaba que había ganado el proceso de adjudicación. La buena pro a favor al consorcio de Esperanza Rojas, fue una decisión y facultad de Legado, de acuerdo con fuentes del OSCE consultadas por este periódico.
OSCE no dejó dudas de que Legado le dio el proyecto de S/22,4 millones al Consorcio Bicentenario I.
“Legado consideró calificadas a las 5 ofertas, por lo que le otorgó la buena pro al Consorcio Bicentenario I, que obtuvo el primer lugar en el orden de prelación, al determinar que dicho consorcio cumplía con los requisitos exigidos en las bases (del proceso)”, precisaron las fuentes del OSCE.
Y añadió OSCE: “Al haberse suscrito el contrato con el referido consorcio, se colige que, a criterio de la entidad (Legado), el mencionado consorcio cumple con los requisitos”.
Por lo que la versión de Legado no es verdad, conforme al OSCE.
Segunda vez que el Consorcio Bicentenario I de Esperanza Rojas gana la obra millonaria.
“El SEACE no califica las ofertas presentadas, ni adjudica la buena pro, actuaciones que son efectuadas con posterioridad al sorteo electrónico realizado en la plataforma SEACE y son de exclusiva competencia de Legado”, concluyeron las fuentes del OSCE.
El 14 de marzo, el portal periodístico La Encerrona difundió una investigación sobre los Rolex de la jefa de Estado. Pero entonces todavía no se mencionaba a Wilfredo Oscorima, el amigo y socio político de Esperanza Rojas. Así que, cinco días después del destape de los relojes, el 19 de marzo, la representante del Consorcio Bicentenario I, Esperanza Rojas, la “hermana” de Wilfredo Oscorima –el “wayki” (hermano) de la mandataria Boluarte– firmó el millonario contrato con Legado. Si todo es evidentemente anómalo, ¿no debería anularse el contrato?
El doble rasero de OSCE
Sabiendo que el proceso de contratación dirigido por el Proyecto Especial Legado, OSCE no parece actuar de manera tan diligente, como sí lo ha hecho contra el Grupo La República Publicaciones, que edita los diarios La República, El Popular y Líbero. Los funcionarios de OSCE aplicaron de manera antojadiza la ley 30229, con el pretexto de que la hija de una accionista del diario fue ministra de Comercio, entre noviembre del 2020 y julio del 2021.
La misma OSCE y diversas sentencias del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial han reconocido que la prohibición señalada por la Ley 30229 es para el sector en el que labora la persona vinculada, es decir, el Ministerio Comercio Exterior y Turismo. El OSCE cuestionó todos los contratos con municipalidades y el Poder Judicial donde dicho ministerio no tiene injerencia alguna.
Esa rapidez y persistencia no se observa en el caso del contrato a todas luces sospechoso, adjudicado a Esperanza Rojas, la socia política de Wilfredo Oscorima, amigo de la presidenta Boluarte.
OSCE inició 109 procesos sancionadores contra el Grupo La República y le impuso 46 sanciones, inicialmente de hasta seis meses, y luego a perpetuidad, para no contratar con el Estado.
La República ha recurrido al sistema judicial, en el que se ha comenzado a dejar en evidencia el despropósito del OSCE contra este medio que es crítico con el actual Gobierno.
Una a una las sanciones serán anuladas y los funcionarios responsables de la OSCE deberán asumir las consecuencias de actuar en contra de la ley de manera concertada.
Fundador y jefe de la Unidad de Investigación. Estudió en la UNMSM, ha culminado una Maestría en su especialidad y enseña Periodismo de Investigación en la UPC. Es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Es corresponsal del diario argentino Clarín y de la revista mexicana Proceso.
