Obras siguen paralizadas pese a ley de “reactivación”
Lenta implementación. Norma fue diseñada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso en octubre de 2022. A casi un año y medio, la Contraloría reporta 2.205 obras detenidas. Responsabilidad alcanza a los tres niveles de gobierno.
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En su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el contralor Nelson Shack informó ayer que a la fecha existen 2.205 obras públicas paralizadas a nivel nacional y ninguna de estas ha podido ser destrabada hasta la fecha, a pesar de una ley promulgada en octubre del 2022 para la supuesta “reactivación”.
“Lamentablemente, de todas estas obras paralizadas, ¿cuántas se han reactivado en el marco de la ley 31589?, ninguna”, expresó el funcionario.
La citada ley 31589 surgió a iniciativa del Poder Ejecutivo, por entonces a cargo de Pedro Castillo y el entonces primer ministro, Aníbal Torres. La propuesta fue dictaminada por la Comisión de Economía y luego fue aprobada por el Congreso. El texto final fue publicado en El Peruano el 22 de octubre del 2022, bajo el nombre de ‘Ley que garantiza la reactivación de obras públicas paralizadas’.
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El contralor Nelson Shack calificó a dicha norma como buena, debido a que permite mecanismos céleres de contratación, tanto para la formulación de expedientes de saldo, como para la ejecución física de la obra.
La ley también permite resolver problemas de arbitraje. “Esa ley es muy importante y poderosa”, dijo el funcionario.
Las cifras en detalle
De las 2.205 obras públicas paralizadas, 328 (15%) están bajo la responsabilidad del Gobierno nacional. Hay un 228 (10%) que corresponden a los Gobiernos regionales. Y la mayor cantidad están en la cancha de las municipalidades: 1.649 (75%).
La mayoría de estas obras abandonadas (682) son infraestructura de transportes y comunicaciones, y hay 380 obras paralizadas del no menos importante sector educación.
En cuanto a la ubicación de estas obras, las regiones que concentran el mayor número de trabajos detenidos se encuentran en Cusco (312), Puno (274), Lima (180), Áncash (139) y Cajamarca (128) (ver detalles en la tabla adjunta).
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Mala implementación
Luego de la promulgación de la ley 31589, en octubre del 2022, según Nelson Shack, ninguna gestión se animó a implementar la norma, pues ya estábamos en una etapa de transferencia de gestión para el caso de los Gobiernos regionales y locales. Pero llegó el 2023 y “muy pocos han empezado a hacer uso de esos mecanismos legales”.
Una de las razones para la falta de implementación fue el desconocimiento de la ley. “El Congreso saca una norma, pero no siempre esa norma es conocida por los gestores”, explicó, al tiempo de comentar que tampoco hubo capacitaciones.
Frente a este diagnóstico adverso, la Contraloría ha tenido mesas de trabajo directo en Apurímac, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Huánuco y Ucayali para empezar a destrabar. El funcionario detalló que en algunos casos “ni siquiera sabían que se podía reactivar la obra”.
De momento, de las 2.205 obras detenidas, hay 612 que podrían ser reactivadas, pues los responsables han iniciado las gestiones para tal fin.
Shack apuntó que si los procesos avanzan, recién este año se podría reiniciar la ejecución de las obras, previa asignación de créditos suplementarios.
Consultorías
Avances. Nelson Shack también informó los avances de la institución a su cargo para monitorear mejor las consultorías en los distintos niveles de gobierno.
Plataforma. Un paso importante será la habilitación de un sitio web con toda la información, incluyendo los productos entregados por las personas contratadas.
Fuente: Contraloría General de la República.
Periodista. En la actualidad labora como redactor en el área de Política del Diario La República.
