Fiscalía archiva indagación contra Ruth Bárcena por supuesta agresión a Boluarte
En Ayacucho. Decisión se tomó por las declaraciones de una serie de testigos, entre ellos, un policía que integró la seguridad de la presidenta, y la visualización de videos del suceso.
La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga archivó de forma definitiva la investigación que se abrió contra Ruth Bárcena, viuda de una de las personas fallecidas durante las protestas sociales en Ayacucho, por presuntamente impedir que Dina Boluarte realizara sus funciones como presidenta en enero pasado.
Con base en testimonios y videos, el fiscal Brechman Muñoz concluyó que no incurrió en el delito de violencia contra la autoridad para impedir las funciones de la mandataria, pues continuó con la ceremonia a la que acudió.
El 20 de enero último, Boluarte llegó al distrito de Chiara (Huamanga) para colocar la primera piedra de una obra y comenzó a lanzar caramelos al público, momento en que Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, indignada, le jaloneó de la blusa exigiendo justicia.
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En su resolución, el fiscal sostuvo que por declaraciones de un policía destacado a la seguridad de Boluarte, se supo que había 40 efectivos para evitar que los pobladores se le acerquen o generen disturbios. Precisó que Bárcena ni la señora que la acompañaba tenían objetos peligroso y que no amenazaron a la presidenta, sino que la “ofendió verbalmente”.
Concluye que si bien se trató de una “actuación violenta y reprochable... no reviste la magnitud y gravedad del caso”.
Además, el representante del Ministerio Público declaró improcedente el escrito que envió Boluarte expresando que no impulsaría la investigación preliminar y pidiendo al Ministerio Público a cerrar el caso. Le recordó que el Ministerio Público es autónomo, y que como establece la Constitución, “ninguna autoridad puede avocarse a causar pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones”.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que representa a Bárcena, resaltó que ella “no cometió ningún delito y que solo increpó a un funcionario público sobre su accionar durante las protestas del 15 de diciembre y la impunidad que se pretende dar pese a las muertes de diez personas y las decenas de heridos”.
