Juez embarga US$10.5 millones a empresario por “incumplir” contrato que no existe
Magistrado José Escudero otorgó medida a favor de estudio de abogados, que reclama al empresario César del Castillo no haberle pagado “honorarios de éxito”. Pero no había relación contractual.
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El juez José Escudero López otorgó una medida cautelar y concedió un embargo de US$10.5 millones a favor del estudio Bigio & Sáenz Abogados, representado por Daniel Bigio Luks, contra el empresario César del Castillo, por el supuesto incumplimiento del pago de “honorarios de éxito” de US$14 millones.
Daniel Bigio alegó ante la autoridad judicial que Del Castillo contrató los servicios de su estudio para que lo asesore en una distribución de la herencia de su padre Guido del Castillo, fallecido el 25 de abril de 2020. Luego que los herederos llegaron a un acuerdo, que resultó muy ventajoso para César del Castillo, el 18 de agosto de 2023, el Estudio Bigio exigió que le abonara sus honorarios según el contrato.
Sin embargo, la defensa del empresario César del Castillo contestó que si bien en un primer momento contrató al Estudio Bigio por 3 años, a los 6 meses resolvió la relación por insatisfacción con los resultados obtenidos y buscó los servicios de otro bufete de letrados, como está documentado.
El 18 de agosto de 2023, el Estudio Bigio, representado por Daniel Bigio Luks, hijo del fallecido Jack Bigio Chrem, exigió por escrito a César del Castillo el pago de un honorario de US$14 millones, por su presunta intervención en el exitoso acuerdo de distribución de la herencia.
A continuación, Daniel Bigio solicitó al 14° Juzgado Comercial de Lima que le conceda una medida cautelar de embargo sobre las cuentas de César del Castillo y sobre sus acciones en la empresa Erced SAC, que forma parte del grupo familiar y de la herencia recibida. El argumento era que Del Castillo debía dinero al estudio por los servicios que le prestó.
El 16 de noviembre de 2023, el juez José Escudero otorgó la medida cautelar a favor de Daniel Bigio, ordenando un embargo en forma de inscripción de las acciones de César del Castillo en la compañía Erced SAC por un monto de US$500 mil, y otro embargo en la modalidad de retención por US$10 millones sobre cuentas corrientes y ahorros o de cualquier otra naturaleza.
Sin embargo, el contrato en el que se cifra en US$14 millones los honorarios de éxito del Estudio Bigio, no existe. Además, el juez Escudero se ha pronunciado sin ser competente en la materia. El magistrado está especializado en materia comercial, pero ha resuelto un caso de materia civil, que es por un presunto incumplimiento de un contrato de servicios profesionales.
La República solicitó al juez José Escudero su versión sobre la resolución a favor del Estudio Bigio, pero dijo que lo haría si este periódico recibía autorización del Poder Judicial. Lo que efectivamente sucedió, sin embargo luego el magistrado optó por no hacer comentarios.
El 17 de agosto de 2020, César del Castillo contrató al Estudio Bigio. Poco después, el 24 de febrero de 2021, el empresario cortó con el vínculo alegando que los letrados del Estudio Bigio no habían cumplido con sus expectativas, por lo que recurrió al Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, como consta con la carta notarial respectiva a nombre de Jack Bigio Chrem.
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Pero el juez José Escudero pasó por alto esta evidencia documental que demuestra que el reclamo de Jack Bigio Chrem carece de sustento, porque se le informó del fin del contrato por lo menos 3 años antes que César del Castillo consiguiera un acuerdo con los coherederos.
Periodista de investigación del diario La República. Soy Comunicadora Social egresada de la Facultad de Letras y Humanidades de la UNMSM. Llevo 23 años realizando la labor de reportera en la Unidad de Investigación del diario, donde me he especializado en abordar temas de seguridad nacional, derechos humanos, narcotráfico y terrorismo.
