Caso "Mochasueldo": Magaly Ruiz fue blindada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
Con 17 votos a favor de congresistas de Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Bloque Magisterial, Podemos, Perú Bicentenario y Renovación Popular, el caso fue enviado al archivo.
La República en GoogleLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó mandar al archivo la denuncia constitucional contra la congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Magaly Ruiz, por presunto recorte de sueldo a uno de sus extrabajadores, Carlos Marina.
En total, 17 congresistas de APP, Fuerza Popular, Somos Perú, Renovación Popular, Bloque Magisterial, Podemos Perú y Perú Bicentenario votaron a favor de blindarla.
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El informe final fue elaborado por la parlamentaria del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, quien concluyó que no hay pruebas contra su colega de APP. Ningún miembro de la Subcomisión de Acusaciones presentó objeciones a este dictamen.
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El documento elaborado por Medina se sustentó en una audiencia del 16 de enero que fue reservada. Según Marina, su testimonio fue adulterado.
Magaly Ruiz fue blindada: ¿quiénes votaron?
Pero eso no impidió que Medina presente su informe. Al final 17 de sus colegas lo aprobaron: Lady Camones (APP), Jorge Montoya (Renovación Popular), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Eduardo Castillo (Fuerza Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), Edith Julón (APP), Susel Paredes (No agrupada), Elizabeth Medina (Bloque Magisterial), Alex Paredes (Bloque Magisterial), José Cueto (Renovación Popular), Francis Paredes (Podemos Perú), Kira Alcarraz (Podemos Perú), José Jerí (Somos Perú), Jorge Coayla (Perú Bicentenario y José Balcáza (Perú Bicentenario).
Los únicos que se opusieron fueron los legisladores Segundo Montalvo y Margot Palacios, de Perú Libre, y Diego Bazán, de Avanza País. Esdras Medina, de Unidad y Diálogo, y Edgar Reymundo, de Cambio Democrático, se abstuvieron.
De esta manera, Ruiz termina protegida de enfrentar un proceso de antejuicio y juicio político, gracias a la coalición que tiene capturado el Congreso.
