Elizabeth Medina, la autora de la nueva Ley Forestal vinculada a cocaleros del Alto Huallaga

La nueva Ley Forestal n.º 31973, de autoría de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, integrante de la bancada Perú Libre, ha desatado una serie de cuestionamientos en torno a los posibles efectos que tendría en la Amazonía. Muchos de estos, vinculados a economías ilícitas devastadoras como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. La legisladora niega que su propuesta vaya a beneficiar a estos sectores; sin embargo, reconoce tener vínculos con el gremio cocalero del Alto Huallaga.

El 17 de marzo de 2022, Medina Hermosilla junto con Luis Picón Quedo, congresista de Podemos Perú, se reunieron con el gremio cocalero y Aníbal Torres Vásquez, el entonces presidente del Consejo de Ministros. En este encuentro se habría acordado instalar una mesa técnica para atender sus demandas bajo la condición de suspender la erradicación de cocales. Esto no ocurrió.

Después de cuatro días, los alcaldes de la provincia de Leoncio Prado y el distrito de Monzón, en Huánuco, y representantes de organizaciones civiles del Alto Huallaga, emitieron un pronunciamiento anunciando, una paralización de no respetarse los acuerdos antes descritos. En el medio regional huanuqueño Ahora, Medina Hermosillo manifestó su respaldo público e indicó que “acompañaba la justa protesta de los agricultores”. Cuando habla de agricultores, en este caso, se refiere a los cocaleros. 

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La República se contactó con la congresista para consultarle sobre sus conexiones con el gremio cocalero y además de reconocer su labor con este, señaló tener vínculos familiares y amicales.

“Yo tengo desde muy temprana edad bastantes familiares, amigos, hermanos agricultores (de coca) que nos conocemos. No voy a tapar el sol con un dedo, no voy a decir: No los conozco. Incluso hemos tenido una mesa técnica que hasta hoy no se viabiliza, no se ejecuta, se ha quedado pendiente desde el año 2022. Esa mesa está paralizada con nuestros hermanos agricultores (de coca)”, sostuvo.

Asimismo, indicó que en Huánuco y en el Alto Huallaga no se han incrementado los cultivos de coca, como indican las autoridades del Proyecto Especial Corah. “Esa es una falsa información”, afirmó.

No obstante, el Observatorio Peruano de Drogas evidencia que los cultivos de coca destinados al narcotráfico en Huánuco pasaron de 1.518 hectáreas a 3.887 hectáreas entre el 2018 y el 2022.

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Se le preguntó también por Juan Carlos Martín Mosto Viale, quien visitó su despacho el 31 de marzo de 2022 y quien es investigado desde julio de 2021 por tráfico ilícito de drogas. En junio de 2022 le impusieron 18 meses de prisión preventiva como coautor de un envío de droga a México.

Su respuesta fue escueta, señalando que no sabía de quién se trataba. Se le brindaron los datos y le pedimos que verificara su agenda para confirmarnos la información, lo cual quedó pendiente hasta el cierre de esta publicación. “No lo conozco, pero yo en mi labor de representación debo recibir a todos”, mencionó.

Finalmente, la parlamentaria hizo hincapié en que su propuesta no tiene nada que ver con su labor con el sector cocalero y que quienes cuestionan la nueva Ley Forestal de su autoría son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “que están detrás de los bonos de carbono y las consultorías”.

Iris Olivera Gómez, coordinadora del programa Derechos de la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), precisó que la nueva Ley Forestal no resuelve el problema de fondo, pero sí promueve la ocupación desordenada de la Amazonía e impulsa las economías ilegales como el tráfico de tierras, la tala ilegal y el narcotráfico.

“Tengamos en cuenta que la siembra de hoja de coca no está penalizada, solo la extensión, pero el mecanismo, la forma en la que se está desarrollando esta norma y su implementación genera estos riesgos de impulso de actividades ilegales”, finalizó.