Con el fujimorismo estamos ante una descomposición del tejido social en cámara lenta

El rol de la familia Fujimori, a lo largo de los últimos años, ha sido negativo y su presencia afecta el desarrollo del país; ya que anda buscando impunidad en casos de corrupción, violaciones de derechos humanos y, además, tratan de copar las instituciones para evitar sanciones en su contra, así lo manifestaron dos especialistas e investigadores, autores de libros sobre el papel de los líderes de Fuerza Popular (Alberto y Keiko).

José Ragas, profesor e investigador de la Universidad Católica de Chile, autor de 'Los años de Fujimori (1990-2000)', publicado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sostuvo que no todo es economía y el crecimiento es importante: “No puedes tener un país desarrollado cuando no hay justicia en casos de violaciones de derechos humanos, como fue el caso de Fujimori y ahora con Dina Boluarte”.

PUEDES VER: Rosangella Barbarán llama ‘pensamiento Fujimori’ a la dictadura fujimorista

En diálogo con La República, indicó que uno de los problemas del país es la impunidad y que aquello también se observa con la fiscal Patricia Benavides. “Se trata de una crisis política y de confianza. Estamos ante una descomposición del tejido social en cámara lenta y si no hacemos algo, no va a haber forma de recuperar lo que mantiene al país en pie”, manifestó.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras considerar que el papel del fujimorismo en la historia es negativo, señaló lo siguiente: “La cuestión es ¿qué otras fuerzas políticas tenemos para evitar caer en este tipo de mafias? Debemos entender al fujimorismo como una práctica que busca socavar las instituciones democráticas o apropiarse de ellas para hacerlas funcionar a su favor”.

Para Ragas, el fujimorismo va a ser una fuerza política “que va a seguir teniendo un peso importante en la vida política del país, para bien o para mal. Queda por ver que va a hacer Keiko ahora que el padre ha sido indultado”.
Asimismo, consideró que eso va a depender mucho del siguiente escenario electoral: “Teniendo en cuenta que la derecha se ha partido y lo que puede pasar es que Keiko trate de recuperar ese espacio que tenía su padre en los 90 y aglutinar a la derecha para tener fuerza política y buscar la impunidad en temas judiciales”, refirió.

PUEDES VER: Liberación de Fujimori, un motivo más para calentar la protesta social

José Alejandro Godoy, analista político y autor de los libros 'El último dictador' y 'Los herederos de Fujimori', consideró que, en términos políticos, “Alberto Fujimori con 85 años no va a asumir la dirección de Fuerza Popular y lo más probable es que cumpla un rol de consejero de Keiko”.

Sin embargo, precisó que no es un consejero al cual Keiko haga caso todo el tiempo. “El politólogo japonés Yusuke Murakami, en el libro 'Perú en la era del Chino', refiere que Fujimori padre le aconsejó que ponga personeros en todo el país en la elección que perdió con Castillo; pero Keiko no lo hizo y todos sabemos las consecuencias que trajo a la campaña fujimorista”, apuntó.

Asimismo, advirtió que quizás el elemento más distorsionado para la política peruana que representa Fujimori está conformado por los intentos de reescribir la historia. “Esta semana hemos visto, en un evento interno de Fuerza Popular (FP), que Keiko habla de errores y no de delitos. Anteriormente, había reconocido que se habían producido delitos, pero ahora no lo hace”.

En términos de ganancia política para Keiko, la cosa es un poco más compleja, “pero no cabe duda de que va a buscar algún rédito político alrededor de su padre. Algunos especulan que lo podrían hacer viajar por el interior del país, pese a que quizás no esté en condiciones para hacer una campaña de esa naturaleza”, comentó.

El futuro de la familia Fujimori básicamente se está peleando en la justicia, añadió Godoy: Kenji tiene un proceso pendiente por los 'Mamani videos' que fueron sacados por grupos ligados a su hermana; Keiko está procesada por lavado de activos y obstrucción a la justicia; y Alberto Fujimori podría volver a prisión a pedido de la Corte IDH.