Alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, es denunciado por actos violentos por regidores
Los concejales de la Municipalidad Provincial de Trujillo rechazan los actos de violencia ocurridos en la sesión del lunes 20 de noviembre. Acusan de diferentes delitos a Arturo Fernández.
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En una conferencia de prensa realizada este 21 de noviembre, el primer regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna, junto con otros regidores, anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde Arturo Fernández, con fecha del 20 de noviembre, en relación con los disturbios ocurridos en el Palacio Municipal durante una manifestación.
El concejal Mario Reyna informó a los medios que la denuncia fue dirigida contra el alcalde Arturo Fernández Bazán; el gerente municipal, Jesús Velásquez; y el gerente de Seguridad Ciudadana, Eduardo Liu. La acusación formal incluye cargos por "delito de perturbación donde las autoridades ejercen función pública y violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones", manifestó Reyna.
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Durante la misma conferencia, otros regidores se unieron al pronunciamiento de Reyna. Jorge Vásquez, Luis Miguel Gonzales, Andrés Sánchez, Susy Plasencia y Mayra Campos expresaron su rechazo a los actos violentos que tuvieron lugar durante la sesión de concejo que ratificó la suspensión del alcalde de Trujillo.
La regidora Mayra Lucía Campos Pinedo manifestó su sorpresa y desaprobación de los hechos violentos. "No esperaba estos hechos", aseveró.
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Por su parte, el regidor Jorge Vásquez hizo un llamado a la población para que rechace cualquier forma de violencia. "No podemos normalizar actos violentos por parte del alcalde provincial", afirmó Vásquez. En términos similares, se expresó el regidor Andrés Sánchez y denunció que la sesión de concejo fue saboteada para evitar su realización y, de esta manera, bloquear la solicitud de reconsideración a la suspensión del alcalde.
Susy Plasencia, otra de las concejales presentes, reiteró el rechazo a los actos de violencia y expresó su descontento por los acontecimientos ocurridos.
Finalmente, el concejal Luis Miguel Gonzales Rosell informó que el alcalde provincial tiene un plazo de 10 días para apelar desde el envío del acta de la sesión. Posteriormente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene un plazo de 30 días para responder a la apelación presentada por el burgomaestre.
