RMP: "Estado peruano no reconoce que las balas que mataron a ciudadanos en protestas fueron del Ejército"
En un nuevo programa de 'Sin guion', la periodista remarcó que el Gobierno de Dina Boluarte se niega a aceptar la responsabilidad por las muertes civiles en las protestas sociales.
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Durante la última emisión de su programa 'Sin guion', Rosa María Palacios abordó la presentación del representante permanente del Perú frente a la OEA, Gustavo Adrianzén, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar sobre los avances en la implementación de las recomendaciones formuladas por dicho organismo en el contexto de las protestas sociales en nuestro país
En plena audiencia de la CIDH, Adrienzén culpó a los ciudadanos de las muertes en las manifestaciones: "Ellos son los violentos, ellos son los que ocasionaron las muertes".
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En esa línea, Rosa María Palacios comentó: "La posición del gobierno de Dina Boluarte es que las personas que fallecieron no murieron por proyectiles de armas de fuego del Ejército peruano y la Policía Nacional, sino porque otros violentos causaron sus muertes. O si murieron a causa de ello, es porque provocaron a la autoridad y merecían estar muertos. Desde el punto de vista diplomático, es una frase infeliz que refleja la posición del gobierno peruano".
Informe final de la CIDH
En su informe final, la CIDH reveló que se registraron un total de 477 manifestaciones a nivel nacional entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de este año. La comisión reiteró que la protesta social es esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia, especialmente en contextos de crisis política.
Destacó que, aunque el Perú cuenta con un marco normativo que protege el derecho a la protesta, se identificaron situaciones de violencia no amparadas por este derecho, con responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos.
Despedida de Jhonatan Alarcón, la víctima número 10, quien murió por un proyectil de arma de fuego atribuida a militares. Foto: LR/Archivo.
La CIDH señaló que la respuesta de las fuerzas estatales no fue uniforme en todo el país y que se observaron graves casos de uso excesivo de la fuerza, especialmente en regiones como Lima, Ica, Arequipa y Cusco. La comisión concluyó que la respuesta del Estado se caracterizó por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza, evidenciado por el elevado número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones. La ubicación de víctimas que no participaban en la protesta también fue destacada, subrayando la necesidad de investigar, juzgar y sancionar estos hechos.
