El Congreso y el Gobierno juegan con fuego al aprobar ley de comités de autodefensa

La ley que reconoce a los comités de autodefensa y los incorpora en el sistema de seguridad ciudadana continúa recibiendo críticas. Esta vez se pronunció el exministro del Interior Rubén Vargas, quien señaló que con esta norma se ha utilizado y desnaturalizado el reclamo de reconocimiento de los CAD por su participación en la lucha contra el terrorismo, y los han convertido en aparatos parapoliciales.

“Esta ley desnaturalizó a los CAD al convertirlos en organizaciones comunitarias a nivel nacional afectando a las comunidades campesinas, nativas porque los CAD no se implementaron a nivel nacional, solo en zonas donde el terrorismo amenazó a las comunidades. Ahora el Congreso y el Gobierno han decidido convertirlos en organizaciones paramilitares y parapoliciales con el propósito de que enfrenten los problemas de seguridad ciudadana”, objetó Rubén Vargas.

El exministro del Interior consideró que ambos poderes del Estado están jugando con fuego porque no son conscientes que un sector importante del interior del país está controlado por economías ilegales.

Dijo que si van a dar facultad para que municipios rurales autoricen y se entregue armas letales a estos comités en zonas donde están presentes, mandan y ponen reglas de juego las economías ilegales, entonces el Congreso y el Gobierno han claudicado sus funciones y su responsabilidad de brindar protección a los peruanos al poner en manos de nuevas fuerzas paramilitares y parapoliciales el control de la seguridad.

“Es un tema muy serio que afecta al propio Estado y el concepto de fuerza pública que tiene que ver con la Policía Nacional. ¿Qué va a pasar con los CAD en las zonas dominadas por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal cuando el Estado se enfrente a ellos? ¿Adónde creen que van a apuntar las armas de los CAD? Es absolutamente peligroso, están jugando con fuego”, alertó.

También hizo una diferencia entre los CAD de las comunidades asháninkas y del resto del Vraem. Refirió que los comités asháninkas están en una lucha de sobrevivencia y de defensa de sus territorios frente al avance del narcotráfico y de la coca ilegal. Mencionó que ellos incautaron toneladas de cocaína de los narcotraficantes que están utilizando los ríos Tambo y Ene como ruta de la droga.

“En el Vraem los cocaleros son miembros de los CAD. Este Gobierno está entregándose a las economías ilegales”, subrayó Rubén Vargas.

Por su parte, el analista Jaime Antezana cuestionó que esta ley faculte a los CAD luchar contra el narcoterrorismo. Esto, en razón a que más del 60% de sus miembros son cocaleros y no van a chocar con quienes les compran la hoja de coca para dedicarlo al narcotráfico.

“Es un error, porque para ellos los Quispe Palomino no son senderistas, terroristas, ellos son los ‘tíos’, tienen su propia percepción. Por eso nunca se han enfrentado, no solo porque los narcoterroristas tienen mejores armas, sino porque esta organización está metida en la defensa de la coca. Los Quispe Palomino son garantía en el Vraem de que no haya erradicación. No los ven como enemigos, sino como aliados”, comentó.

Antezana es de la opinión de que solo se les debe integrar al sistema de seguridad ciudadana, como ya lo vienen haciendo en muchos casos controlando las vías, “aunque es conocido que suelen dejar pasar camiones con droga”.

Para el analista Pedro Yaranga, los CAD en el Vraem deben ser integrados a la seguridad ciudadana para controlar la delincuencia en las carreteras. Reconoció que inicialmente cometieron delitos y violación de derechos humanos, pero que ahora conocen la ley y son monitoreados por el Ejército.

Cunarc alista jornada para su derogación

La Central Única de Rondas Campesinas del Perú rechazó la Ley 31494. Dijo que no fue consultada ni tiene el consentimiento de las comunidades indígenas.

Denuncia que crea grupos paramilitares armados para actuar en las comunidades y centros poblados rurales y combatir el terrorismo, el narcotráfico y delitos vinculados a la inseguridad ciudadana, con ventajas inconstitucionales como personería jurídica y asesoría de Sunarp para su inscripción, subvenciones del Estado y patrocinio si son denunciados por violar derechos humanos. Indica que alistan jornada de lucha para su derogación.