Congreso archiva moción de interpelación contra Dina Boluarte tras retiro de firmas
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció este jueves que ya no se contaba con el número de firmas suficientes para interpelar a Dina Boluarte.
La República en GoogleLa moción de interpelación contra Dina Boluarte, ministra de la cartera de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), no continuará por no tener las firmas requeridas. La iniciativa presentada por Jorge Montoya fue archivada en la presente sesión del Pleno, anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
“No alcanza el número de firmas requerido para su trámite. En consecuencia, pasa al archivo”, manifestó la titular del Parlamento. Esta propuesta —presentada el último miércoles 1 de junio— tuvo en un inicio 21 rúbricas de distintas bancadas del Poder Legislativo. Sin embargo, días después, varios congresistas decidieron quitarle su respaldo, hasta que finalmente el pedido fue desestimado.
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Adriana Tudela, Diana Gonzales, Rosselli Amuruz, Diego Bazán, José Williams y Juan Burgos fueron los legisladores que decidieron quitar sus respectivas firmas sobre este requerimiento. El argumento de los representantes de Avanza País fue que su bancada ya había presentado una denuncia constitucional anteriormente, la cual ya está en trámite en la subcomisión correspondiente.
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“Estando en trámite la denuncia constitucional n.° 269, presentada por integrantes de nuestro grupo parlamentario en contra de la mencionada funcionaria pública, consideramos necesario que el Congreso fortalezca sus esfuerzos en las acciones de control político, a través de la priorización del estudio y dictamen de la referida denuncia constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, se lee en el documento expuesto.
Cabe mencionar que, en esta moción de interpelación, el congresista Montoya, del partido Renovación Popular, pidió que Dina Boluarte responda preguntas relacionadas con las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en sus declaraciones juradas.
La ministra es acusada de cometer una infracción a la Constitución por haber firmado documentos como representante del Club Departamental Apurímac, y por su función como trabajadora del Reniec durante su candidatura a la vicepresidencia de la República.
