Congreso: 75% de gastos de comisión del ‘fraude’ corresponde al pago de solo 2 asesores
Un militante de Renovación Popular y un exasesor de la Comisión Lava Jato de Rosa Bartra se llevaron gran parte de los más de S/ 210.000 que le costó al Perú mantener la comisión de Jorge Montoya, cuyo informe final seguiría sin grandes hallazgos, pese al plazo adicional de 20 días.
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La comisión investigadora del supuesto fraude electoral en las Elecciones Generales 2021, presidida por el congresista de Renovación Popular Jorge Montoya, le ha costado al Estado peruano en total 216.347,67 soles. De este monto, 211.106,72 soles se destinó al pago de personal contratado; el resto —5.240.95 soles— son gastos administrativos (útiles, escritorios, papel, etc).
Del dinero que se dedicó para mantener a la comisión, el 75% corresponde a los sueldos de Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén.
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De acuerdo con un informe del Congreso al que accedió La República, Bravo Basaldua, quien laboró como asesor en la cuestionada Comisión Lava Jato de la fujimorista Rosa Bartra, se llevó 83.257,51 soles entre octubre de 2021 y abril de este año.
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En tanto, Salas Jaén, quien es un almirante en retiro y militante de Renovación Popular —al igual que Jorge Montoya— ha percibido del Estado 80.149,99 soles en total por su labor en la comisión que preside su correligionario.
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En diálogo con La República, Montoya Manrique justificó la contratación de Andrés Salas Jaén: “Tiene una gran experiencia en este tipo de investigaciones, tiene más de 30 años de servicio al Estado y ha ocupado los puestos más altos en la Marina”.
En relación al monto que percibieron, el vocero de la bancada celeste precisó que eso lo determina el Congreso y que “es el sueldo que debe tener un profesional de esas características”.
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“¿Cómo cree que se va a hacer un trabajo de esa naturaleza con gente que no pueda responder profesionalmente?”, apuntó.
Informe final sin hallazgos mayores
El grupo de trabajo se instaló en septiembre del año pasado e indagaría por un plazo de 120 días hábiles; sin embargo, se requirió una prórroga de 20 días. La representación nacional aprobó la solicitud en la sesión plenaria del 31 de marzo.
En su informe preliminar, la comisión no pudo comprobar si existió algún fraude electoral en los comicios generales debido al, según el texto, “escaso personal y la cantidad enorme de información a procesar”.
Todo indica que esta conclusión no sufriría alteración mayor en el informe final que se entregará el 3 de mayo a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
“Hay algunas variaciones de lo que hemos podido avanzar más, pero en líneas generales se mantiene la misma línea (del primer borrador). (...) Son más de 200 páginas, pero calculo que habrá un 30% de modificaciones. Se ha visto uno o dos (hallazgos) más, pero siempre en la misma línea (del informe preliminar)”, refirió Jorge Montoya a esta redacción.
