Bruno Pacheco: Reducen prisión preventiva de exsecretario a 24 meses en el caso Provías

La Segunda Sala Penal de Apelaciones integrada por los jueces superiores César Vásquez, Bonifacio Meneses y Sonia Bazalar ha resuelto el último viernes, por mayoría, reducir de 36 a 24 meses la prisión preventiva que se dictó en primera instancia el magistrado Manuel Chuyo contra el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y otros cinco coinvestigados en el caso Provías.

Según la resolución judicial, los magistrados confirmaron el encarcelamiento contra Pacheco, Fray Vásquez (sobrino de Pedro Castillo), los exfuncionarios de Provías Edgar Vargas Mas y Víctor Valdivia Malpartida, así como los empresarios Zamir Villaverde y Luis Pasapera. No obstante, se ordenó la liberación inmediata de Gian Marco Castillo Gómez.

“A criterio de este Colegiado no son suficientes elementos que vinculen a Castillo Gómez con los hechos incriminados, sin perjuicio de ahondar las investigaciones que le sea propicia al Ministerio Público en dicho fin, por tanto, no le corresponde la medida de prisión preventiva, por lo que a este imputado le seria de aplicación, el mandato coercitivo de naturaleza personal de comparecencia con restricciones a efectos de asegurar su presencia en el proceso penal”, señala el documento.

Así, se le impusieron en cambio limitaciones como: a) Asistir a las diligencias que programe la Fiscalía o el juez cuando sea citado así como justificar sus actividades, b) No ausentarse de la localidad en que reside, c) La prohibición de comunicarse con sus coinvestigados; d) Pagar S/50.000 de caución en el plazo de 48 horas.

Los magistrados del tribunal resaltan que no hay sospecha fuerte en el caso de Castillo Gómez ya que no se corroboró con el colaborador eficaz 01-2022 la declaración que apuntó la presunta reunión entre Castillo y Fray Vásquez con “el exjefe de la DIGIMIN (Dirección General de Inteligencia) José Luis Flores Solís a efectos que frene las investigaciones que se venían realizando contra Bruno Pacheco”.

Futuras diligencias

Con respecto al plazo, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima optó por reducir la prisión preventiva de Pacheco y los demás investigados a solo dos años de prisión por sugerencia de la Fiscalía Superior, pues en audiencia de la semana pasada se manifestó que las diligencias que faltan por hacer en la investigación se podían efectuar en 24 meses, y no 36.

Los jueces estimaron también “que la Fiscalía provincial elabore un cronograma de actividades o diligencias a actuar programadas en tiempo a efectos de que sus labores sean cumplidas en el curso de los 24 meses de manera ordenada y cronológica”.

Entre las actividades que la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro debe hacer en ese plazo son los de recabar declaraciones de 60 testigos, visualización de grabaciones de video, reconocimientos de voces, pericias, etcétera.

Otra de las sugerencias que hacer el tribunal hacia el Ministerio Público es que afine y precise sus imputaciones de organización criminal como el periodo en el que se constituyó el grupo, sus presuntos miembros así como estabilidad en el tiempo. “Son cuestiones aún un tanto nebulosas que la Fiscalía no ha logrado dilucidar en su amplitud”, indica la resolución.

Hipotesis fiscal

Actualmente, tanto Pacheco como Fray Vásquez continúan prófugos de la justicia desde que se ejecutó la detención preliminar contra ellos el 28 de marzo pasado.

Según la investigación, los sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, en confabulación con Zamir Villaverde, ofrecían a compañías constructoras proyectos de carreteras y puentes de la cartera del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en particular de los organismos Provías Nacional y Provías Descentralizado.

Villaverde se ofrecía como “operador del presidente de la República” a los empresarios interesados, luego estos se reunían con los sobrinos del jefe del Estado. Fray Vásquez y Gian Castillo coordinaban luego con el presidente y el exministro Juan Silva la adjudicación concertada ilegalmente de las obras públicas, conforme lo indica la fiscal Zecenarro en la investigación.

La investigación se abrió luego de conocer denuncias acerca de la adjudicación irregular del proyecto de S/232 millones a favor de un consorcio integrado por la constructora Termirex. El caso, que ahora está en etapa preparatoria, investiga los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias, organización criminal, falsa declaración y falsificación de documentos.