PCM demanda al Minjus por ordenar que se entreguen emails de primeros ministros

La Presidencia del Consejo de Ministros entabló una demanda contra el Ministerio de Justicia para declarar nula una resolución administrativa que ordenaba la entrega de emails de los primeros ministros desde el 28 de julio de 1990 al 25 de mayo de 2021. Este requerimiento fue realizado a través de una solicitud de acceso a la información pública.

En las dos primeras páginas de la denuncia electrónica, difundida por el abogado Erick Iriarte, se señala que la PCM solicita la “nulidad de la Resolución N.° 0001763-2021-JUS/TTAIP-SEGUNDA SALA” con fecha del 11 de agosto, que fue emitida por el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Este accionar de la institución liderada por Aníbal Torres buscaría dilatar la entrega de los correos electrónicos y, de esta forma, no marcar un precedente con el cual pueda realizarse el mismo requerimiento para la gestión actual.

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Sin embargo, el propio reglamento de la ley de Transparencia en su artículo 16A estipula que los correos electrónicos de los funcionarios públicos no están protegidos por el secreto de las comunicaciones.

Al respecto, Iriarte, especialista en derecho digital y cuyo equipo realizó la solicitud de acceso a la información, considera que existe un temor a que se difundan estos documentos. En esa línea, cuestionó que el Gobierno considere que “pedir transparencia es atentar” contra los intereses del Ejecutivo.

“Creo que ese es el temor que tienen (la Presidencia del Consejo de Ministros). No quieren entregar esa información y por eso bloquean. No tendría lógica porque si la Presidencia de la República ha entregado los emails de presidentes -inclusive de (Manuel) Merino, (Francisco) Sagasti y los de PPK-, por qué no entregaría los del premier”, declaró a La República.

La petición para acceder a los correos fue realizada en mayo de 2021. En tanto, la resolución se emitió el 21 de agosto del mismo año, cuando Aníbal Torres se desempeñaba aún como ministro de Justicia. Tras ello, la PCM se negó a entregarlos, por lo que el equipo liderado por la abogada Dania Coz interpuso una apelación ante el Tribunal de Transparencia, que finalmente les dio la razón.

A pesar de ello, la Presidencia del Consejo de Ministros continúo haciendo caso omiso a la solicitud. Según relató Iriarte, debido a su insistencia, obtuvieron como respuesta la denuncia presentada contra el Minjus, pero aún no conocen los fundamentos de la misma, debido a que solo les enviaron las dos primeras páginas.

“Queremos leer el texto completo de la demanda, por lo tanto, nos vamos a apersonar al proceso como terceros. Es increíble que no nos hayan informado si no es porque seguimos insistiendo. Nos vamos a apersonar al proceso y vamos a ver de qué se trata todo. Aparentemente, es una cosa bastante novedosa que están comenzando (a realizar) para bloquear peticiones de acceso a la información pública”, sostuvo el abogado.

Lo resaltante de esta situación es que una denuncia de este tipo venga desde una institución pública hacia otra. En concreto, ocurre que la PCM está demandando al Ministerio de Justicia por ser transparente.

Ley de transparencia es fundamental para la prensa y ciudadanía

En palabras del especialista en derecho digital, la ley de Transparencia viene cumpliendo un rol fundamental para la prensa. Por tanto, impedir estos procedimientos conlleva a bloqueo del acceso a la información pública y la participación ciudadana en el ejercicio del poder.

“El Tribunal de Transparencia y la autoridad han ayudado a crear transparencia para, evidentemente, luchar contra la corrupción, mejorar la participación y el seguimiento [...] Nuestra primera impresión es que cada vez más se hace difícil dicho mecanismo, por lo menos en este Gobierno”, puntualizó Iriarte.