Presentan PL para impedir que personas con procesos judiciales postulen a la presidencia
La iniciativa legislativa, que modificaría el artículo 110 de la Constitución, busca que personas con acusaciones por delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas y corrupción no puedan ser jefe de Estado.
La República en GoogleLa bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó el proyecto de ley de reforma constitucional, que pretende impedir a las personas con acusaciones fiscales o con procesos judiciales postular a la presidencia de la República, a través de la modificación del artículo 110 de la Constitución.
La iniciativa legislativa n.º 1235-2021-CR presentada por la congresista Sigrid Bazán tiene por objeto establecer requisitos adicionales en el referido artículo de la Carta Magna, que hace mención sobre la figura del presidente de la República.
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“(Para ser presidente de la República) se requiere estar exento de acusación fiscal y de procesos judiciales por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, cohecho, enriquecimiento ilícito y/o lavados de activos”, señala el documento de reforma constitucional.
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Al respecto, la bancada de JP indica que les resulta necesario plantear mayores requerimientos para el acceso a puestos de representación, en especial, la del jefe de Estado. Alegan que los últimos mandatario del país se han visto “manchados por las múltiples denuncias, investigaciones y encarcelamientos”.
En ese sentido, señalan que, tras estos acontecimientos, los “lleva a suponer que algunos candidatos presidenciales ansían llegar al cargo para la obtención de la inmunidad, mas no para ejercer efectivamente el mandato de conducir las riendas del país”.
“Por tanto, es necesario fijar, desde la Constitución, mayores requisitos para ser Presidente de la República como el impedir que ostenten dicho cargo aquellas personas que se encuentran con acusación fiscal o estén siendo juzgadas ante el Poder Judicial por delitos graves, tales como lavado de activos, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, tráfico de influencias, cohecho en sus diferentes formas y enriquecimiento ilícito”, justifica el proyecto de ley.
