Política

Contraloría: 7.740 funcionarios públicos implicados en perjuicio de S/ 2.500 millones al Estado

El órgano fiscalizador informó que se examinaron recursos públicos por S/ 18.606 millones y que hubo observaciones al manejo de S/ 5.954 millones.

Norma. Aprueban ley que tipifica conductas infractoras. Foto: Virgilio Grajeda / La República
Norma. Aprueban ley que tipifica conductas infractoras. Foto: Virgilio Grajeda / La República

La Contraloría General de la República detectó, a través de diversos servicios de control posterior, un perjuicio al Estado valorizado en aproximadamente S/ 2.502 millones durante el 2021 debido a irregularidades cometidas en el accionar de 7.740 funcionarios y servidores públicos en diversas entidades estatales a nivel nacional, reveló el contralor general, Nelson Shack.

Durante el balance de gestión del control gubernamental 2021, se informó que con los informes de control posterior, bajo la modalidad de Auditorías de Cumplimiento (AC) y Servicios de Control Específico (SCE), se examinaron recursos públicos por S/ 18.606 millones, y que hubo observaciones al manejo de S/ 5.954 millones y se determinó un perjuicio económico de S/ 2.502 millones.

“Con el control posterior (Auditorías de Cumplimiento y Servicios de Control Específico) hemos determinado numerosos hechos irregulares en las entidades públicas y presunta responsabilidad administrativa, civil y/o penal en 7.740 funcionarios y servidores públicos. En total hemos identificado 15.526 responsabilidades, de las cuales 8.514 son administrativas, 3.706 son civil y 3.306 son de índole penal”, remarcó Shack.

Casos emblemáticos

Entre los casos de mayor impacto ocurridos en el 2021 figura el perjuicio de más de S/ 1.100 millones en la refinería de Talara debido a la demora en la ejecución de las obras de la Unidades Técnicas y Trabajos Complementarios; los ‘pagos fantasma’ por más de S/ 36 millones en municipalidades y gobiernos regionales; las demoras en obras relevantes, como el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón en Puno o la autopista Pimente-Chiclayo de Provías Nacional, entre otros.

Shack Yalta indicó que el año pasado se concluyeron 35.823 informes de control gubernamental, de los cuales 22.182 corresponden al control simultáneo, con el que se alertaron situaciones adversas a los gestores públicos, y 13.472 son de control posterior, que identifican irregularidades y a sus responsables.

Los informes de control simultáneo permitieron detectar un total de 36.742 situaciones adversas en diversas entidades públicas, y el 49% (17 995 situaciones adversas) se detectó gracias a la modalidad de control concurrente que ejecuta la Contraloría, con la cual se brinda un acompañamiento a las intervenciones públicas.

Sin embargo, el titular de la Contraloría lamentó que en el 53%, que corresponde a 19.484 de situaciones adversas detectadas, no se han tomado acciones preventivas o correctivas por parte de los gestores públicos, mientras que en el 37%, que equivale a 13.535, sí se tomaron acciones para resolverlas o están en proceso de concretarse.

Por nivel de gobierno, la mayor cantidad de situaciones adversas sin acciones correctivas se aprecia en los gobiernos locales con un total de 13.418 de las 22.395 acciones detectadas. Le siguen los gobiernos regionales con 3.146 de 5.725.

Agenda 2022

Con miras a la labor de la Contraloría en el 2022, Shack anunció que se tiene previsto realizar 35.735 servicios de control, de los cuales 19.184 son de control posterior, 16.454 son de control simultáneo y 97 de control previo.

Muchos de esos servicios de control se ejecutarán como parte de diversos operativos sectoriales a nivel nacional, tales como “Buen inicio del año escolar 2022″, “Prestación del servicio de limpieza pública en municipalidades”, “Empresas de saneamiento”, “Universidades públicas”, “Empresas de gestión eléctrica” y “Supervisión de gastos en consultorías”.