Casos de corrupción de gobernadores regionales se dispararon durante la pandemia
Cifras en rojo. En plena emergencia sanitaria por la COVID-19, entre el 2020 y lo que va del 2021, la Procuraduría anticorrupción ha contabilizado 115 carpetas fiscales de investigación por presuntos actos de corrupción contra gobernadores y funcionarios regionales. Y todavía les queda un año de funciones.
Pocos días después de que los miembros del Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) emitieron un comunicado para “rechazar categóricamente la estigmatización de corruptos e incapaces”, el gobernador ucayalino Francisco Pezo huyó por una puerta falsa de su despacho en Pucallpa para evitar que lo detuvieran y respondiera por los actos ilícitos durante su gestión, que la Fiscalía anticorrupción le atribuye.
Las denuncias por corrupción contra los gobernadores regionales no son una “campaña de desprestigio”, como pretenden los integrantes de la ANGR.
De acuerdo con la Procuraduría anticorrupción, que lleva un registro detallado de los delitos de corrupción de funcionarios en todo el país, los casos que implican a gobernadores regionales se han duplicado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la mayor parte debido a contrataciones y adquisiciones.
Según los datos de la entidad, en el 2019 se contabilizan 37 carpetas fiscales por casos de corrupción que vinculan a gobernadores regionales. En el 2020, la cifra se elevó a 57 carpetas, y en lo que va del 2021, subió a 58 carpetas fiscales, y eso que no se cuenta el reciente proceso contra el gobernador ucayalino Francisco Pezo. En total existen en giro 115 carpetas fiscales... Y todavía les queda a los gobernadores un año de gestión más. Es muy probable que el número de casos de corrupción se incremente terminado el año 2021.
Los delitos que más se repiten y se atribuye a los gobernadores involucrados son colusión, peculado, negociación incompatible, malversación y cohecho. Esto es, robo de fondos públicos.
Desde que en la quincena de marzo del 2020 el Ejecutivo emitió disposiciones legales para que las entidades públicas agilizaran las contrataciones y compras de todo lo que fuera necesario para afrontar el devastador avance de la enfermedad, los actos de corrupción de funcionarios se han disparado.
En lo que va de la emergencia sanitaria, también ha crecido el número de casos vinculados con obras públicas de envergadura, no relacionados con las transferencias para afrontar el nuevo coronavirus.
Expertos en corrupción de funcionarios públicos dijeron a La República que el relajamiento de las normas de fiscalización y control durante la pandemia de la COVID-19 ha sido aprovechado por algunas autoridades para perpetrar actos ilícitos.
“Estamos ante una situación de emergencia sanitaria y por ley pueden relajarse varios controles y puede postergarse la transparencia, incluso hasta 30 días después de que se ejecute el contrato. Se dieron contrataciones de emergencia que han tenido controles más relajados y con mayor discreción. Eso da pie para abusos, para actos de corrupción y para beneficiar indebidamente a los proveedores. Entonces, sí, las condiciones están dadas (para que se cometan actos de corrupción)”, explicó el director de Proética, Samuel Rotta.
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Varios de los casos de corrupción que enfrentan los 24 gobernadores derivan de las acciones de auditoría y fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR). Esto explica por qué en el mencionado comunicado, la ANGR ataca, en lugar de respaldar, las acciones de la CGR: “Exigimos a la Contraloría General mayor prudencia y actúe con objetividad, transparencia, criterios técnicos y no hacer acusaciones de corrupción sin sustento”. Es decir, los gobernadores le piden a la Contraloría que no haga su trabajo.
Se supone que en una emergencia sanitaria las autoridades que disponen de los fondos públicos para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus deben ser extremadamente cuidadosas, porque depende de las contrataciones y adquisiciones la atención médica para salvar vidas. Pero se han abierto 20 carpetas fiscales contra gobernadores y funcionarios regionales que convirtieron en un negocio la compra de oxígeno medicinal, el acondicionamiento de camas UCI o la adquisición de medicamentos.
Invocación. Pedro Castillo pidió al Congreso que apoye necesidades de regiones porque algunos ministerios se ven atados legalmente al haber políticas públicas pendientes de ser reformadas. Foto: difusión
“Estos casos han consistido en su mayoría en el proceso de compra de equipos médicos, instrumentos para enfrentar la pandemia, a precios sobrevalorados. También se ha detectado la adquisición de canastas de alimentos que no fueron distribuidas a las personas que las necesitan, sino que aparentemente fueron repartidas entre los funcionarios”, señaló el procurador anticorrupción Javier Pacheco.
Precisamente, el gobernador Francisco Pezo, quien prefirió escapar en lugar de responder a la justicia, es acusado de haber concertado la contratación de empresas proveedoras a cambio de presuntos pagos ilícitos. Con Francisco Pezo son dos los gobernadores regionales con orden de captura y prófugos de la justicia. El otro es el gobernador tumbesino Wilmer Dios Benites.
El expresidente de la ANGR, y actual gobernador de Cajamarca, Mesías Guevara, afirmó que los casos de corrupción son individuales, pero que los episodios de corrupción afectan al gremio de estas autoridades.
“Tocamos este tema de manera constante y permanente, porque en definitiva debemos buscar que todo sea transparente. Ya corresponde a cada autoridad no involucrarse en los comités de selección, porque al final estos comités podrían convertirse en red criminal. Eso hay que evitarlo”, sentenció.
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Sin embargo, de acuerdo con los recientes casos, los gobernadores regionales son imputados como cabezas de organizaciones criminales enquistadas en los gobiernos regionales. Por ejemplo, el gobernador de Madre de Dios es señalado por la Fiscalía como supuesto líder de “Los Hostiles de la Amazonía”; el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, de “Los Hijos del Cóndor”; el gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña, de “Los Supremos del Altiplano”; y el gobernador de Loreto, Elisbán Ochoa, de “Los Gestores”.
Los casos más recientes detectados por la Contraloría en los gobiernos regionales son los siguientes:
- En Arequipa, haber aprobado el cambio de bienes en una compra de equipos de protección personal.
- En Ayacucho, en la compra de ambulancias que no cumplen con los requisitos técnicos.
- En Huánuco, el pago sin sustento de bonificaciones extraordinarias para trabajadores administrativos y no para médicos y otros servidores en el área de atención de la COVID-19.
- En La Libertad, la donación de medicamentos e insumos médicos para entidades privadas; se favoreció a proveedores de equipos de protección personal.
- En Puno, contratación dirigida en beneficio de una constructora que no cumplía con los requisitos para la remodelación del hospital Manuel Núñez Butrón por 57 millones de soles.
- En Ucayali, la adquisición de medicamentos a precio sobrevalorado y que no eran necesarios.
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Samuel Rotta, de Proética, considera, que la Contraloría debe ajustar más sus acciones para mejorar su labor: “Cada vez más los órganos de control institucional dependen de la Contraloría. Pero es insuficiente, porque lo que tenemos es un enfoque de control que se concentra en hacer autopsias, en llegar después de que se cometieron los hechos. El control concurrente todavía es muy reciente, tiene que tomar más forma”, dijo.
Expedientes abiertos entre el 2020 y 2021 (años de pandemia)
Infografía - La República.
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Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024