Indagan asesorías de Luis Barranzuela a Azucarera Tumán

Caso Tumán. Un informe contable a la administración judicial de la azucarera Tumán, en el periodo 2015-2016, incluye el nombre del ministro del Interior. Habría cobrado 207.800 soles por servicios legales que no están debidamente justificados.

El nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, guarda silencio frente a las denuncias y cuestionamientos en su contra. Foto: difusión
El nuevo ministro del Interior, Luis Barranzuela, guarda silencio frente a las denuncias y cuestionamientos en su contra. Foto: difusión
César Romero

El flamante ministro del Interior, Luis Roberto Barranzuela Vite, fue incluido por la fiscalía en una investigación preliminar sobre posibles delitos económicos que se habrían cometido en la administración judicial de la empresa agroindustrial Tumán, en el periodo de setiembre del 2015 a setiembre del 2016.

Sin embargo, es de advertir que en la resolución de fecha 13 de setiembre del 2021, que emitió la fiscal titular especializada en delitos de corrupción Karin Ninaquispe Gil, se le identifica como Luis Roberto Barrenzuela Vite.

De acuerdo con el portal periodístico Epicentro TV, no existe ninguna persona con ese nombre por lo que se trataría de un error de tipeo. Esto es lo primero que la fiscal Ninaquispe deberá aclarar para poder avanzar en las investigaciones.

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¿Ocultamiento o error?

Al tratarse de una investigación preliminar, que nace de una denuncia de parte de trabajadores de la azucarera, es difícil determinar quién escribió mal el apellido del hoy ministro del Interior.

El error lo pudo cometer el personal de la fiscalía, pero puede que llegara mal escrito en la denuncia presentada por Jacinto Flores Romero, Vicente Castillo Nicolaz y Miguel Delgado Salazar.

También podría ser un error más antiguo y aparecer así en el informe del perito Humberto Piscaya Bances, que genera la denuncia de parte. O incluso no se puede descartar que el nombre fuera ex profeso escrito mal en los documentos contables revisados por el perito. Según los denunciantes, no se trataría de servicios jurídicos legales sino ficticios o incluso delictivos.

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El ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, ha guardado silencio frente a la publicación de la investigación realizada por Epicentro TV. Eso no ayuda a aclarar el asunto y acrecienta el convencimiento de que es su apellido, pero mal escrito.

Los líos de Tumán

Desde hace un par de décadas, la azucarera Tumán está envuelta en una serie de litigios judiciales por su administración. Los administradores de facto o por intervención de los jueces se denuncian mutuamente de malos manejos administrativos para beneficio propio.

La denuncia que genera la intervención de la fiscal Ninaquispe es parte de esa guerra del azúcar. Jacinto Flores, Vicente Castillo y Miguel Delgado, presuntamente vinculados al grupo Oviedo, denuncian que la administración judicial liderada por el dirigente sindical Marcelino Llontop Suyon cometió una serie de delitos, que se resumen en el “robo” de azúcar y melaza para su venta informal o para pagar deudas contraídas con anterioridad.

Los denunciantes bautizan al grupo de Llontop como la organización criminal “Los Incas del Azúcar”, que habría operado desde inicios del 2015 hasta setiembre del 2016.

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“Los Incas del Azúcar”, dicen, habrían desestabilizado a la administración del grupo Oviedo, a través del sindicato de trabajadores de Tumán (SUTEATSA) y el Círculo de Estudios Tumán y anexos (CETA), para apoderarse de la administración de la empresa, haciendo uso de la violencia y de una medida cautelar emitida por el Juzgado Mixto de Leonardo Ortiz en Lambayeque, y una vez dentro de la empresa, dedicarse al “hurto agravado” del azúcar y la melaza.

Para sustentar esa historia incluyen en la denuncia a todas las personas o empresas que prestaron servicios o trabajaron para la administración de Llontop Suyon, acusándolos de ser testaferros o “prestanombres” para justificar la salida del dinero de la empresa.

Los abogados del azúcar

Así, el punto medular de la denuncia es un informe de auditoría particular denominado “Examen Especial de Ingresos y Egresos del 12 de setiembre al 15 de setiembre del 2016″, elaborado por el contador público colegiado Humberto Piscoya Bances, luego de que se revocó la medida cautelar concedida a Llontop y concluyó su administración judicial.

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Los denunciantes no precisan quién mandó a elaborar ese informe pericial. El informe señala que todas las adquisiciones y compra de bienes y servicios durante la administración Llontop Suyon no siguieron el trámite normal: no hubo requerimiento de usuario, del área de logística, no hubo cotizaciones, orden de compra, aprobación de gerencia de finanzas, verificación de la entrega del bien, guía de remisión, ingreso a almacén, forma de pago, verificación de conformidad, etc.

Según el perito solo había el requerimiento del pago y la salida del dinero. Uno de los servicios irregulares es el de los abogados. A un estudio jurídico le pagaron 778.166 soles y a un grupo de diversos abogados hasta 1.178.683,00 soles en total, sin estar claro qué labor realizaron.

Azucarera. La administración de la azucarera Tumán es objeto de litigio judicial. Foto: difusión

Uno de esos abogados es Luis Barrenzuela Vite por 207.800 soles. El documento de la fiscalía no da más detalles.

Fuentes en Tumán y Chiclayo, consultadas por La República, precisan que ese monto es la suma de cuatro pagos por “servicios legales en la ciudad de Lima de los que podría dar más información el también abogado José Rimarachín Carranza”, asesor jurídico de la administración de Llontop Suyon.

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Los cuatro pagos mencionados en el informe Piscoya fueron de 69.300 soles el 12 de enero, otros 71.780 soles en febrero, 33.150 soles en abril y 33.550 soles en julio del 2016. El mencionado Rimarachín aparece en la lista con un pago total de 213.043 soles.

En la lista también aparece el reconocido jurista Genaro Vélez Castro, abogado del fallecido expresidente Alan García Pérez. Vélez cobró 234.347,83 soles, más que el actual ministro del Interior.

Investigación

Como una de las primeras acciones de la investigación preliminar, la fiscal Ninaquispe citó a declarar al perito Humberto Piscoya para que sustente su informe financiero.

De acuerdo con esa información, la fiscal podrá aclarar el apellido y notificar su resolución al actual ministro del Interior, de confirmarse que se trata de él. En su momento, el ministro del Interior también tendrá que recurrir a trabajar.

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Antes de ser nombrado ministro del Interior, Luis Barranzuela apareció en la escena pública como abogado del líder político Vladimir Cerrón y del partido Perú Libre, en una investigación por lavado de activos. Además, su estudio de abogados ejerce la defensa del congresista Guillermo Bermejo.

Tras su nombramiento también se ha cuestionado su desempeño en la Policía Nacional, en la que llegó al grado de mayor. Como policía, Barranzuela acumuló 158 sanciones disciplinarias en 27 años de servicios, por falta de obediencia, negligencia, contra el espíritu policial, abandono de servicio, abuso de autoridad, entre otras.

Preliminar. Fiscal Karin Ninaquispe investigará al ministro. Foto: difusión

En estos primeros días en el cargo, el flamante ministro no ha querido hablar con los periodistas y dar su versión por los cuestionamientos que han surgido y la investigación fiscal en curso.

Ministro se ha reunido con los altos mandos de la PNP

El flamante ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, participó ayer en la ceremonia por el 200º aniversario de la Marina de Guerra y el 142º aniversario del Combate Naval de Angamos. Se retiró del lugar sin dar declaraciones.

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El abogado penalista, quien reemplaza en el cargo a Juan Carrasco Millones, aún no ha sido reconocido ni por funcionarios del sector ni por la Policía Nacional, tal como se estila en el hall principal del Ministerio del Interior.

Sin embargo, ha participado en reuniones internas con Olga Luz Chagua Timoteo y Gabriela Paliza Romero, viceministras de Orden Interno y Seguridad Pública. También se habría reunido con el comandante general PNP, Javier Gallardo; el subcomandante general, Javier Bueno; y el inspector Martín Parra.

Disposición fiscal

El informe financiero contable señala que no hay sustento de los pagos realizados a diversos abogados.