La Policía Nacional busca a dirigentes de Perú Libre
Prisión preventiva. Arturo Cárdenas y otros 4 procesados “desaparecieron” luego de que se dictó prisión preventiva.
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La Policía Nacional dispuso la búsqueda y captura a nivel nacional del secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas, y cuatro exfuncionarios del Gobierno Regional de Junín para que cumplan prisión preventiva.
El miércoles impuso a Cárdenas, Waldys Vilcapoma Manrique, José Bendezú Gutarra, Eduardo Reyes Salguerán y Francisco Mueda Santana orden de prisión preventiva, por 36 meses para ser investigados por el caso Los Dinámicos del Centro.
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Al tratarse de una audiencia virtual, por la emergencia del Covid-19, los procesados y sus abogados participaron de la audiencia y escucharon la decisión judicial, conectados desde sus casas, a través de Internet.
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Sin embargo, cuando la policía de Huancayo y Pasco fue a buscarlos a sus respectivos domicilios, ninguno fue encontrado. Sus familiares dijeron no conocer su actual ubicación.
Los cinco permanecen hasta ahora con paradero desconocido y se ha dispuesto su búsqueda a nivel nacional.
Ante el juez. La fiscal supraprovincial Vanessa Díaz incluyó a Vladimir Cerrón al sustentar el pedido de prisión para Arturo Cárdenas, Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma y otros 15 investigados. Foto: composición La República
Justo en previsión de esta posibilidad, inmediatamente después de ordenar la prisión preventiva, el juez expidió las respectivas órdenes de búsqueda, ubicación y captura contra los cincos.
Su “pase a la clandestinidad” complica su situación jurídica, en tanto, confirmaría la presunción del juez de que intentarían evadir la acción de la justicia para frustrar una eventual pena superior a los 10 años de cárcel.
Uno de los motivos por los que el juez acogió el pedido de la Fiscalía para imponerles prisión preventiva fue porque ninguno de los cinco fue encontrado en su domicilio durante el allanamiento y detención preliminar que dictó contra ellos una jueza de Huancayo, el 15 de junio pasado.
La Fiscalía considera a Arturo Cárdenas y los otros cuatros exfuncionarios públicos integrantes del nivel 2 y 3 de una presunta organización criminal que negociaría con puestos de trabajo y licencias de conducir en el Gobierno Regional de Junín.
El objetivo de la organización era obtener fondos económicos en beneficio del líder fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de su movimiento político. Los cinco negaron los cargos ante el juez y habían ofrecido colaborar con las investigaciones.
