Defensoría respalda proyecto de ley presentado por la Fiscalía de la Nación

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el proyecto de ley que presentó este martes la Fiscalía de la Nación, en donde propone que jueces o fiscales dispongan de cadáveres en caso de que afecten el orden público, en relación a la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

A través de sus redes sociales, la entidad mostró su respaldo hacia la iniciativa legislativa que fue enviada al Congreso de la República por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, y enfatizó en que el Estado debe proteger a los ciudadanos.

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“Destacamos y respaldamos la iniciativa legislativa presentada por la Fiscalía para regular la entrega de cadáveres que puedan afectar la seguridad y el orden público. El Estado en su conjunto está obligado a proteger a la ciudadanía, y en particular a víctimas del terrorismo”, escribió en su cuenta de Twitter.

Seguidamente, la Defensoría señaló que este proyecto de ley recoge expresamente lo que ellos habían indicado previamente, respecto a la insuficiencia de la Ley General de Salud y Código Procesal Penal para atender situaciones como el deceso de Guzmán Reinoso.

“Reiteramos que es posible que la misma materia sea regulada por el Poder Ejecutivo vía Decreto Supremo, empero una ley también puede zanjar el presente entrampamiento jurídico siendo por ello urgente que el Poder Legislativo le otorgue prioridad en su trámite”, agregó el órgano constitucional”.

Iniciativa de la Fiscalía

La iniciativa presentada por Ministerio Público indica lo siguiente: “El juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”.

En ese sentido, el fiscal o juez deberá analizar el caso y podrá disponer que los restos tengan un destino como la cremación. Del mismo modo, podrán ponderar los derechos de los familiares ante alguna clase de a un interés social o estatal y poder resolver dentro de sus competencias legales.

Con esto, se busca solucionar el vacío legal que existe en la Ley General de Salud, ya que esta estipula la disposición de cadáveres de personas no identificadas o que no son reclamadas por familiares, siempre que no hubiese una investigación de por medio, pero no toma en cuenta situaciones como la que se presentó con el cabecilla senderista.