Vladimir Cerrón enfrentará pedidos de hasta 24 años de cárcel
Acorralado. El Ministerio Público activó los procesos derivados de su gestión como gobernador regional de Junín, del 2010 al 2014. Ya suma tres acusaciones por corrupción.
Las investigaciones que las fiscalías de Junín realizaban desde el año 2015 al ex gobernador regional y líder del gobernante partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, se han desembalsado por la presión política y amenazan con llevarlo a prisión por largos años.
La fiscal provincial de Junín Mary Huaman presentó esta semana dos acusaciones penales. En la primera, por delito de malversación de fondos, pidió dos años y 11 meses de cárcel. En una segunda acusación por falsedad ideológica, negociación incompatible y colusión agravada solicitó 16 años de cárcel.
Previamente, la fiscal provincial Angela Osorio también presentó una acusación penal por malversación de fondos públicos y colusión gravada, solicitando otros ocho años de cárcel para Vladimir Cerrón y sus principales colaboradores en el gobierno regional, del 2010 al 2014.
¿Persecución?
El líder político ha respondido en sus cuentas sociales de internet que todas estas acusaciones forman parte de un complot para socavar el triunfo electoral de Perú Libre en las elecciones presidenciales y al actual Gobierno.
“Otra denuncia más... al unísono. Una persecución sin precedentes”. “El objetivo es destruir al partido Perú Libre, herramienta política del pueblo”, ha escrito Cerrón en la red social Twitter. Sin embargo, la realidad es que las acusaciones presentadas ante el Poder Judicial por los fiscales de Huancayo son por hechos referidos a su paso por el Gobierno Regional de Junín, entre los años 2010 y 2014.
Es decir, no responden a su actual exposición pública, pues vienen de antes. Lo que pasa es que, ahora que Cerrón ha adquirido notoriedad nacional y poder político, los fiscales también se muestran más proactivos y pasarán los casos a juicio público, algunos al borde de la prescripción.
Por ejemplo, este 10 de setiembre, el juez Guido Arroyo Ames definirá si el delito de malversación de fondos sigue vigente o ya prescribió, al haber transcurrido más de 9 años desde que ocurrieron los hechos.
Si se declara la prescripción, como parece ser, esa decisión marcará al resto de procesos, donde también se ha incluido este delito. Si ya prescribió, la Fiscalía tendrá que modificar sus expectativas de pena a la baja. En cambio, sí todavía hay tiempo de continuar adelante con pedidos que sumados ya superan los 24 años de cárcel.
Juicio público, Vladimir Cerrón.
Hospitales
Las acusaciones penales presentadas contra Vladimir Cerrón están referidas a los proyectos de rehabilitación y construcción de los hospitales El Carmen en Huancayo y La Merced en Chanchamayo.
En ambos casos, se denuncia una malversación de fondos, pues parece que una característica de Cerrón cómo gobernante fue utilizar fondos de un proyecto para hacer realidad alguna de las obras que ofreció en campaña.
En el caso que está por prescribir, se utilizarán parte de los fondos destinados a un proyecto de reforestación para iniciar la construcción de puentes o programas de salud pública. La Fiscalía señala que para adelantar la construcción y equipamiento del hospital La Merced de Chanchamayo se utilizaron parte de los 22,3 millones de soles destinados para el “incremento y acceso de la población de 3 a 16 años a servicios de educación básica regular”.
Se sospecha que, una vez que se aprobó el presupuesto para el hospital, parte de los fondos se haya desviado para atender los proyectos educativos, en una “suerte de devolución de recursos” prohibido por la Ley de Presupuesto.
Hospital, investigación, Vladimir Cerrón.
Concertación
Luego se denuncian presuntos actos de concertación ilícita en la aprobación de los proyectos y otorgamiento de la buena pro. En el hospital El Carmen, la Fiscalía señala que hubo una concertación ilícita con los representantes de Cosapi, María Castañeda, Marco Aranda y Luis Arrese y el supervisor Antonio Sánchez-Horneros para otorgar conformidad a un expediente técnico inejecutable.
El gobierno regional cerró el trato cuando no tenía asegurado el terreno, lo que generó un gasto de 1.062,000 soles adicionales. Luego, Cerrón habría concertado con el empresario Edison García Poma, representante legal del Consorcio El Carmen II, para firmar un contrato que vulneraba la Ley de Contrataciones del Estado.
Resguardo policial por obras públicas
La Fiscalía investiga si la seguridad que el suboficial Carlos Wilfredo Zárate Villalobos brindaba a Vladimir Cerrón se habría retribuido con contratos en obras publicas en municipalidades a cargo de militantes de Perú Libre.
De acuerdo con la web Portal Central, familiares directos del suboficial Zárate habrían obtenido contratos por 25.462.000 soles en alcaldías en manos de Perú Libre. El padre del policía fue aportante a la campaña de Perú Libre en las elecciones regionales del 2018.
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