Guido Bellido: “Es difícil que Vladimir Cerrón esté vinculado a temas de corrupción”
Presidente del Consejo de Ministros manifestó que el líder de Perú Libre tiene “claridad ideológica”, lo cual haría que “cualquier tema económico sea insignificante”.
El presidente del Consejo Ministros, Guido Bellido, aseveró este viernes 3 de setiembre que “está convencido” que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, no tiene vínculos con casos de corrupción. El principal argumento que tuvo para dicha afirmación fue que por “claridad ideológica” ve poco probable que las acusaciones contra líder del partido de Gobierno sean legítimas.
“Estamos convencidos que el secretario general de nuestro partido, Vladimir Cerrón Rojas, no tiene ningún vinculo. Para caer en temas de corrupción, tendría que ser otra persona. Él es suficientemente claro a nivel ideológico; cuando uno tiene claridad ideológica, en realidad cualquier tema económico, inmediato, es insignificante, no tiene valor. (...) Una persona puede estar en las condiciones más adversas, pero siempre va a encontrar el calor de su pensamiento ideológico”, declaró en entrevista con Ricardo Belmont.
El también congresista agregó que “pone las manos al fuego” por su correligionario y aseguró que Cerrón iba a resistir los embates de aquellos “que siempre han tenido el poder”.
Lo manifestado por Bellido se contradice con la justicia peruana, pues el líder de su organización política tiene una condena de cuatro años de prisión suspendida por cumplimiento de reglas de conducta, que viene cumpliendo desde agosto del 2019 por el delito de negociación incompatible.
Hasta el último agosto, este diario pudo documentar un total de 12 investigaciones penales en contra de Cerrón Rojas. Ocho de ellas corresponden a su período al frente del Gobierno Regional de Junín, entre 2010 y 2014, y el proceso Los Dinámicos del Centro. Además, tres acusaciones por lavado de activos.
A estas indagaciones contra el médico neurocirujano se suma la recientemente iniciada investigación preliminar en el Ministerio Público por el plazo de 120 días por presuntamente haber recibido resguardo policial de forma irregular.
En este último caso también se incluye al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, pues el agente policial asignado a su custodia, Wilfredo Zárate Villalobos, en la práctica fungía las veces de seguridad para el dirigente de Perú Libre pese a no ser funcionario público.
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