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¡Qué funcionarios! Continúa reparto de cargos polémicos

Nombramientos. En el Ministerio de Vivienda reemplazan en 24 horas a jefe de gabinete de asesores por alguien investigado por la Fiscalía. En MTC también hay polémica designación de dos directores. Y en PCM eligen de viceministro a quien recaudó fondos para Cerrón.

Muy breve. En la Resolución de la cartera de Vivienda 232-2021 se nombra a Jack Gary Salazar Velazque como jefe del gabinete de asesores. En 24 horas se dejó sin efecto su nombramiento en la siguiente resolución. Foto: composición LR
Muy breve. En la Resolución de la cartera de Vivienda 232-2021 se nombra a Jack Gary Salazar Velazque como jefe del gabinete de asesores. En 24 horas se dejó sin efecto su nombramiento en la siguiente resolución. Foto: composición LR
Carlos Páucar

Cuando parecía que ya nada en los primeros equipos ministeriales del Gobierno de Pedro Castillo podía causarnos sorpresa, se conocen nuevas designaciones bastante insólitas.

En el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se designó al abogado y economista Jack Gary Salazar Velazque como jefe de gabinete de asesores... Pero el nombramiento apenas duró un solo día.

Salazar Velazque fue despedido luego de serios cuestionamientos a su designación.

Había postulado en abril al Congreso por Amazonas, no como candidato por el partido Perú Libre sino por Unión por el Perú (UPP). “Yo trabajo como jefe de asesores de todo el plantel técnico de UPP. Tengo estudios en China, Francia, Venezuela y otros países”, se presentó como candidato en un video a inicios de año.

El dos de agosto fue designado en el gabinete de asesores por el titular de Vivienda, Geiner Alvarado López, con la Resolución Ministerial 232-2021. Pero 24 horas después su nombramiento se dejó sin efecto en la Resolución 233-2021.

En esta misma norma se designó a su reemplazo, el abogado Salatiel Marrufo Alcántara.

Horas antes, en portales y redes sociales se difundieron acusaciones contra Jack Gary Salazar, entre ellas por haber sido investigado en la Fiscalía por la presunta suplantación en exámenes de admisión. Según la denuncia, se le acusaba de integrar una organización dedicada a obtener los exámenes de la Universidad Nacional Federico Villarreal y vender las respuestas a los postulantes, captados en diversas academias.

Salatiel Marrufo Alcántara fue investigado por Juan Carrasco Millones, quien ahora es ministro del Interior. Foto: composición/La República

Reemplazo investigado

Lo sorprendente del hecho es que su reemplazo como jefe del gabinete de asesores, Salatiel Marrufo Alcántara, también es investigado por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, un caso que pesa contra él desde el 2018.

Marrufo Alcántara trabajó como abogado en la empresa azucarera Agroindustrial Tumán. En Lambayeque, las indagaciones del Ministerio Público determinaron que habría cometido irregularidades que lo vincularían con la mafia del azúcar en el norte peruano.

Este funcionario figura además como gerente de la firma Marrufo & Abogados de Lambayeque y estuvo muy activo en la campaña electoral de Perú Libre, según informó el portal Ojo Público.

El caso en Lambayeque curiosamente estuvo a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, hoy ministro del Interior.

A Carrasco se le ha iniciado procedimiento en la Fiscalía por inconducta funcional al haber jurado como ministro sin renunciar a su cargo de fiscal. Pese a que recién renunció al Ministerio Público el lunes, Carrasco sostuvo que “mi nombramiento no es ilegal, cumplo con todos los requisitos para ser ministro”.

El reemplazo. Salatiel Marrufo Alcántara, investigado por la Fiscalía de Lambayeque. ¿El fiscal? El hoy ministro Carrasco. Foto: difusión

En la PCM

Otra designación polémica es la del viceministro de Ordenanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Braulio Juan de Dios Grajeda Bellido, quien fue candidato de Perú Libre al Congreso por Lima, con el número 3.

Grajeda Bellido es parte de las investigaciones de la Fiscalía por el caso Los Dinámicos del Centro, como uno de los dos encargados, junto a la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, de abrir una cuenta mancomunada para recaudar fondos que fueron transferidos al sentenciado por corrupción Vladimir Cerrón.

Al respecto, Boluarte explicó así esta cuenta mancomunada: “En noviembre del 2020 se nos comunicó a los Comités Regionales que solidariamente apoyemos al doctor Vladimir Cerrón. En ese sentido, el Comité Regional Lima, y como secretaria de Economía de CER Lima, acordamos abrir de manera transparente una cuenta mancomunada, mi persona y el señor Grajeda, ambos con nuestro DNI de forma pública en el BCP”.

Designado. Braulio Grajeda recaudó dinero para Cerrón. Foto: difusión

En el MTC

También es polémico el nombramiento de Alberto Falla Avellaneda como director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible (Promovilidad), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Su designación se realizó por Resolución Ministerial 212-2020, que lleva la rúbrica del nuevo ministro Juan Francisco Silva Villegas.

Falla es uno de los fundadores de la planta de revisiones técnicas vehiculares Retecsur SAC, en Ica, clausurada por la Sutran, según un reporte de la página web de El Comercio. ¿El motivo? Se detectó que para emitir certificados de inspección técnica cobraba ilícitamente a vehículos que no habían pasado la evaluación.

En Provías

Al cierre de esta información, trascendió que el ministro de Transportes, Juan Francisco Silva Villegas, había dejado sin efecto la resolución ministerial que nombraba como directora de Provías a Natalia Jiménez Velásquez. En este caso, Contraloría informó que Jiménez no cumple con los requisitos mínimos del cargo. Para ello se exige una experiencia mínima de 10 años en el sector público o privado, pero ella, según Sunedu, obtuvo su bachillerato el 30 de enero del 2019. Jiménez es muy allegada a Cerrón.

Directora. Natalia Jiménez habría sido apartada de Provías. Foto: difusión

Finalmente, Transparencia recordó en sus redes lo que debe contener la Declaración Jurada de Intereses de nuevos altos funcionarios.

Una información que deberían atender con urgencia los designados en el Ejecutivo.

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