Política

SAC debatirá este lunes informe final sobre acusación contra Edgar Alarcón

La denuncia por la presunta comisión del delito de peculado doloso fue planteada en contra del congresista suspendido por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Alarcón fue suspendido de sus funciones y derechos como legislador el último 16 de abril. Foto: composición/La República
Alarcón fue suspendido de sus funciones y derechos como legislador el último 16 de abril. Foto: composición/La República

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República debatirá y votará este lunes 28 de junio el informe final de la denuncia contra el congresista suspendido de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón, por la presunta comisión del delito de peculado doloso.

La acusación constitucional fue planteada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y se da en base a un informe del órgano de control institucional de la Contraloría General de la República, donde señalan que cuando el parlamentario trabajó en la entidad autorizó pagos por servicios no prestados.

Según el Ministerio Público, el daño que habría ocasionado al Estado con esta acción llegaría a la suma de S/ 490.877, los cuales se dividen en S/ 32.417 en pagos con recursos de caja chica y S/ 458.460 con emisión de comprobantes de pago.

Esta denuncia en contra de Alarcón se suma a la del presunto delito de enriquecimiento ilícito, por la cual el pleno del Congreso decidió suspenderlo de sus funciones y derechos como legislador el último 16 de abril.

Investigación recae en el Ministerio Público

En ese sentido, y posterior a la decisión del Parlamento, la fiscal de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el suspendido congresista de UPP, la que tendrá un plazo de ocho meses, de conformidad al Código Procesal Penal. Sumado a ello, designó a la fiscal suprema Bersabeth Revilla como la encargada del caso.

Una de las primeras medidas restrictivas que tomaron desde el Ministerio Público fue aprobar la orden de impedimento de salida del país por 18 meses para Edgar Alarcón, el último 2 de junio.

En la solicitud sustentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria se expuso ante el juez supremo Hugo Núñez Julca que, entre 2002 y 2015, el exfuncionario adquirió 90 autos y camionetas de alta gama, “presuntamente para realizar actividades de compraventa”.

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