Otras dos denuncias contra Edgar Alarcón con rezago en el Congreso
Tiempos a cuenta. Denuncias que le imputan pagos fantasmas y soborno siguen en Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un caso tendría informe esta semana, el otro ni tiene delegado.
Las denuncias contra el congresista Edgar Alarcón, de UPP, suman meses en el Parlamento sin que permita a la Fiscalía avanzar las investigaciones. Además del caso que le imputa enriquecimiento ilícito, en espera a que el Pleno debata y decida acusarlo o no, hay otras dos denuncias, sobre peculado y cohecho, que permanecen rezagadas en el Poder Legislativo.
Han pasado ocho meses desde que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentara tres denuncias constitucionales contra Alarcón al Congreso, para que este decida si autoriza seguir con las investigaciones. Por haber sido contralor, tiene este beneficio. Solo una denuncia, sobre enriquecimiento ilícito, llegó a que el Pleno esté por debatir y decidir. Otras dos están rezagadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La representación nacional deberá decidir si da luz verde a que la Fiscalía investigue los presuntos ilícitos de congresista de UPP. Foto: composición Gerson Cardoso/La República
En el caso sobre peculado, Denuncia Constitucional 372, se le imputa a Alarcón haber hecho pagos fantasmas en la Contraloría por casi medio millón de soles. En noviembre pasado, la Comisión Permanente del Congreso aprobó dar plazo de 15 días para que Acusaciones Constitucionales presente un informe final. Este grupo delegó el caso al legislador Franco Salinas, de Acción Popular (AP). Hasta hoy, no da un resultado.
“El lunes o martes debe entregarse, ya se concluyó el primer informe de hechos y pertinencia de pruebas. Se demoró porque el expediente son más de tres mil folios”, dice Salinas.
Cuando la Permanente debatió el caso de enriquecimiento ilícito, Salinas votó en abstención con otros de AP y dijo que ponía “en duda la legitimidad de las denuncias” de Ávalos y que había que evaluar “si hay o no un uso político de las denuncias constitucionales contra los exfuncionarios que eventualmente estaban luchando contra la corrupción del gobierno del señor Vizcarra”, idea afín a Alarcón. Por esto y su demora, varios sospechan de que estaría en el grupo que favorece al upepista.
Demora. Cuatro meses después, Salinas anuncia su informe. Foto: Congreso
En el caso sobre cohecho, denuncia 374, se atribuye a Alarcón haber recibido un soborno de 30.000 soles para que la Contraloría desbloquee cuentas del municipio de Chiclayo. El 22 de enero, la Permanente dio el plazo de 15 días para esta denuncia y, hasta hoy, Acusaciones Constitucionales, que preside Carlos Pérez Ochoa (AP), no designa a un congresista delegado.
“Ninguno lo toma. Además, no hemos tenido sesión ordinaria para hacerlo. Estamos de audiencia en audiencia”, alega Carlos Pérez.
Fiscalización
Cambio. Sigue pendiente la reconsideración de la votación que permite a Alarcón volver a la Comisión de Fiscalización. Lo dejó por sus cuestionamientos, pero la bancada de Nueva Constitución le cedió su lugar. Gino Costa planteó que se vuelva a votar eso.
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