Política

Permanente aprobó acusación contra Alarcón por enriquecimiento ilícito

Con 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, se respaldó el informe presentado por la congresista Felícita Tocto de Descentralización Democrática en contra del excontralor por presunto agravio al Estado.

Edgar Alarcón
Edgar Alarcón

Tras la exposición de la congresista Felícita Tocto de Descentralización Democrática, la Comisión Permanente decidió aprobar las denuncias contra el congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú (UPP) por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.

Con 18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, se respaldó el informe para acusar a Edgar Alarcón por antejuicio político tras ser el presunto autor del delito contra la administración pública de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

De igual manera, con 24 votos a favor, 2 en contra y una abstención, los integrantes de la Comisión Permanente respaldaron a Felícita Tocto para que lidere la Subcomisión Acusadora que entregará el informe final al Pleno del Congreso, para, posteriormente, denunciar a Alarcón Tejada a la Fiscalía.

Este acuerdo se dio luego de que el parlamentario evadiera por segunda vez la sesión de la Comisión Permanente, con el claro propósito de retrasar el trámite de una de las denuncias constitucionales presentadas en su contra por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos.

Cabe mencionar que la denuncia por enriquecimiento ilícito fue presentada en julio del año pasado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

No obstante, recién en noviembre, la Comisión Permanente la admitió a trámite luego de que la Subcomisión eligiera de ponente a la legisladora Felícita Tocto para el informe final.

Investigaciones contra Alarcón Tejada

A Alarcón también se le investiga por un presunto desbalance patrimonial a raíz de encontrarse gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.

En él, además, recaen otras cuatro denuncias por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, como colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.

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