Cuestionan que vocal del Tribunal Administrativo de Contraloría patrocine a empresa privada

El Sindicato de Empleados de Siderperú cuestionó que el vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, César Gonzáles Hunt, haya participado como patrocinador de la empresa Siderperú en una audiencia de casación en la Segunda Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, siendo funcionario público. De este modo estaría violando la ley 27785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

Gonzáles Hunt negó la imputación. Alegó que el régimen que tienen los vocales del Tribunal no es de trabajadores que laboran ahí a tiempo completo, sino un régimen de dietas. Sostuvo que no le pagan por trabajar ocho horas diarias sino por sesiones.

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“Este es un sistema que tienen algunos tribunales en el Perú. Los vocales del tribunal que integro no han sido nombrados bajo un régimen de trabajo a tiempo completo. Eso no existe en la Contraloría actualmente. Entonces, puedo ejercer libremente mi profesión como abogado”, argumentó.

Según dijo, la regulación se aplicaría en adelante con el nombramiento de los nuevos vocales, lo cual podría ocurrir en setiembre cuando él concluya su mandato. En tanto, actúan como apoderados legales de empresas, entidades, sindicatos y otros.

Respecto a su participación en la audiencia de la Corte Suprema como abogado de Siderperú, y la posibilidad de que se diera en algún momento un conflicto de interés si esta empresa negociara con el Estado, Gonzáles Hunt mencionó que la función del Tribunal Superior de la Contraloría es pronunciarse en última instancia administrativa sobre procedimientos en los que servidores y funcionarios públicos son denunciados por incumplir sus obligaciones. Y que ahí no entran los privados, tampoco hay conflicto de interés.

“Eso sucedería (el conflicto), y sería absolutamente incorrecto, si yo siendo vocal del Tribunal de la Contraloría patrocine a una empresa del Estado contra un trabajador del Estado, ahí hay un conflicto de interés porque no puedo ser por un lado juzgador en el tribunal administrativo y por otro lado abogado de una empresa estatal. Pero este no es el supuesto. Siderperú, es una empresa privada, no tiene nada que ver con mis competencias”, afirmó.

El caso de Siderperú trata de una persona acusada de cometer falta laboral grave por la que fue despedida. Se discute si su despido fue una decisión correcta o no. El vocal del Tribunal de Contraloría, César Gonzáles Hunt asesoró a la empresa porque la ley 27785 aún no rige para los miembros de esta máxima instancia administrativa de control.

Sobre el tema también se pronunció el secretario general de la Confederación de Trabajadores Estatales del Perú (CTE Perú-GCTP), Domingo Cabrera. El dirigente lamentó que esta ley no se implemente a pesar de que se quedó en reglamentarla hace mucho tiempo.

“Hay intereses que están generando esta situación. La ley se ha implementado en algunas cosas y no en otras fundamentales como el sistema de control. Esto permite que todos hagan lo que les dé la gana. Como secretario general de la CTE hago un llamado al Congreso de la República, a la Comisión de Constitución, para que se reglamente esta ley y acabe el caos en el órgano de control”, reclamó el representante de los trabajadores estatales.

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