Denuncia por enriquecimiento ilícito contra Alarcón en manos del Congreso
El Parlamento tiene la potestad de permitir que la Fiscalía investigue al excontralor, luego de que la Comisión Permanente aprobara el informe de acusación de la congresista Felícita Tocto (Descentralización Democrática).
Tras varios meses de espera, el informe de la Denuncia Constitucional 371 por antejuicio político que planteó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito agravado en contra de Edgar Alarcón, excontralor de la República y congresista de Unión por el Perú (UPP), fue aprobado por la Comisión Permanente. Ahora, esta será debatida en el pleno.
Con 19 votos a favor, dos en contra y siete abstenciones, la sustentación de la legisladora Felícita Tocto, de Descentralización Democrática, fue admitida. Además, será ella misma quien sustente el caso ante el Congreso por decisión mayoritaria de los miembros de la comisión.
“Nosotros hemos realizado un informe técnico, transparente, objetivo y creo que eso han reconocido al día de hoy con sus votos la mayoría de los colegas congresistas. En ese sentido se nos ha delegado también la responsabilidad de poderlo sustentar ante el pleno y vamos a hacerlo con la misma objetividad y transparencia que ha conllevado toda esta investigación”, expresó la parlamentaria a La República.
El rol del Congreso frente a la denuncia
Con la finalidad de que las investigaciones de la Fiscalía sobre la mencionada imputación contra el congresista de UPP avancen, el Congreso debe aprobar el informe que sustentará la legisladora Tocto. Es la única manera debido a que el excontralor goza de inmunidad al haber ocupado el cargo referido.
“Con esto de la Comisión Permanente, las bancadas políticas van a dejar que pase esto a la Corte Suprema (...). Es respetable la opinión de cada colega congresista y ahora esto tiene que seguir su curso, ya no hay cambio de rumbo”, refirió a este diario el parlamentario Carlos Almerí, de Podemos Perú.
El congresista César Combina, de Alianza para el Progreso (APP), invocó a que, llegado el momento de la votación, se apoye la acusación, así como fue respaldada por la Comisión Permanente.
“Cuando se agende en el pleno, los colegas no se dejen llevar por la situaciones políticas o de animadversión contra Alarcón, sino que más bien prime la justicia y la transparencia”, expresó a este medio.
En esa línea, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), dijo esperar que el Legislativo tenga la predisposición de darle trámite a la denuncia, así como lo hizo la SAC, la Mesa Directiva y la Comisión Permanente.
La politización vinculada a Vizcarra y Ávalos
Durante el debate de la Permanente, algunos legisladores catalogaron de “persecución” a la acusación y otros la vincularon con el expresidente Martín Vizcarra en un intento por politizar el tema.
“Esta es una investigación de hace ya tres años atrás, nuestro informe de ninguna manera obedece a ninguna persecución, lo que a nosotros se nos ha delegado el informe es objetivo. Se trató en la Comisión Permanente que, de alguna u otra forma, menciona al señor Vizcarra, pero quiero recordar que yo también voté a favor de la vacancia”, indicó Tocto Guerrero.
Asimismo, el portavoz de APP precisó a este medio que no se puede mezclar la supuesta influencia del expresidente con las acciones de la Fiscalía, ya que lo que se desea es esclarecer la denuncia contra el excontralor.
“La polarización de los que votan en contra del informe son los patriotas y el resto son los amigos de Vizcarra, esa dicotomía en este Parlamento no existe. Creo que nosotros hemos sido tan cercanos a la norma y a la legalidad. Como lo hemos sido con el señor Alarcón, también lo hemos sido con el señor Vizcarra”, sostuvo.
Sin embargo, Almerí afirmó que la intención del cuestionamiento era por la participación del Ministerio Público, así como el de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que goza de un “descrédito” ante la representación nacional por los últimos hechos ocurridos en el caso Cuellos Blancos.
“Lo que se ha hecho ha sido cuestionar la participación del Ministerio Público porque se ha convertido en un descrédito tremendo en los dos últimos años y la señora Zoraida Ávalos ahora no goza de buena opinión. Ayer (jueves 4 de febrero), el Congreso lo ha expresado unánimemente”, señaló.
La imagen de “blindar”
Pérez Ochoa explicó que todo lo actuado fue en base a los plazos que tuvo el grupo de trabajo parlamentario a su cargo y que no es de su competencia las dilataciones que se puedan dar por parte de otras comisiones.
“Los peruanos necesitan que les demos mensajes de que realmente estamos trabajando. De que no hay ese susodicho blindaje al que siempre se ha acostumbrado o alguna otra afirmación”, comentó a este diario.
Combina consideró que, a pesar de que “muchas personas quieren seguir cometiendo al blindar a personas cuestionadas”, con esta decisión están “limpiando” la imagen del Legislativo.
“Es una denuncia que se declaró compleja porque tomaba más tiempo de investigación, que muchos peruanos han tomado como lentitud programada”, acotó.
Del mismo modo, Almerí Veramendi aseveró que “no se ha intentado dilatar” durante la sesión e insistió que comentarios fueron para expresar “algunas posiciones debido al descrédito de la fiscal de la Nación”.
El 9 de julio del 2020, Ávalos presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales la denuncia por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito en contra de Edgar Alarcón. Recién en noviembre de ese año la Comisión Permanente la admitió a trámite.
Del mismo modo, el excontralor parece haber intentado en varias ocasiones retrasar las citaciones que la Permanente le hizo llegar en diversas oportunidades.
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