Carrión sobre Línea Amarilla: Estado tiene derecho a sancionar a corruptos
Representante del Estado en el caso Lava Jato indicó que insistirán en que no proceda apelación de empresa Lamsac para incrementar costo de peajes.
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Silvana Carrión, procuradora ad hoc del caso Lava Jato, refirió sobre los peajes de Línea Amarilla que el Estado tiene motivos suficientes para acabar con los cobros ilícitos de la empresa Lamsac.
“Nuestro argumento es que nuestra medida está dirigida a cesar los efectos de un delito. Que el Estado peruano tiene derecho a sancionar a quienes han aplicado prácticas corruptas, pero además tiene derecho a que se cesen los efectos de ese delito”, indicó a RPP.
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Por ello, señaló, espera que el Poder Judicial resuelva prontamente la apelación presentada por la compañía para incrementar nuevamente los importes que se cobran en cada garita.
“La empresa Lamsac pretende que la tarifa de peaje retorne a S/ 5,70. Recordemos que por un pedido efectuado en diciembre de 2019 por la Procuraduría ad hoc se logró esta medida por la cual el PJ redujo el peaje de S/ 5,70 a S/ 5,20. Esta decisión fue apelada por la empresa Lamsac y la sala en los próximos días debe tomar una decisión al respecto”, agregó.
La representante del Estado en el caso Lava Jato recordó que la disposición de la reducción de la tarifa ocurrió al descubrir, durante las indagaciones, que un trabajador municipal de la gestión de Susana Villarán permitió estos malos manejos.
“Esta medida anticipada estaba dirigida a atacar la cesación de los efectos de un delito. Recordemos que esta medida surge en el proceso seguido por el señor Arzubialde, funcionario público de la Municipalidad de Lima, y a él se le condena por haber aplicado de manera ilegal la tarifa de peaje desde el 2013″, sostuvo.
Empresa apeló reducción de peajes en Lima
El último 25 de enero, el tribunal de apelaciones anticorrupción revisó el pedido de la empresa Lamsac, ahora llamada Lima Expresa, para que se elimine la disminución de S/ 0,50 en el cobro de peajes en la ciudad de Lima.
La compañía, tal como lo anunció en 2020, apeló la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, quien ordenó que las tarifas sean de S/ 5,20 y ya no de S/ 5,70.
En la resolución en segunda instancia se ratifica que hubo una aplicación indebida de una fórmula que benefició a Lamsac.
Arzubialde, quien cumple cuatro años de prisión por el delito de negociación incompatible, fue hallado culpable en doble instancia de haber aplicado una fórmula ilegal al variar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) en 2013, distinta a la fijada por el contrato de concesión firmado con Lamsac en 2009, permitiendo con ello a Línea Amarilla obtener ganancias fuera de lo establecido y con el dinero de miles de usuarios.
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