Fiscales Castro y Sánchez podrían ser investigadas por tráfico de influencias y cohecho

Luego de darse a conocer que las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, exmiembros del equipo investigador del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, no continuarán con el tema al ser separadas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, la oficina de Control Interno del Ministerio Público les ha abierto una indagación preliminar por presuntas infracciones administrativas.

El último 22 de febrero la fiscal Sandra Castro informó haberse reunido con el expresidente Martín Vizcarra en julio de 2018 para solicitar protección por el caso en mención que investigaba junto a Sánchez. A su turno, Sánchez indicó que en la reunión también se habría tratado el tema de presupuestos.

Ambas versiones presentaron contradicciones e, incluso, con la del exmandatario, quien señaló que la reunión que se tuvo fue en marzo. El lugar en donde se llevó a cabo este encuentro tampoco fue confirmado con certeza porque las partes refieren espacios distintos.

Pese a que uno de los asistentes a la reunión afirmó que se conversó acerca del audio ron Zacapa de Antonio Camayo en el que se alude al exjefe de Estado, Castro ha negado haberle dado información de ese tipo a Vizcarra Cornejo.

Además, las buenas relaciones entre la excoordinadora de Los Cuellos Blancos y el expresidente —confirmado para La República desde fuentes del Ministerio Público—, con lo cual pudo obtener algunos beneficios, levantan una serie de cuestionamientos sobre el comportamiento ético de Sandra Castro.

Falta a las reglas internas de la Fiscalía

Las autoridades del Ministerio Público están prohibidas de romper la confidencialidad de las investigaciones, según el código de ética de la función pública. En ese sentido, el abogado penalista Carlos Caro señaló que no debieron acudir al expresidente a pedir resguardo, ya que para cualquier petición existe un canal como el fiscal coordinador, el fiscal superior o, de ser el caso, el fiscal de la Nación.

“Si las fiscales no confiaban en Chávarry, tenían que ir donde su fiscal superior, pero lo que no pueden hacer ellas es saltarse directamente al expresidente (...). Los fiscales no pueden estar en reuniones con autoridades del Ejecutivo para tratar cualquier tema directo o indirecto, de forma o de fondo, lateral o colateral de un caso. Están absolutamente prohibidas”, sostuvo en declaraciones a La República.

En este sentido, manifestó que la Fiscalía de Control Interno podría abrir una investigación por tráfico de influencias, encubrimiento personal o cohecho.

“Si se prueba de que ha deslizado esa información en la reunión y se ha advertido al presidente que aparece mencionado en los audios, ¿por qué la fiscal comenta eso con el presidente? Eso podría ser tráfico de influencias, encubrimiento. Eso ya nos pone en la esfera penal que es mucho más grave”, advirtió Caro.

Por otra parte, recordó la denuncia en contra de la fiscal Rocío Sánchez por supuestamente haber favorecido a Camayo al liberar una de sus cuentas, por lo cual también podría ser investigada.

Martín Vizcarra, también postulante al Congreso por Somos Perú, podría ser involucrado en las investigaciones, indicó el penalista. Pero al tener derecho al antejuicio, “si se le investiga como delito de función”, la fiscal de la Nación tendría que realizar las diligencias.

Zoraida Ávalos debería ser involucrada en la indagación

Debido a cómo fue que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, llegó a ocupar el cargo, revelado por José Cavassa, uno de los presuntos integrantes de los Cuellos Blancos y exgerente de la ONPE, el especialista en derecho penal Luis Lama consideró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no solo debe investigar a Castro y Sánchez, sino que además debe incluir a Ávalos.

“El desempeño que pueda tener la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, genera una serie de suspicacias porque la relación de estas fiscales, a su vez, está vinculada con otros personajes que tienen que ver mucho con el desempeño del (desactivado) Consejo Nacional de la Magistratura y la manera cómo la doctora Zoraida Ávalos terminó siendo nombrada como fiscal suprema”, declaró para este medio.

Bajo esa premisa, Lama manifestó que dudaba del ejercicio que esta tendría en cuanto a la investigaciones que se puedan iniciar contra las exintegrantes del caso Cuellos Blancos “porque evidentemente habría una serie de intereses y conflictos, sobre todo por parte de la fiscal de la Nación”.

El abogado mencionó que la JNJ tiene prerrogativa para la investigación contra Ávalos, más aún luego del precedente con el reciente accionar en la destitución de Chávarry.

En otro momento, aseveró que los actos cometidos por Rocío Sánchez y Sandra Castro han vulnerado la ética profesional. “Desde el punto de vista de ética no hay ninguna objeción, ahí hay un problema de orden ético de todo punto de vista y de carácter funcional, eso no está en tela de juicio”, sentenció Lama.

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