El Informante: El buen vecino, por Ricardo Uceda
En 2018, la fiscal Sandra Castro habría alertado a Martín Vizcarra de que un audio del caso de Los Cuellos Blancos lo comprometía. Hay testigos. La relación de ciertos fiscales con el poder empieza a salir a la luz.
Antes de que estallara el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, en julio del 2018, el entonces presidente Martín Vizcarra estaba informado de los pormenores por un miembro del equipo de investigadores del Ministerio Público, la fiscal Sandra Castro, una magistrada de confianza de la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Castro y Vizcarra son vecinos en un condominio de departamentos en la calle Los Robles, de San Isidro. Ambos se han reunido allí varias veces, según fuentes confiables.
Mediante esta relación impropia Vizcarra se enteró de que un audio de la investigación fiscal lo vinculaba con operadores de una supuesta mafia judicial. En una conversación telefónica con su esposa, uno de ellos, el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, dijo que Vizcarra tomaba ron Zacapa en la casa de Antonio Camayo. A este se le consideraba apoyo logístico de la organización investigada. La fiscal tenía a disposición centenares de grabaciones de llamadas de los implicados, que se filtrarían a los medios en los meses siguientes.
“Pregúntele a Vizcarra”
El caso de los Cuellos Blancos lo destapó IDL Reporteros el 7 de julio del 2018. Existen diversos testigos de que el presidente conocía pormenores antes que esa fecha. En los días previos hubo una reunión en un departamento de una vecina del condominio de Los Robles, Ana Ascama Chacaliaza, una contadora de Osinergmin fallecida recientemente. Aparte de la fiscal Castro y Vizcarra estuvieron Ascama y el mayor de la policía Manuel Arellanos, a cargo de las interceptaciones telefónicas. Hubo un quinto personaje. Alguien de los asistentes confirmó la reunión a condición de no ser identificado. Se habló del audio alusivo al ron Zacapa de Camayo, quien semanas después sería capturado. Vizcarra negó conocerlo.
Inquirido por esta reunión, el mayor Arellanos respondió: “Pregúntele a Vizcarra”. Su posición, dijo, era no negarla ni confirmarla. Ayer la fiscal Castro, a través de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio Público, negó tajantemente que hubiera entregado información procesal a Vizcarra. Sin precisar fecha, dijo que en una ocasión asistió al departamento del presidente para demandar apoyo presupuestal en compañía de su jefa, Rocío Sánchez, y de un policía adscrito al caso de los Cuellos Blancos.
Suspenso. Vizcarra en manos de la decisión final del Congreso. Foto: Jorge Cerdán/La República
Los buenos oficios
En RPP, más tarde, sostuvo que gestionó la entrevista a pedido de Sánchez, para solicitar seguridad. Sánchez negó esta versión. Dijo que una vez Castro la invitó a su casa, cuando llegó le pidió acompañarla para ver “a una amiga” en el mismo condominio, y llegaron a un departamento donde abrió Vizcarra:
―Yo me sorprendí. Saludé y me fui. No hablé, ni tenía por qué hacerlo, de temas procesales o presupuestales.
Tras los encuentros del 2018, la fiscal Castro, de acuerdo con fuentes del Ministerio Público, no ocultó sus buenas relaciones con Vizcarra, quien en 2019 influyó para que el Ministerio de Justicia, a través del Programa Nacional de Bienes Incautados, Pronabi, le cediera un edificio en la calle César Vallejo, en Lince. Allí se establecieron los fiscales que investigaban los Cuellos Blancos. Castro hizo gestiones de buena voluntad. En mayo de ese año, en una ceremonia por el aniversario del Ministerio Público, Vizcarra le dijo a una fiscal −quien lo refirió para esta nota− que él había apoyado la cesión. En otra reunión, ante varios testigos, Castro dijo que intercedería ante el presidente para que aumentaran el presupuesto institucional. Su relación con Vizcarra era un secreto a voces en el Ministerio Público y les constaba al menos a dos ministros. Un oficial de la Policía que estuvo vinculado al caso aseguró:
-A instancias de la fiscal Castro Vizcarra le pidió al ministro del Interior, Carlos Morán, no tocar al equipo de la Digimin que trababa con ella en los Cuellos Blancos.
Empoderamiento
En vez de ser sometido a escrutinio por su relación con Camayo, Vizcarra se montó sobre las denuncias contra los Cuellos Blancos y construyó su liderazgo anticorrupción. Cuando, tras la caída del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue elegida para reemplazarlo Zoraida Ávalos, hubo un indisimulado beneplácito en Palacio de Gobierno. Con el tiempo se hizo evidente que Ávalos prefería a Sandra Castro liderando el caso por sobre Rocío Sánchez, de quien era adjunta, pero un intento de reemplazarla fracasó el año pasado. Denuncias en su contra filtradas a los medios no dieron en el blanco. Cuando el fiscal supremo Pablo Sánchez asumió la coordinación, hubo un período de apaciguamiento, pero ello no detuvo la ofensiva interna.
Rocío Sánchez
Recientemente Castro logró la destitución de Flor Erazo, adjunta de Rocío Sánchez, a quien se atribuyó una coordinación impropia con el abogado de un imputado. En realidad los juntó por instantes un incidente automovilístico. Sánchez misma acaba de ser denunciada por la adjunta de Castro, Roxana Jáuregui. Arguye que encubrió a Antonio Camayo por haber solicitado a un juez, que lo aprobó, el descongelamiento de sus cuentas, en el marco de un proceso de colaboración eficaz. Aún antes de que se investigue esta acusación deleznable, la fiscal de la Nación podría destituirla, culminando el proceso de empoderamiento de Castro. Un obstáculo es Pablo Sánchez. Solo le faltaría apartarlo −algo más complicado− para tener el control total del caso de los Cuellos Blancos.
Agente encubierto
El dominio de este expediente es crucial para Ávalos porque uno de los imputados, José Luis Cavassa, podría hablar demasiado (ya lo hizo en privado) sobre la discutida forma en que ascendió a fiscal suprema en 2014. El apartamiento de Rocío Sánchez, por otra parte, daría a Sandra Castro mejor posición sobre eventuales investigaciones respecto del manejo discrecional del caso, comenzando, por supuesto, por la irregular infidencia en favor de Vizcarra que fácilmente cualquier indagación interna podría comprobar. Conviene hacerla por la credibilidad del Ministerio Público, puesta en entredicho por la supuesta cercanía de su líder al expresidente.
Por otra parte, en la Policía hay una bomba de tiempo a punto de estallar. Después de haber estado dormida más de un año, resucitó una investigación sobre un pedido de recompensa, avalado por la fiscalía, para un agente encubierto a quien se presentó como el mayor informante para descubrir a los Cuellos Blancos. No solo su aporte no era decisivo, sino que el pedido de dinero fue mucho más de lo que se le ofreció. En poco tiempo se conocerán detalles insólitos.
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