Gobierno presentó demanda ante TC contra formalización de taxis colectivos

El Poder Ejecutivo presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la Ley N.º 31096 que formaliza a los taxis colectivos, la que fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República.

En el documento interpuesto por el procurador especializado del Estado en materia constitucional, Luis Huerta, pide al máximo órgano que interpreta la carta magna que declare inconstitucional la norma promulgada por el Legislativo en quincena de diciembre.

“En la demanda se afirma que la ley aprobada por el Congreso vulnera los derechos a la vida, integridad, la salud y el medio ambiente, dado que permite que vehículos que no reúnen condiciones técnicas apropiadas puedan brindar el servicio de transporte de pasajeros”, señaló el magistrado.

En específico, el documento señala que la norma afecta cinco artículos de la Constitución Política referidos a los derechos de la salud; de protección de los usuarios; al ambiente equilibrado y adecuado; defensa de la persona y su dignidad; y a la vida e integridad.

“Durante todo el procedimiento parlamentario que dio origen a la ley, el Ejecutivo manifestó los peligros de la norma respecto a los derechos de las personas. Corresponde ahora pronunciarse al Tribunal Constitucional al respecto”, resaltó el procurador Huerta.

El Poder Ejecutivo espera que la demanda sea admitida a trámite esta semana por el TC, para que posteriormente analicen la situación y en pleno tomen una decisión al respecto.

El órgano autónomo ya ha declarado inconstitucional tres leyes del Congreso, las mismas que fueron promulgadas por insistencia, es decir, sin considerar las observaciones del Gobierno: la suspensión del cobro de peajes, el ascenso automático en el sector salud y la que permite el retiro de los aportes de la ONP. La institución concluyó que estas no cumplen con lo establecido en la Constitución Política del Perú.

¿Qué permite la ley sobre taxis colectivos aprobada por el Congreso?

El Pleno del Congreso aprobó por insistencia el pasado 11 de diciembre de 2020 la autógrafa de ley que permite la formalización de los taxis colectivos en el territorio nacional, a pesar de la oposición del Poder Ejecutivo.

En la última de las disposiciones complementarias de la norma se excluye a las circunscripciones de Lima Metropolitana y el Callao. La iniciativa de Fuerza Popular en el Parlamento disuelto fue continuada en el actual periodo legislativo y promovida por Acción Popular.

Con la ley se autorizaba el servicio de transporte terrestre de pasajeros en automóvil colectivo de ámbito nacional e interregional, entre ciudades de provincias ubicadas en distintas regiones.

Se permitía la formalización de los vehículos que están en la clasificación vehicular M1, con carrocería sedán o station wagon. Además, se incluye a los automóviles de clasificación M2 para zonas rural y urbana, con más de 8 plazas, sin contar a la del conductor, cuya masa máxima no sobrepase las 5 toneladas, y tienen que ser diseñados y fabricados para transporte de pasajeros.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) calificó el servicio como de alto riesgo, debido a que pueden ocasionar accidentes en las carreteras del país, y ser una fuente de propagación de contagio de la COVID-19. Esta posición ha sido confirmada por otras instituciones especializadas en transporte.

Congreso aprobó en mayo ley para formalizar colectivos

Esa no fue la primera vez que el Legislativo buscó que esta cuestionada propuesta sea ley.

En mayo del 2020, el Pleno aprobó con 115 votos a favor el proyecto de ley que busca la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos.

La solicitud, presentada por la bancada de Fuerza Popular del Congreso disuelto, fue votada para retornar a la Comisión de Transportes por pedido de los legisladores Miguel Vivanco (FP), Daniel Olivares (Partido Morado) y Daniel Urresti (Podemos Perú), sin embargo, no hubo respaldo para dicho fin.

Es así que el Ejecutivo observó la autógrafa de ley un mes más tarde. Para este entonces, el exjefe de Estado Martín Vizcarra había cuestionado los beneficios de la ley aprobada. Incluso, en una conferencia de prensa refirió que la mencionada norma era “innecesaria e inoportuna”, en relación a que fue admitida en el marco del estado de emergencia por la COVID-19.

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